Apoyo para reforma carcelaria

La nueva representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Uruguay, Tracy Betts, manifestó el viernes, durante una reunión con autoridades de la Junta Nacional de Drogas (JND), el interés del organismo de colaborar con el Estado uruguayo en la reforma del sistema penitenciario.

El objetivo de la reunión ­solicitada por la propia representante del BID­ fue profundizar sobre el trabajo que la JND lleva adelante en la reforma del sistema penitenciario y manifestar el interés del organismo en acompañar la realización de un seminario sobre la creación de penas alternativas a la prisión, según informó la página de Presidencia.

En este sentido, el BID se comprometió a colaborar financieramente con la realización de un foro regional sobre penas alternativas organizado por la JND, ONU, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El apoyo económico permitirá el arribo al Uruguay de expertos en la materia de toda América Latina.

El seminario se llevará a cabo en setiembre y tratará de analizar las virtudes que tienen las penas alternativas a la prisión, como forma más eficiente y efectiva para que los responsables de faltas cumplan con su pena, sin necesidad de estar en prisión, dice Presidencia.

El evento internacional contaría con la participación de representantes del Ministerio de Justicia de Brasil, técnicos especializados en penas alternativas de Argentina y Chile, además de una delegación de Viena integrada por técnicos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd).

En este sentido, el secretario general de la JND, Milton Romani, dijo que si bien en Uruguay se utilizan las penas alternativas, no se tienen «los recursos, un pensamiento o formato ágil» como para que pueda ser uno de los «vectores» para resolver la actual crisis penitenciaria.

Romani resaltó la importancia del encuentro porque se busca la posibilidad de que el organismo internacional sea partícipe de «una reforma integral del sistema penitenciario (en Uruguay) que incluye penas alternativas y proyectos de reinserción social».

El jerarca consideró «necesario desplegar un conjunto de herramientas para que aquellos hombres y mujeres que están presos también sean útiles para la sociedad y que se elimine la idea que recluir a las personas es el único mecanismo para que éstas cumplan con su pena». El sistema de reclusión actual «puede ser peor para la vida posterior que si se le ofrecen herramientas que sean útiles para la sociedad y le sirva al recluso para reducir su pena y que no esté 24 horas encerrado», explicó Romani.