TIENE LA PALABRA

Violaciones a los derechos  humanos

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

Los gobiernos anteriores que van desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985, abusaron de los derechos humanos en forma sistemática, a pesar de que el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 al 17 de junio de 1973, eran gobiernos democráticos, pero amparados en las «Medidas prontas de seguridad». Ultimamente, el 4 de mayo de este año, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea General un proyecto de Ley reconociendo el quebrantamiento del Estado de Derecho entre esos períodos señalados anteriormente, que impidieran fundamentalmente a las personas interponer recursos y obtener reparaciones amparadas en los Derechos Internacionales Humanitarios vigentes. Por considerarme víctima del terrorismo de Estado en la República Oriental del Uruguay, junto a muchos otros compañeros, presento mis legajos correspondientes. En el año 1968 integraba la Mesa Directiva de AUTE y en ese período se arrastraban una serie de movilizaciones sindicales cuando comenzaron las detenciones en diferentes cuarteles del país y algunas destituciones dispuestas por el presidente de UTE Pereyra Reverbel, en ese tren se llegó al mes de junio de 1969 y se establece el requerimiento de la totalidad de la Mesa Directiva de AUTE pasando todos a la clandestinidad y por Resolución 69- 2428 del 10 de julio del mismo año, se procede a la destitución de 56 funcionarios, que aunque eran en su totalidad funcionarios «presupuestados», no fueron instruidos en ningún sumario administrativo, a esa Resolución continuaron varias que totalizaron solo en el año 1969 una cifra de 205 trabajadores y absolutamente todas solo con la firma del Presidente del Directorio de UTE, Ulysses Pereyra Reverbel y su secretario general Gilberto Piñeyrúa Winterhelter, a su vez varios fueron llevados a diferentes cuarteles y más de 50 trabajadores trasladados a la Isla de Flores por períodos mayores a los 45 días, creando estas situaciones enormes problemas no solo a los trabajadores y también se incluían a los propios familiares de los destituidos detenidos.

Esas destituciones, digamos en «democracia», continuaron una vez instalada la dictadura el 27 de junio de 1973, puesta en marcha el régimen dictatorial las destituciones en la UTE y otros lugares, continuaron y las situaciones de los destituidos y perseguidos se hacían mayores y todo eso continuó hasta 28 de febrero del año 1985.

Resumiendo, son 4 años destituido en democracia a los que hay que sumarles 12 años destituidos en dictadura. Personalmente estuve confinado en el cuartel de Mercedes en varias oportunidades sufriendo violentas torturas, hoy día en lo que era el cuartel de Mercedes entre las calles Don Bosco, Artigas, Colón y Fregeiro, es una moderna Terminal de Omnibus, frente a la Plaza Artigas.

El proyecto de Ley que comentamos dice que se expedirá un documento que acredite su condición de víctima y la responsabilidad institucional que cabe al haber sido afectada su dignidad humana y el inciso «i» vistos obligados a abandonar el país por motivos ideológicos o gremiales y el inciso «j» haber sido requeridos y permanecido en la clandestinidad por un período mayor a los 180 días corridos. Mi requerimiento y situación de clandestinidad duró desde el 28 de junio de 1969 al mes de marzo de 1970, es decir 270 días corridos, en marzo de 1970 fui detenido.

Queda claro que la situación que se estaba viviendo determinaba una grave situación económica, el total impedimento de una vida social digna y eso no solo se reflejaba con los trabajadores, también sus familiares directos eran tremendamente afectados.

Cabe también agregar que la R 69-2428 y otras más, fueron anuladas por senadores y diputados de la época en los años 1970 y 1972, pero esa Ley fue «vetada» por el entonces presidente de la República Jorge Pacheco Areco, y también en febrero del año 1973 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, falló a favor de los destituidos, pero ese dictamen no llegó a hacerse efectivo, pues en el mes de junio de 1973 comenzaba la dictadura.

Por los motivos expuestos anteriormente se considera que a los trabajadores públicos afectados por todas esas irregularidades anti constitucionales, nos corresponde y se deben de tener en cuenta las circunstancias de cada caso y otorgar a las víctimas una reparación plena y efectiva de formas que incluya la indemnización, rehabilitación y garantías constitucionales. La Ley 15.737 del 8 de marzo de 1985 y otras para los funcionarios públicos no ampararon a dichos funcionarios, ninguna reparación ni beneficios de indemnización por, en este caso, los 16 años destituidos.

Estas anomalías son las que se pretenden solucionar por medio del proyecto de ley enviado por el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros, a la Asamblea General y que ya se encuentra a estudio de la respectiva Cámara del Senado de la República.

AURELIO PICCONE  CI: 3.546.119- 0

 

Del PI al presidente Tabaré Vázquez

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

De nuestra mayor consideración

Estimado Presidente:

Con el respeto que nos merece tu investidura y tu persona, queremos compartir contigo algunas reflexiones que nos merece tu decisión de darles a los restos del Gral. José Artigas, un nuevo destino. José Artigas, el primero de todos los orientales, el fundador de nuestra nacionalidad, el mentor de las bases mismas de la República y de la institucionalidad democrática en las Instrucciones del Año XIII, es el santo y seña de la identidad nacional. Su magisterio republicano y democrático constituye el mayor acervo que atesoramos orgullosos, y que sigue inspirándonos y convocándonos a nuevas gestas. Cualquier decisión respecto a Artigas nos involucra a todos los uruguayos y, aunque lamentablemente el destino actual de sus restos en el Mausoleo sea fruto de una decisión autoritaria e inconsulta propia de quienes menoscabaron las bases mismas del pensamiento artiguista, no menos cierto es que transcurrido el tiempo todos hemos asumido su ubicación actual como una referencia ineludible. José Artigas nos pertenece a todos. Nos representa a todos. El es la síntesis misma de nuestros sentimientos patrios. Nos une a todos sin excepciones. Nos contiene a todos. Por estas y otras razones, muchos uruguayos rechazamos tu decisión. Aunque estés imbuido del mejor espíritu, sentimos que tú ­nuestro Presidente­ asumes una resolución que no nos representa. Por eso, conociendo tu espíritu democrático, sabiendo que en el acierto o en el error, procuras lo mejor para todos los uruguayos, te solicitamos que reveas tu determinación. Por muchas causas podemos confrontar opiniones, pero no por Artigas. El es motivo de unión. No de desavenencias. Por otra parte, todos seguimos en deuda con José Artigas. En la legislatura pasada se sancionó por unanimidad la ley que declara monumento histórico el solar donde estuvieran emplazados el Cuartel General de Artigas y la villa de Purificación. Esa misma ley establece que «El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para proceder a determinar su extensión, delimitación y señalamiento, previo informe fundado en asesoramiento competente, de acuerdo con los alcances de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, a los efectos de la creación del Parque Nacional de Purificación». En el cumplimiento de este mandato, ten la seguridad, nos representarías a todos. Que así sea.

Te saludan cordialmente;

DR. PABLO MIERES CR. IVAN POSADA