Cinco años sin solución

Vive un tiempo en la casa de su hija, luego va dos o tres días con el hijo o duerme en algún albergue, por diez pesos.

No tiene hogar, pero lo tuvo. A comienzos de 1997 le entregaron una vivienda por medio del convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Banco de Previsión Social. La misma estaba ubicada en el Complejo Maroñas (Veracierto y Pantaleón Pérez). En ella vivía con una hija discapacitada. Pero la «casa nueva» duró poco. Si bien la entrega de viviendas se destinó a jubilados, a ella le toco de vecino un grupo de jóvenes que «se metieron en la casita. «Ellos por las noches se reunían y «se drogaban con cemento», cuenta la señora.

Luego empezaron a tirarle piedras en el techo, lo que hacía de las noches un infierno, hasta que un día derribaron la puerta para acceder a la vivienda. La propietaria logró llamar a la Policía, e inmediatamente sus vecinos cortaron el cable de teléfono. Pero los patrulleros tardaban y presa del pánico Delia abandonó su casa por la ventana.

En ese momento perdió todo. Robaron los electrodomésticos que luego vendieron en el barrio, se llevaron todos los objetos de valor y quemaron el resto. Convertidos en cenizas quedaron recuerdos muy preciados para su dueña, como las fotos de sus hijos de cuando eran chicos y otras fotografías familiares, que son irrecuperables.

No fue la única agredida en el Complejo, otros vecinos sufrieron ataques por parte de estas personas.

Sin respuestas

Delia hace cinco años que recorre los diferentes pisos de la Caja de Jubilaciones y del Mvotma, sin respuestas. Ella solicita un lugar para vivir, que se le entregue otra vivienda, pero todas las semanas la citan para la próxima.

En principio, en Servicios Sociales le negaron el derecho a otra casa, porque consideraron que renunció a la que poseía. Pero ella nunca firmó una carta de renuncia, sino que se fue para salvar su vida. Luego argumentaron que poseía una propiedad en la ciudad de Minas y por ende no le correspondía otra. Esto tampoco es cierto, pues ella es oriunda de Cerro Largo y afirma que «si tuviera aunque fuera una vivienda precaria no iba estar durante años en estás vueltas y sin tener dónde ir, si no me creen que investiguen».

La señora está desesperada, su hija menor es esquizofrénica y está internada en la Colonia Etchepare. Allí ya no puede permanecer más y no la puede ir a buscar por no tener un lugar para alojarla. Mientras, para verla, los propios médicos de la institución la llevan en coches de Salud Pública, pues no tiene dinero para ir por sus propios medios. «Yo sólo pido un lugar para estar, que me contesten de una vez. Si tuviera que pagar, hasta mil pesos puedo, más no porque mi pensión es de dos mil». *