Controles sobre delitos de menores

La Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Ministerio del Interior (MI) el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU) y Unicef firman esta tarde el acuerdo que hará posible un mejor seguimiento al Sistema de Justicia Penal Adolescente.

Nuestro país ordenará la información en indicadores sobre los delitos cometidos por menores de 18 años a partir del próximo año, con el fin de controlar y evaluar los procedimientos realizados a nivel interinstitucional. Uruguay contará con una tabla de indicadores que unificará los mecanismos de control por parte de cada una de las instituciones involucradas en el cuidado y rehabilitación de los adolescentes. El MI recolectará y procesará los indicadores que refieren a la actuación policial de acuerdo a la tabla aprobada ut supra. A su vez la SCJ recolectará y procesará la información referente a la actuación judicial, mientras que el INAU recolectará y procesará la información sobre el sistema de ejecución de sanciones a adolescentes. Durante este proceso se establece que «cada institución suministrará la información acordada dentro de los 120 días inmediatos siguientes a la finalización de cada ejercicio anual (1º de enero al 31 de diciembre)».

El acuerdo establece una serie de pautas que serán utilizadas por las instituciones, elaboradas en base al manual para cuantificar los indicadores de justicia juvenil elaborado por Unicef y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Cada una de esas instituciones involucradas será la encargada de recolectar y procesar los indicadores respectivos.

Según explicaron ayer, en un comunicado, las partes firmantes del acuerdo, «la tabla está compuesta por 22 indicadores que brindan información respecto a lo que ocurre con los adolescentes en conflicto con la ley, así como el marco legal que asegura su protección».

Del total de los indicadores: 19 son de carácter cuantitativo, 3 refieren a la actuación policial, 10 al sistema de justicia y 16 a la ejecución de las sanciones dispuestas por la Justicia.

 

Necesidad

Las instituciones acordantes pretenden tener referencias certeras en cuanto al fenómeno de los adolescentes que son acusados de infringir la ley, identificar problemas en las prácticas de las instituciones que hacen parte del sistema, y realizar propuestas para mejorar los resultados del sistema.

A su vez, existen intenciones de monitoreo de las prácticas institucionales y la ejecución de la ley, y comparar nuestros resultados con los de otros países.

El año pasado Unicef, la SCJ, el INAU, y el MI, junto con organizaciones de la sociedad civil, realizaron un seminario sobre el Sistema Penal Adolescente para establecer un diagnóstico sobre la implementación del proceso penal adolescente y su adecuación a las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Convención sobre los Derechos del Niño. Durante el trabajo, se concluyó que reconstruir con datos objetivos el camino institucional recorrido por los adolescentes intervenidos por el sistema penal, desde la detención policial hasta la ejecución de las sanciones socioeducativas ­pasando por las medidas cautelares aplicadas­ resulta fundamental para el monitoreo de la situación del sistema penal de adolescentes y para la protección de sus derechos.

De esta forma, se manifestó la necesidad de crear un sistema único de indicadores que permita el seguimiento y evolución del sistema de Justicia Penal adolescente a través de los subsistemas que lo componen. Es así como, tras varios meses de trabajo interinstitucional se logró un consenso sobre criterios de definición y relevamiento de la información. En ese contexto es que se firma el acuerdo de hoy, que permitirá un nuevo control y la evaluación de las faltas cometidas por menores de edad.

En el acuerdo, cada parte reconoce que el gobierno de Uruguay «ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 28 de setiembre de 1990, mediante Ley 16.137, comprometiéndose a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las normas establecidas en la Convención sean efectivas, así como a garantizar y proteger el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes uruguayos».