Una ciudad "plomiza"

En la carta entregada ayer al director nacional de Salud, Eduardo Touyá, vecinos de La Teja anunciaron su alejamiento oficial de la Comisión Interinstitucional, hasta tanto no se den «respuestas concretas y valederas» a la problemática que afecta a centenares de niños.

Tal como adelantó ayer LA REPUBLICA, representantes de las comisiones vecinales de La Teja Vive sin Plomo, Cañada Victoria, asentamiento Rodolfo Rincón e Inlasa, entregaron una carta al director nacional de Salud, Eduardo Touyá, donde se expresa que no participarán más de las reuniones de la comisión hasta que se modifiquen las condiciones de trabajo y «se resuelvan cuestiones puntuales que han sido dilatadas en el tiempo».

El malestar vecinal está basado en la falta de una política nacional de prevención y tratamiento del tema y en el realojo de las familias afectadas, dos puntos que, a juicio de los daminificados, no fueron cumplidos por las autoridades competentes. Los vecinos manifestaron que en tanto no exista un «cambio de política que permita el cumplimiento de lo prometido y recomendado por ustedes mismos», no volverán a participar de las reuniones.

No obstante, dejaron en claro que están dispuestos a retomar el diálogo, siempre y cuando cambien las condiciones y el accionar del mencionado organismo. También señalaron que seguirán trabajando en el tema, pese a los pocos recursos con los que cuentan. «La idea es hacer pasacalles denunciando la situación, tratando de informar a la población. También estaremos en contacto con vecinos de Canelones que se enfrentan a la misma problemática. Tampoco descartamos otro tipo de medidas, que deberán ser evaluadas por las comisiones», dijo un vecino a LA REPUBLICA.

Durante la conferencia de prensa realizada ayer, Carlos Pilo, representante de «La Teja Vive sin Plomo», sostuvo que «no cerramos el camino, pero en estas condiciones de trabajo no podemos continuar. Somos contribuyentes, es decir con nuestros impuestos pagamos los sueldos de los funcionarios públicos. Jamás han tenido en cuenta a los vecinos de La Teja. No se trata de que los vecinos deambulen de una cantegril a otro o de un terreno contaminado a otro en iguales condiciones».

Pilo agregó además que, según estudios de la Facultad de Ciencias y Greenpeace, el 30% de la población de Montevideo registraría índices del metal en sangre.

Exigen respuestas

En la breve carta se expresa que «esta decisión de asamblea, resuelta por todos los vecinos reunidos, no es una decisión alocada, no es un momento de rabieta. Hemos venido barajando esta posibilidad desde el momento en que esta Comisión Interinstitucional confesara que no tiene poder resolutivo. En vano es pues, que continuemos asistiendo en busca de respuestas que no pueden entregar».

También se hace referencia a la situación planteada en los asentamientos Rodolfo Rincón, Inlasa y Cañada Victoria, donde se detectaron altos valores de plomo en sangre en menores de 12 años, debido a la contaminación de los predios, rellenados décadas atrás con escoria del metal. Según el Ministerio de Salud Pública, la única solución en estos casos era el alejamiento inmediato del foco contaminante.

Representantes vecinales informaron que habría un predio de 6 hectáreas disponible en Coronel Raíz y Dunant, en la zona de Peñarol, que podría ser adquirido para el realojo de las familias del asentamiento Inlasa.

«Hablamos de la urgente necesidad de que los niños sean estudiados a fondo, hablamos de la búsqueda de plomo no sólo en la sangre, sino en otras partes del cuerpo. Recalcamos nuestra resolución de no asistir, hasta tanto no se nos den respuestas concretas y valederas a muchos de los puntos que hemos venido planteando desde hace seis meses», expresa el documento.

«Fuimos agredidos»

A manera de racconto, los vecinos entregaron a la prensa un comunicado donde se hace referencia a las distintas etapas que debieron atravesar en los últimos seis meses, momento en que se detectó la contaminación, denunciando que en varias oportunidades fueron agredidos por integrantes de la polémica comisión.

«Hemos tenido que soportar que a principios de marzo se nos dijera que esta problemática era de exclusividad de las clases más bajas, de la extrema pobreza, que allí donde habían niños mal atendidos, faltos de higiene y buena alimentación, se encontraban estos casos. Luego de esto demostramos que la contaminación no golpea a la puerta y pregunta clase, color, grupo social o político. Tan solo se expande indiscriminadamente».

El documento agrega que «hemos tenido que enfrentarnos con personas muy duras que muchas veces no contemplan ni la problemática ni los sentimientos ajenos. Intentaron obligarnos a salir a convencer de lo inconvencible. Que volviéramos y convenciéramos a los demás de aceptar lo que ofrecía o de lo contrario tomarían otras medidas. Ganamos la batalla porque, por sobre todas las cosas, no aceptamos amenazas. En esto tenemos empeñada nuestra palabra». *