LOS SERVICIOS DE SALUD  Y LA DISCAPACIDAD

Estas premisas en el caso de las Personas con Discapacidad Intelectual (PDI) son más vulnerables en el ámbito de la salud que el resto de las personas.

Las PDI no son enfermos, son ciudadanos que, en el ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria, pueden presentar singularidades y especialidades a las que el sistema de salud tiene que atender y dar respuesta.

Pero las estructuras que deben dar respuesta a las demandas, por un lado, y las propias limitaciones de estas personas para comprender determinadas situaciones y comunicar lo que les afecta, por otro, generan en muchas ocasiones una importante barrera que dificulta el acceso a los servicios sociales y de salud.

Ante la necesidad de atender las necesidades de este grupo poblacional relegado en materia de sus necesidades de salud y ante el derecho de estas personas a recibir atención sanitaria en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos se hace necesario evaluar la adecuación de los servicios de salud a las necesidades de las PDI y contribuir a la sensibilización/capacitación de los profesionales encargados de prestarles los servicios sanitarios y eliminar las barreras de acceso a los mismos.

En estudios realizados en otros países se detecta una discriminación directa y otra indirecta. La primera se produce cuando una persona es tratada menos favorablemente de lo que otra persona es, lo ha sido o podría ser tratada en una situación comparable, por razón de la discapacidad.

Por otra parte, las normas jurídicas que, supuestamente garantizan una asistencia de calidad para todos (universalidad) suponen una importantísima fuente de discriminación indirecta, puesto que en su intento de garantizar la igualdad ignoran que un colectivo con las características inherentes a la discapacidad intelectual tiene necesidades específicas (distintas) para las que hay que aportar soluciones diferentes.

Si bien no partimos de un estudio previo, detectamos varias necesidades básicas sobre las que debería actuarse prioritariamente: la formación adecuada de los profesionales sanitarios; la coordinación de las acciones de todos los profesionales e instituciones encargadas de prestar la asistencia sanitaria a estas personas; mejorar la comunicación, puesto que estas personas pueden tener algunas dificultades de comunicación oral, pero excepto en los casos severos no son incapaces de hacerlo si bien tienen dificultades para comprender el lenguaje abstracto y los tecnicismos y pueden tener dificultades para recordar; adaptar el sistema sanitario a las personas con discapacidad intelectual y sus familias a través de la eliminación de barreras, tanto físicas, como burocráticas (rigidez del sistema, ausencia de protocolos de intervención, complejos sistemas de consultas, peregrinaje por diferentes servicios, instituciones y profesionales…). También se hace imprescindible disminuir sustancialmente los tiempos de espera de estas personas antes de la consulta o de la realización de exámenes paraclínicos. Este trato preferente no procura eludir las normas, pero sí apunta a reducir la gran carga de ansiedad que en la mayoría de los casos soportan estas personas y sus familias al tener que esperar en un entorno no adaptado, generalmente agresivo para ellos y ante otros usuarios que no siempre comprenden.

Como sabemos, mucho se ha avanzado en el Uruguay en cuestiones de salud y de atención de las PCD, sin embargo, como señalamos quedan tareas pendientes para la nueva administración.