Transportistas de escolares se plantan contra la Ley
Las empresas dedicadas al transporte de escolares en Maldonado expresan su preocupación porque la Ley que regula al sector generará perjuicios en el 90% de ellas. Sostienen que las medidas exigidas obligarán a aumentar las cuotas en un 150% para que las empresas puedan subsistir, salvo aquellas que tengan contratos exclusivos con grandes centros educativos.
El dirigente gremial Walter Sampayo, al referirse a la reglamentación de la Ley que obliga a instalar cinturones de seguridad de tres puntas en los vehículos, además de otros requisitos que «incluso» disminuyen la capacidad de algunos vehículos en forma notoria, adelantó que algunas empresas están evaluando la posibilidad de asociarse.
Sampayo sostuvo que el nuevo reglamento nacional del transporte de escolares obligará a llevar menos ocupantes en los vehículos y encarecerá la cuota que pagan los padres de los chicos trasladados a escuelas y colegios.
«Es simple, la Ley ya está, en estos momentos tenemos dos años de prórroga para equipar las camionetas con cinturones de tres puntas y luego se empieza a implementar la Ley completa. En la actualidad, una camioneta chica con capacidad para 12 pasajeros adultos, por normativa municipal, puede llevar más de 20 niños. Con cinturón de tres puntas, tendrán una capacidad de nueve pasajeros», explicó Walter Sampayo. Añadió que muchas empresas, para subsistir, tendrán que incrementar la cuota en un 150%. «No sé si todos los padres estarán en condiciones de pagar ese dinero», advirtió. La reglamentación de la Ley y la forma de encarar en dos años todos los compromisos exigidos fueron analizadas durante una reunión que celebraron los transportistas locales el pasado fin de semana. En la misma se evaluaron, además, planes para asumir en forma conjunta algunos gastos.
«Discriminatoria»
Los transportistas de escolares remarcan además que las medidas son discriminatorias, porque hay centenares de escolares que viajan regularmente en el transporte colectivo tradicional, donde no cuentan con ninguna medida.
En ese aspecto indican que las exigencias deberían abarcar a todo el transporte, o de lo contrario, darle la exclusividad del traslado de escolares a las empresas dedicadas a ese servicio.
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