"Ministros de Educación blancos nada propusieron"

«El Proyecto de Ley está pensado con una mirada hacia el futuro. Hay objetivos que nos llevarán quince o veinte años en lograrlos», dijo la ministra de Educación y Cultura María Simon explicando algunos aspectos del proyecto de Ley que hoy será discutido en la Cámara de Senadores.

Con los votos en contra de la oposición y del Partido Comunista, en libertad de acción otorgada por el propio Frente Amplio, se votará la Ley de Educación que tiene además el rechazo de los sindicatos de la enseñanza (ver recuadro).

La ministra de Educación y Cultura, María Simon, dio su punto de vista sobre el articulado que fuera modificado en el Parlamento, tras ser presentado por su cartera este año. Simon respondió a las críticas del Partido Nacional sobre el «apresuramiento» de la votación, y destacó que la Ley apunta a una «mayor participación».

Aseguró también que la «autonomía» de la enseñanza «está asegurada». Tras media sanción por parte de la Cámara de Diputados, a principios de este mes la Ley de Educación quedaría aprobada hoy, ya que se cuenta con los votos necesarios para sancionarla en el Parlamento.

En el caso de la creación de los dos nuevos entes autónomos, de educación terciaria, para formación docente y tecnológica se requerirán mayorías especiales para que se establezca. Esta será la tercera Ley General de Educación.

 

Conformidad

­¿Está conforme con el proyecto de Ley que surgió luego de las modificaciones realizadas por el FA y la bancada de gobierno?

­El texto que aprobó la Cámara de Diputados es bueno. Ahora hay que conformar grupos de trabajo para cumplir con los objetivos y las metas propuestas. Conformar los ámbitos de participación previstos y avanzar en la creación de las instituciones como el Instituto de Evaluación Educativa, el Instituto Universitario de Educación o el Instituto Terciario Superior.

 

­¿El Poder Ejecutivo tendrá en cuenta algunas de las modificaciones realizadas para volver a estudiarlas cuando se apruebe el proyecto?

­Al Poder Ejecutivo le corresponde aplicar la Ley sancionada por el Poder Legislativo. Vamos a dedicar nuestro esfuerzo en aplicar los importantes cambios que se producen.

 

Respuestas a la oposición

La ministra Simon también se refirió a las críticas realizadas por el Partido Nacional en cuanto a la «rapidez» de la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley. En una entrevista publicada esta semana por LA REPUBLICA el senador nacionalista Ruperto Long dijo que «no se puede votar una Ley de Educación en una semana» ya que «una ley de este tipo tiene una duración de hasta veinte años».

 

­El Partido Nacional solicitó al Poder Legislativo poder discutir aún más la Ley de Educación, y acusó cierto «apuro» por parte del gobierno para aprobar la Ley. ¿Qué opinión le merecen estas críticas? ¿Está de acuerdo que con los tiempos de debate parlamentario planteados se podrá obtener una buena ley?

­El Poder Ejecutivo envió el Proyecto de Ley al Parlamento el 2 de junio. No es una semana, son más de cinco meses. Pero, además, la Ley de Educación está en discusión pública desde 2005. Convocamos al debate educativo, se elaboraron borradores y se discutió públicamente. Los partidos fueron convocados y sus representantes participaron de su organización.

Hay tiempos para discutir, tiempos para decidir y tiempos para actuar. Continuar la discusión ahora, es postergar la decisión hasta el próximo período y por ende la inacción en muchos temas. Las reformas que necesita la educación hay que implementarlas ahora. Sobre todo porque no tienen efecto inmediato.

La actual Ley 15.739 ya fue modificada en 1990 para definir la forma de elección de las autoridades. Y no fue por consenso. Salió con votos blancos y colorados, sin discusión ni debate público. Son dos caminos bien diferentes. Este gobierno destinó más de tres años a discutir, elaborar propuestas, hacer cambios y ajustes de un proyecto de ley. La prueba está en que el proyecto que vota el Parlamento no es el mismo que elevó el Poder Ejecutivo. Además es difícil dialogar cuando al otro día de presentada la Ley se dice que «si ganan van a derogarla».

Lo lamentable es que tampoco se avengan a discutir y a votar aquello con lo que sí están de acuerdo. Si no se pueden conformar los entes autónomos para la formación en educación y el Instituto Terciario es porque la oposición no los votó.

Ellos estuvieron veinte años en el gobierno. Hubo ministros de Educación blancos en gobiernos colorados, sin embargo nada propusieron, nunca llamaron a la oposición ni a la ciudadanía a discutir de educación, ni para elaborar una propuesta de ley. La ciudadanía votó al Frente Amplio para cambiar, no para perpetuar lo existente, ni para dilatar los cambios. Sobre todo en algo clave como la educación.

