La mitad del gasto público a fines del período será para políticas sociales

La estrategia de la administración de Tabaré Vázquez, para que «los ciudadanos y ciudadanas ya no fueran consideradas objetos de la compasión y de la asistencia pública sino sujetos de derechos», prevé que la mitad del gasto social de la actual gestión será dirigida hacia políticas sociales, hacia el final del gobierno en curso

«La política social del gobierno actual no jugó un rol subsidiario ni compensatorio, sino que fue eslabón central en definiciones centrales de política económica», se afirmó en el informe. «Factor de gran relevancia es el gasto público», «aumentando de forma importante la participación del Gasto Público Social (GPS)», se señaló.

«En 2004, antes de asumir el gobierno de Vázquez, el GPS representaba un 35.7% del gasto total del Gobierno Central. El gobierno procesó una profunda recomposición de gasto público: al final del período la mitad del gasto público estará vinculado a programas que persiguen objetivos sociales», se confirmó.

El informe preliminar destacó la «correcta administración de los intereses de la deuda pública», y que hubo un «incremento significativo» en la inversión social en niños y adolescentes. El Gasto Público en Infancia, en el año 2004, representaba un 23,3% del Gasto Público Social. Hacia 2009 superaría «el 30%», se estima.

El informe fue hecho por los organismos que integran el Consejo Nacional, que rindieron cuentas «en función de los compromisos contraídos con la ciudadanía».

El «objetivo político y operativo» del informe, presentado en el Banco Central del Uruguay, es «una breve síntesis de las políticas públicas aplicadas en el área social a partir de 2005 y mostrar algunos de sus resultados en diversos campos».

 

Nuevo rumbo y trayectoria

El inicio de la gestión Vázquez en marzo de 2005 marcó rumbo nuevo para las políticas públicas en orientaciones y concreciones que fueron plasmadas, y en la creación del Ministerio de Desarrollo Social, «estructura organizativa que facilita la coordinación de las intervenciones públicas al interior del área social», se indicó.

El Mides ejecutó el Plan de Emergencia Social (finalizado en diciembre de 2007), y ahora el Plan de Equidad, «una verdadera estrategia de justicia e igualdad social».

«Ante la ineficiencia e incapacidad del Estado para articular y coordinar las políticas sociales», el gobierno progresista debió generar diversos ámbitos como el Gabinete Social y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

«Se concibe la política social de modo articulado con la política económica; ambas constituyen dimensiones de un enfoque integral del desarrollo humano». El informe sostiene que antes «se anteponía y se subordinaba la política social a la visión macroeconómica, y peor aún, desde un criterio exclusivamente compensatorio».

«Históricamente, las políticas sociales se desarrollaron, con frecuencia, bajo la forma del clientelismo y el manejo discrecional de los recursos públicos», se acusó.

 

Punto de partida, herencia maldita

La situación social y económica en año 2005 era grave por la crisis económica que afectó la región entre 1999 y 2002. En Uruguay, la crisis dejó al Estado con poco margen de maniobra por su endeudamiento. El deterioro económico regional evidenció las debilidades estructurales del modelo.

En marzo de 2005, el desempleo rondaba casi el 13 %; un 43.7% de los ocupados tenía empleo con limitaciones, por precariedad, inestabilidad, carencia de cobertura social o informalidad.

La capacidad de compra de los salarios había sufrido una caída del 22% entre 2001 y 2004. La pobreza había trepado, durante 2004, al 31,9% de la población, acentuándose entre los menores de 6 años (un dramático 56,5%).

Entre las políticas sociales, recordó el informe, «predominaba falta de planificación, fragmentación y superposición de intervenciones. Existían programas focalizados», pero «desarticulados de cualquier estrategia general».

En consecuencia, fue «necesario atender las emergencias sociales de corto plazo» y a la vez, «iniciar un proceso de rediseño estructural de la matriz de protección social» y «pasar de la emergencia a la equidad como estrategias articuladas una con la otra».