ONU: en Uruguay hay racismo y no se lo combate de manera eficiente

George Bush se limpió la mano en la camisa de Bill Clinton tras saludar a un ciudadano haitiano. El ciudadano era negro y fue una de las víctimas del terremoto que devastó el país hace más de un año.

Tan lejano como ese acto visto por televisión fue el que informó ayer LA REPUBLICA: una ciudadana brasileña (según denunció), Luciana Sampaio, habría sido insultada en un ómnibus de Montevideo por otra pasajera, que la llamó «negra sucia».

El año 2011 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año de las Personas Afrodescendientes. Ayer se celebró en el mundo, y también en nuestro país, el día contra la discriminación racial, algo que sigue persistiendo a todo nivel, tal como denuncian las instituciones sociales. Esta semana Uruguay recibió recomendaciones del Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La respuesta llega tras la presentación que hizo Uruguay el 17 y 18 de febrero en Ginebra del Informe País (elaborado por el Estado uruguayo a través del Ministerio de Educación y Cultura) y del Informe Alternativo, elaborado por la Asamblea Afrodescendiente que nuclea a asociaciones civiles.

Alicia Saura, quien viajó con la comitiva encabezada por el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Fernando Miranda, a Ginebra el mes pasado, informó a LA REPUBLICA que, ante estos dos informes, Uruguay recibió una respuesta que contiene recomendaciones para mejorar la situación del país en cuanto a la discriminación.

Saura, integrante de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, explicó que en pocos días más llegará la versión en español del informe, ya que por el momento solo cuentan con el original en inglés, al cual tuvo acceso LA REPUBLICA.

En las recomendaciones, el Comité da la bienvenida a los progresos hechos por Uruguay en el reconocimiento de la variedad étnica que conforma nuestra población y en promover su integración en los planos económico, social y cultural. Algunos de los logros que se resaltan son la creación de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación y la de Mujeres Afrodescendientes (en el Instituto Nacional de la Mujer), la Ley Nº 18.315 sobre procedimientos policiales en casos de violencia doméstica y el Plan Ceibal, entre otros.

 

Diferencias según la piel

Según el libro «Población afrodescendiente y desigualdades étnico-raciales en Uruguay», publicado en 2010 (financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay), las remuneraciones de un uruguayo afrodescendiente son 30% inferiores en promedio respecto a las de un uruguayo blanco. El mismo libro revelaba que en Uruguay la población negra tiene diferencias con respecto a la población blanca en cuanto a las oportunidades desde la niñez.

Según el informe, en cuanto al nivel educativo, «tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, los trabajadores blancos tienen más años de educación aprobados y mayor experiencia en la empresa que sus pares afrodescendientes». Esto repercute en el trabajo a posteriori de las personas y origina una brecha entre la población negra y blanca donde se ve la segregación laboral en el mundo del trabajo. También se aprecia una desventaja entre los niños blancos y negros en cuanto a educación, indica el documento coordinado por Lucía Scuro Somma.

La Asamblea Afrodescendiente expresó en su informe que este núcleo de organización social surgió «para ocupar un espacio vacío dentro de la órbita pública en relación a la participación social y política de las personas afrodescendientes en el marco del Combate al Racismo y la Promoción de la Equidad Racial». «En principio nos organizamos con una postura crítica frente a una situación de racismo institucional», agregaron.

Según la Asamblea Afrodescendiente en Uruguay esta población representa al 10,2% de la población, aunque en los menores de 20 años la cifra sube a 13,8%. En este sentido, señalan «la importancia de desarrollar políticas públicas para la equidad étnico-racial y la no discriminación focalizadas sobre todo en la infancia, adolescencia y la juventud afrodescendiente y con perspectiva de género», explicaron.

«Si bien en la región Cono Sur (Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay) Uruguay es considerado en el segundo lugar en relación a la relevancia otorgada al reconocimiento del colectivo afrodescendiente, podemos afirmar que no existe un impacto concreto en la calidad de vida y avance en el desarrollo de las oportunidades y la protección de los derechos del colectivo afrouruguayo», añaden.

 

Avances insuficientes

La Asamblea expresó en el informe alternativo que «los avances en los espacios y aun en las políticas públicas desarrolladas para promover el protagonismo y la inclusión de la población afrodescendiente en el país aún son insuficientes y constituyen un desafío para la transversalización y promoción de la equidad racial». Agrega que «históricamente se ocultó la identidad afrodescendiente en el relato nacional como producto de un proceso modernizador y progresista que arraigó en el imaginario regional la idea de que la población uruguaya era blanca, descendiente de europeos, discurso que se consolida durante el primer batllismo y nos coloca como la ‘Suiza de América’ y que en estos momentos aún mantiene cierta vigencia».

«A pesar de que Uruguay es considerado un país de renta media, la población afrodescendiente está sobrerrepresentada en los sectores de pobreza y pobreza extrema, con lo cual se tienen obstruidos los canales hacia la estructura de desarrollo como producto de la incidencia del racismo y de la exclusión racial», sostiene el documento.

La Asamblea Afrodescendiente solicitó ayuda internacional para generar «un cambio sustancial en la vida del colectivo afrodescendiente y de la sociedad uruguaya» que incluye «redireccionar recursos y líneas de financiamiento para la atención específica a estos sectores que se ven invisibilizados por el discurso estatal, permitiendo de esta forma que las temáticas penetren en la estructura gubernamental y se provoque a nivel social y simbólico un grado de problematización tal sobre la situación de las personas afrodescendientes y la incidencia del racismo, que permita la implementación de políticas públicas y medidas específicas para el desarrollo de este sector».