El Proyecto de Ley está pensado con una mirada hacia el futuro. Hay objetivos que nos llevarán quince o veinte años en lograrlos. Pero eso no quiere decir que la Ley dure ese tiempo. Fíjese que la Ley prevé la presentación de otras leyes: la de agencia de acreditación (en la que estamos trabajando), la del Instituto Universitario de Educación y la del Instituto Terciario Superior. Quiere decir que esta Ley no es el final del camino legislativo.

 

Otro rechazo

Además de contar con el rechazo político de la oposición al gobierno, el proyecto de Ley de Educación contó desde su nacimiento como articulado, con el rechazo de la mayoría de los gremios docentes y estudiantiles, que solicitaron un «cogobierno» pleno, sin participación de representantes del Poder Ejecutivo, y que «no exista injerencia», por parte de otras instituciones en la autonomía técnica que tiene la Administración Nacional de Educación (ANEP).

­Los sindicatos avisaron un mayor movimiento de reclamos, entre ellos, la posibilidad de no comenzar las clases el próximo año. Los niños y jóvenes estudiantes parecen entonces, ser los que van a sufrir primero estas medidas. ¿Es posible que el MEC pueda llegar a negociar con los sindicatos para que no se llegue a tal medida?

­El Proyecto de Ley que se votó en Diputados prevé espacios de participación y gobierno infinitamente superiores a los que existen actualmente. En algunos niveles superiores a los que tuvieron antes, como primaria o formación docente (en los que se prevé el cogobierno de docentes, estudiantes y egresados).

Padres, madres, familiares y estudiantes, también tienen espacios en los Consejos de Participación de los centros educativos, en las comisiones consultivas a nivel de cada consejo, se promueve la participación de los estudiantes en los consejos de Educación Media Superior y UTU. Nada de esto existe ahora, ni existió antes.

Cuando convocamos al debate educativo dijimos que la educación es un tema de toda la sociedad. A la hora de definir el gobierno de la educación no es posible reducirlo a docentes y funcionarios. Tampoco es democrático pensar que las mayorías nacionales expresadas en los poderes del Estado no puedan incidir en el futuro de la educación. Promover la democracia participativa no es contrario al respeto a la democracia representativa. Creemos y defendemos la participación de los docentes. Pero no en forma exclusiva.

­¿Y qué pasa con la autonomía?

­La autonomía técnica y administrativa de los Consejos Directivos autónomos está asegurada en el proyecto de Ley. La Constitución dice: «la Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos».

La Ley contempla esto en forma absoluta. No solo por compromiso, sino también por convencimiento. Creemos que es una característica distintiva de la educación uruguaya que debemos preservar. La Ley no le quita al Consejo Directivo de ANEP, ni a la Universidad de la República ninguna de sus potestades actuales.

En el caso de la ANEP,
sí se derivan a los Consejos de Educación varios cometidos que actualmente están en el Codicen como la aprobación de los programas de estudio, la habilitación de institutos de educación privada y el nombramiento del personal no docente.

También prevé la participación de los directores generales en el CDC de la ANEP en forma permanente y especialmente cuando se adopten resoluciones que los involucran. Se delegaron competencias del CDC a los Consejos de la ANEP, todo lo que la Constitución permite.

En el caso de la UTU es aún mayor el cambio ya que además de tener a su cargo la formación profesional, la educación media superior técnica y tecnológica y las tecnicaturas, se le otorgan otras atribuciones que la Ley de Emergencia no prevé como son la de impartir capacitación laboral, producir bienes y servicios, administrar los fondos emergentes de ello, coordinar con otros organismos la formación profesional y participar de los procesos de certificación de saberes. Como se ve, lo opuesto a la falsa acusación de «desmantelamiento».

La Constitución también indica: «La Ley dispondrá la coordinación de la enseñanza». El Proyecto de Ley propone formas de coordinación. Especialmente la creación de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública integrada por el MEC, la ANEP, la Universidad y, cuando estén creados como entes autónomos, los representantes del Instituto Universitario de Educación y el Instituto Terciario.

La Constitución también prevé en su artículo 203 que los Consejos Directivos puedan ser designados o electos. Y el proyecto establece las dos formas: seis electos por el voto secreto del cuerpo docente (dos del Consejo Directivo Central y uno en cada Consejo), tres designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y ocho (integrantes de los Consejos de Educación) designados por el CDC: primero con mayoría especial de cuatro votos, luego de sesenta días con mayoría simple, igual que las venias que otorga el Senado. Por eso el Proyecto define tres principios del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP): la autonomía, la coordinación y la participación.