Los jóvenes están "asociados" a delitos

Para Unicef, «uno de los desafíos principales que las políticas públicas deben enfrentar para garantizar los derechos de la infancia es el de contribuir a la construcción de entornos protectores (principalmente las familias, los centros educativos y las comunidades), que permitan a los niños y adolescentes desarrollar sus capacidades, habilidades y talentos».

En tal sentido, «resulta clave la implementación de políticas y acciones que ayuden a prevenir la violencia, la explotación y el abuso contra los niños y adolescentes, y a brindar respuestas cuando estas situaciones se han consumado».

Explica que «los adolescentes ­especialmente aquellos que viven en situación de pobreza extrema y exclusión social­ son presentados ante la opinión pública en estrecha relación al peligro, lo que contribuye a reforzar la estigmatización que padecen».

Por otro lado, la asociación entre adolescentes en situación de pobreza extrema y delito oculta la real participación que este grupo de población (13 a 17 años de edad) tiene en situaciones de infracción. Los datos y análisis presentados muestran claramente hasta qué punto se sobredimensiona la participación de los adolescentes en situaciones asociadas al delito. Sostiene que «la internación de niños en hogares se ha justificado como una forma de proteger al niño cuya situación familiar es considerada un peligro para su desarrollo».

Agrega que «este tipo de respuesta es poco cuestionada y goza de simpatía entre la opinión pública».

Recomienda darle al niño un espacio de rehabilitación y que el Estado desarrolle «políticas públicas desde el marco de derechos humanos y desde un enfoque que promueva la construcción de entornos protectores», lo cual «exige que las acciones se reorienten al fortalecimiento de un sistema de políticas sociales de promoción y restitución de derechos, y se deje atrás definitivamente un enfoque de castigo o tutela».