La Asamblea recomienda que se realicen «campañas de concienciación y capacitación sobre los mecanismos y procedimientos de que disponen las personas afrodescendientes para proteger y promover sus derechos». También solicita que «se legisle la transversalización de la dimensión étnico-racial en todos los planes de los organismos y agencias de cooperación internacional, en los planes de gobierno y en las acciones de la sociedad civil organizada en su conjunto para revertir los efectos del racismo institucional, la invisibilización y la negación de la existencia del racismo y la discriminación racial en el país y sus efectos perversos sobre la población afrodescendiente».

 

Recomendaciones internacionales

Tras analizar las estadísticas sobre este tema enviadas por Uruguay, con datos de 2006, el CERD recomendó obtener «información más comprehensiva sobre indicadores económicos y sociales desagregados por raza o etnia, particularmente con afrodescendientes e indígenas para evaluar mejor su goce de derechos». Para ello se recomienda que se utilice la posibilidad abierta por el censo de este año como una buena fuente de datos.

El CERD evalúa que las leyes uruguayas en esta materia, aunque existen, no son suficientes. «Si bien se subraya que el Artículo 8 de la Constitución establece el principio de igualdad entre todas las personas y la Ley Nº 17.817 declara que es de interés nacional la batalla contr
a el racismo, la xenofobia y la discriminación, el Comité muestra su preocupación por la ausencia de provisiones en la legislación del Estado que sean claras y específicas en lo referente a la prohibición del racismo y la discriminación racial. La recomendación va por el camino de adoptar una ley específica contra esos comportamientos o integrar a la legislación actual provisiones que claramente los prohíban y prevengan», señala.

Sobre la respuesta a la crisis de 2002 se critica que se le dio prioridad a aliviar la pobreza, pero no se hizo hincapié en tomar medidas especiales para contrarrestar la discriminación estructural contra los afrodescendientes y los descendientes de indígenas. El Comité enfatizó la necesidad de desarrollar medidas especiales a favor de los sectores con más desventajas estructurales para que no se amplíen las disparidades y la situación discriminatoria sufrida por los afrouruguayos y los descendientes de indígenas.

En lo referente al Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación, se halla que se debe acelerar el proceso de adopción e implementación, manteniendo consultas al respecto con los destinatarios. Por otra parte, se subraya la falta de información sobre el impacto y la efectividad de los diversos planes, estrategias, programas y mecanismos adoptados contra las inequidades que afrontan los afrouruguayos. Se critica que faltan esas evaluaciones y además que las iniciativas se superponen.

«La dimensión etno-racial debería estar en todos los planes, programas y estrategias relevantes del gobierno para combatir y revertir la discriminación estructural. Debería destinarse presupuesto suficiente en los planes contra la discriminación, que tendrían que evaluarse periódicamente para mejorar sus resultados cuantitativos y cualitativos», sostienen.

A la vez plantean preocupación por la legislación penal y, particularmente, por el Código Penal, «que no cumple totalmente con el requerimiento de criminalizar la diseminación de teorías sobre la superioridad racial y la prohibición de organizaciones que promuevan e inciten la discriminación racial». A su vez, se recomienda que se agreguen esas estipulaciones al Código.

Otra inquietud es que, pese a las medidas tomadas, «los descendientes de africanos siguen sufriendo inequidades especialmente en el área laboral, donde ocupan trabajos que requieren poca preparación; en el alojamiento, ya que habitan los barrios más pobres de la periferia de las ciudades; y a nivel educativo, donde las tasas de deserción son altas comparadas con otros grupos étnicos».

«Por ello se recomienda que se potencien los esfuerzos para promover la representación de afro e indodescendientes en el Parlamento y otras instituciones estatales, así como su empleo en la administración pública y en empresas privadas, incluso en puestos altos; asegurar alojamientos adecuados a través de programas que integren la dimensión étnica e implementar medidas para reducir los abandonos y para sensibilizar a los padres sobre la importancia de la formación», indica el informe.

El CERD dice tener «especial preocupación por la doble discriminación que sufren las mujeres afrodescendientes, basada en su origen étnico y su sexo, en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales». Por ello, «el Comité apela a que el Estado focalice un estudio en la dimensión etno-racial del problema de la discriminación basada en el género y en programas donde medidas especiales podrían ser apropiadas».

«Si bien se aprecian las medidas tomadas para facilitar el acceso a la Justicia para todos los uruguayos, particularmente para los desaventajados, se constata la preocupación sobre el acceso efectivo a la Justicia por parte de los integrantes de minorías étnicas. Ante ellos, se pide que el Estado haga esfuerzos especiales para garantizar el acceso igualitario a la Justicia a los afrodescendientes y a las personas de origen indígena. Se debería mantener bajo continua revisión el tema de la igualdad en el sistema jurídico y acopiar datos sobre el impacto de las variables étnicas en su acceso», señalan.

En resumen, consideran que se debería «aumentar la participación y la representación de las minorías en los temas políticos» y para ello recomiendan «efectuar campañas para elevar la conciencia sobre el tema».

 

Falta de información

El informe CERD resalta la inexistencia de información suficiente sobre reclamos, persecuciones, condenas y sentencias tomadas por cortes y tribunales nacionales por actos de discriminación racial y sobre la reparación concedida. «Desde el punto de vista del Comité, la falta de quejas no es una prueba de la ausencia de problemas y puede ser el resultado de la falta de conciencia de los derechos que posee la víctima, la desconfianza en la Policía y las autoridades judiciales o la carencia de atención o sensibilidad por parte de las autoridades para este tipo de casos», explica.

«Se aconseja continuar con la información apuntada hacia el público general y, en particular, a los afrodescendientes y personas de origen indígena. Asimismo se sugiere entrenar a los fiscales, jueces, abogados, oficiales de policía y otros actores del sistema judicial para que puedan detectar y brindar reparación en casos de discriminación», indica el CERD.