"Carencias educativas", "malos tratos" y "falta de coordinación" en INAU

Hay realidades que no se pueden contar si no se viven. No se pueden ver si no se sienten, no se pueden sentir si no se ven. Tal vez sean los jóvenes privados de libertad los únicos que puedan contar su realidad, aunque nunca podrán trasmitir lo que sienten.

Desde los «malos tratos» denunciados, al extremo contrario, de aquellos hogares modelo donde se recuperan. Algunos son simplemente «menores» para algunos, «menores infractores» para otros, pero indiscutiblemente seres humanos con derechos: de vida, de educación, de salud, de vivienda, y en un futuro de formar una familia, de trabajar, etcétera.

«Soy un afortunado, tengo a esta preciosura», dice RR mostrando a su pequeña hija llamada paradójicamente como aquello que anheló su padre cuando estaba en un centro del INAU: Libertad.

 

Informe

Pero no todas las realidades son afortunadas como las de RR, un obrero que hoy lleva una vida normal, de trabajo, de familia, pero que no olvidó aquella herida que le provocó a una señora a la salida de un banco cuando apenas tenía 14 años.

Una investigación realizada por el Comité de los Derechos del Niño revela tal vez algunos de los motivos por los cuales no todos pueden recuperarse como nuestro anónimo entrevistado.

El informe detalla las carencias de las instituciones de privación de libertad para menores de edad dependientes del INAU. El trabajo refleja las quejas de los internos sobre «malos tratos» en algunas dependencias, o sobre las malas condiciones de vida.

También se denuncian «malos tratos» cuando los niños y adolescentes son arrestados después de cometer algún acto delictivo. El informe enfatiza en la necesidad de implementar planes educativos y coordinar el trabajo de atención entre técnicos y funcionarios, entre otros. A su vez se realiza una serie de recomendaciones para mejorar las actuales condiciones.

 

«Violencia institucional»

El informe reveló por un lado que se constataron «múltiples situaciones de violencia institucional» en los centros visitados. Los mismos fueron el Hogar Rincón, SER (la visita se realizó diez días antes de cambiar la dirección) Piedras, Ituzaingó, Desafío, Ciaf, el Centro de medidas cautelares, el Centro de Ingreso Transitorio, y Puertas.

Entre lo mencionado por los encuestados se presentan situaciones de «malos tratos por parte de los funcionarios, golpizas, insultos, tratos degradantes, crueles e inhumanos dentro de los centros de reclusión».

A su vez se hace referencia al uso de psicofármacos «como estrategia de contención» para «soportar las condiciones del encierro y no sólo para un uso médico de tratamiento de alguna patología».

 

Propuestas educativas

El informe pone en evidencia «la ausencia de una propuesta socioeducativa». Se afirma así que en la mayoría de los centros de reclusión se constató «descoordinación sistemática de las direcciones con los equipos técnicos, así como interdisciplinaria». Salvo excepciones -continúa el informe-, «no existen espacios de reflexión y análisis de las prácticas de estas instituciones».

Consultado el presidente del INAU, Víctor Giorgi, al respecto, expresó a LA REPUBLICA que «aún queda mucho por hacer en cuanto a la implementación de un proyecto educativo». Tal como indica el informe en varios pasajes, el INAU está implementando planes educativos, como en la acreditación de Primaria y la implementación del ciclo Básico liceal.

Para Felipe Machín, director del Area de Jóvenes y Adultos de la ANEP, «se está trabajando mucho tanto en cárceles de adultos como en centros del INAU para coordinar acciones educativas y recreativas» y para «hacer las cosas coordinadamente». El informe destacó también que existe «falta de coordinación entre los funcionarios y los técnicos». En tal sentido recomienda que se establezca «un Proyecto socioeducativo integral coherente y articulado, que garantice el respeto de los derechos humanos de los y las adolescentes y reduzca a su mínima expresión la violencia que en sí mismo tienen las sanciones privativas de la libertad».

Se destaca como recomendación que el Estado debe «garantizar a todos los adolescentes privados de libertad el acceso a la educación» con cargas horarias similares al resto de los adolescentes que asisten al sistema educativo público, que son «de 4 o 5 horas diarias».

 

Solicitud al Ministerio del Interior

Se denuncia en el informe según relatos que «son muy frecuentes las golpizas realizadas por personal policial en las diferentes seccionales; algunos aducen que antes de ser golpeados eran llevados al médico forense».

En la mayoría de los relatos » aparece la Policía como perpetradora de malos tratos. Relatos de golpizas, colgamientos, insultos, son comunes en casi todas las declaraciones de los adolescentes» del Centro SER.

En un pedido que se realiza en el informe al Ministerio del Interior, dice: «instamos al Ministerio del Interior a investigar las denuncias de tortura acaecidas en el destacamento de la Colonia Berro y en los traslados.»

Dice también: «reiteramos la necesidad de que exista un sistema de monitoreo externo, facultado para recibir e investigar las quejas formuladas por los adolescentes privados de su libertad y ayudar en la búsqueda de respuesta ante situaciones de vulneración de derechos fundamentales».

 

Propuestas y mejoras

Entre los lineamientos propuestos en el informe se sugiere «elaborar un proyecto escrito» para explicitar «estrategias». A su vez dice el informe que se deben generar «mecanismos regulares de evaluación del cumplimiento de los objetivos del Centro en consonancia con los mandatos normativos del Código de la Niñez y la Adolescencia». También se sugiere que se cree un plan de trabajo «para que la familia de los y las adolescentes privados de libertad puedan participar fluidamente de los procesos socioeducativos que el Estado, a través del INAU, implementen». Dice el informe: «es claro que la necesidad de proteger y promover derechos humanos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal implica el análisis exhaustivo del proceso en su conjunto, desde el momento de su captura, el pasaje por el sistema judicial así como la situación de privación de libertad».

Según Víctor Giorgi, el informe en sí le pareció «muy serio y objetivo». Destacó sobre los resultados en cuanto a las condiciones que «se ha mejorado mucho, teniendo en cuenta que es una estructura con varios problemas arrastrados desde hace muchos años».

Giorgi dijo que «se estudian ocho establecimientos, de los cuales dos de ellos son los que presentan las peores situaciones». Indicó que el informe «de hecho muestra una mejora en algunos aspectos tales como en el clima cotidiano en los centros visitados, así como que se demuestran importantes mejoras en cuanto a la atención en la salud».

En el informe, y coincidiendo con lo que indicó Giorgi, se destaca positivamente que en el caso de los SER y Las Piedras se modificó la asistencia médica con la «inclusión de enfermeros en los centros, regulación de la forma en que se suministran psicofármacos y su relación con las historias clínicas existentes, contratación de enfermeros para administrar la medicación recetada».

El informe también destaca la incorporación de nuevos instructores para los centros de privación de libertad y el diseño de un nuevo reglamento de convivencia.