¿IDAD?

El 24 de abril, vence el plazo para presentar las más de 250.000 firmas, que necesitamos para activar el mecanismo constitucional que nos permitirá anular la Ley de Caducidad. Si aún no has firmado por verdad y justicia, te quedan pocos días para decidirte y hacerlo.

Cada firma que agregamos, no sólo brinda más respaldo a la causa que estamos llevando adelante, también nos aporta mayor resguardo ante los riesgos de descarte de papeletas que, por diferentes motivos pudiera ocurrir a nivel de la Corte Electoral. Cuantas más firmas se consigan, más seguros vamos a estar de alcanzar el objetivo. Algunas papeletas que puedan estar arrugadas o con la firma borrosa, pueden ser eventualmente rechazadas por la Corte, pero eso no será un riesgo significativo si el volumen de firmas es muy superior a las requeridas legalmente. Lo peor que nos podría pasar, es que una causa tan noble y tan justa como la que hemos llevado adelante, en el último momento, tenga algún contratiempo.

No podemos olvidarnos de cuál es la esencia de la Ley de Caducidad, cómo impactó en nuestra sociedad y lo que significa en nuestro orden jurídico. La Ley de Caducidad instaló la impunidad en Uruguay, de una forma simple y perversa. Es el instrumento al servicio de la impunidad más perfecto, pergeñado en todo el cono sur. Esta norma, violando principios fundamentales de nuestra Constitución, deposita en el Presidente de turno, como si fuera el patrón de la República, la potestad de determinar en qué casos puede actuar la Justicia y en qué casos no puede hacerlo, pues se consideran comprendidos por la Ley de Caducidad. Cada vez que se presenta una denuncia, por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar, el juez no puede disponer la investigación sin que, previamente, el Ejecutivo indique si debe actuar o no en la causa.

Impone un procedimiento bochornoso para cualquier juez. Quienes deben impartir justicia, no pueden hacerlo. Dependen de la voluntad y de la decisión del Ejecutivo que, frente a estos casos se sitúa por encima del Poder Judicial. La ley cercena funciones propias de nuestra Justicia. Es por ello que, los responsables de algunos de los crímenes más horrendos cometidos durante el régimen militar, continúan impunes. Mientras siga vigente la ley de caducidad, habrá ciudadanos de primera y de segunda categoría, tendremos un grupo de delincuentes privilegiados que están por encima de la justicia y que no pagarán sus culpas. Los jueces pueden actuar con todas sus potestades y con independencia en todos los casos, salvo, en aquellos vinculados con los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura.

Es cierto que hoy, algunos militares y policías están presos, a pesar de la ley de impunidad. Ello fue posible porque el gobierno frenteamplista, con Tabaré Vázquez a la cabeza, determinó la no inclusión en la Ley de Caducidad de todos los casos en que debió expedirse. Cuando las causas fueron consultadas al Poder Ejecutivo, nuestro presidente, en vez de ponerles el sello de impunidad y otra vez, burlar la justicia como hicieron los gobiernos blancos y colorados, habilitó el camino para que la justicia procediera con independencia.

A partir de esa decisión presidencial, la justicia pudo actuar en varios casos y, en muchas causas encontró los elementos necesarios para procesar. La decisión de Tabaré Vázquez permitió abrir espacios para la justicia, luego de décadas de oscuridad y falta de voluntad. Durante este período de gobierno, los jueces han podido, en varias causas, investigar y juzgar a los responsables con todas las garantías del debido proceso. Pero en otras, a pesar de la voluntad del Poder Ejecutivo, hubo magistrados que entendieron que estaban comprendidas por la Ley de Caducidad.

Uno de los casos más representativos y terribles, fue el secuestro en Buenos Aires y posterior asesinato y desaparición en Uruguay de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, perpetrado por militares y policías uruguayos. Una muchacha argentina, de tan sólo 19 años, que se encontraba embarazada y fue asesinada y desaparecida, con el único propósito de robarle a su hija. Representa la máxima vergüenza para el Estado uruguayo y sus Fuerzas Armadas, es completamente inconcebible e inaceptable que debamos renunciar a nuestra obligación de esclarecer los hechos y hacer justicia, ante tamaña aberración.

¿Es justo que en algunos casos nuestra Justicia pueda actuar y que en otros crímenes tan horrendos, no pueda intervenir? Por supuesto que no. No podemos ni debemos aceptarlo. La justicia depende de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, hay justicia si es para todos. La Ley de Caducidad viola flagrantemente ese principio, extendiendo su manto de impunidad sobre nuestra sociedad. No sólo evitó que se juzgaran los militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad, sino que nos escamoteó la posibilidad de conocer la verdad de lo sucedido. Impidió, en muchos casos, la búsqueda efectiva de los niños secuestrados por los represores, así como el hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos. En este último caso, durante los anteriores gobiernos, se torció groseramente el propio contenido de la ley y, haciéndole decir lo que no dice, se nos impidió entrar a los destacamentos militares y buscar efectivamente los restos de los desaparecidos.

La construcción de la verdad, de la memoria de lo que pasó, de la justicia que nos robaron y estamos recuperando, la construcción ciudadana del nunca más terrorismo de Estado, tiene como un requisito fundamental la anulación de la Ley de Caducidad. Su anulación no tendrá sólo un valor simbólico, no sólo se va a eliminar una ley que representa un auténtico insulto al sistema democrático, sino que también tendrá una importante consecuencia jurídica, ya que se reabrirán aquellos casos en que la justicia fue impedida.

Cada firma, no sólo demuestra la voluntad de anular la ley, es un golpe a la impunidad, un paso a favor de la justicia y una reafirmación de nuestros valores democráticos. Cada papeleta que se presenta ante la Corte Electoral, no sólo es un impulso de dignidad ciudadana, reafirma la voluntad de proteger y defender los derechos humanos de nuestros conciudadanos. Cada firma que se consiga y se presente no sólo es una reafirmación del valor de la justicia, sino una apuesta al futuro de nuestros hijos, a sus derechos, para que vivan en un país de justicia y libertad.

Si todavía falta tu firma, vamos, ¿qué estás esperando?

|*| Senador, Nuevo Espacio-FA