Mides: datos personales de usuarios son confidenciales por mandato legal

«No voy a permitir que nadie ose decir que usaremos los datos», advirtió ayer la ministra Arismendi, al dar comienzo a la presentación de un seminario en el que fueron difundidos resultados finales de la evaluación realizada tras la finalización del Panes, en diciembre de 2007; ya en enero comenzó el actual Plan de Equidad.

La confidencialidad de los datos personales de los usuarios de los programas para la integración que desarrolla el Mides en cumplimiento del programa de gobierno del Encuentro Progresista está garantizada por la Ley Nº 16.616 de octubre de 1994.

Los datos personales de los usuarios del Mides fueron recabados por el Mides y las facultades de Ciencias Sociales, y Ciencias Económicas y Administración, con el objetivo de focalizar subsidios directos y diseñar políticas sociales para atender la situación de fractura de la sociedad que dejó la coalición blanca y colorada.

La imputación de tener la intención de cometer un delito penal fue atribuida en su edición de ayer por el diario «El Observador», mayoritariamente propiedad de varios inversores multinacionales conocidos como «grupo de Navarra» por su afinidad con la universidad homónima de España, que pertenece a la prelatura católica Opus Dei.

«Cada formulario es una persona», dijo Arismendi con voz grave. «Es la vida de un hogar; son sus anhelos y esperanzas», agregó la ministra, que puso como ejemplo otras calumnias lanzadas contra el Mides: recorrer un país «sobrediagnosticado», «carecer de experiencia» y «alimentar la vagancia de los que no quieren trabajar».

 

Confidente hasta por obligación

La ministra Arismendi explicó a los presentes en el seminario, incluidos periodistas de todos los medios escritos y también del matutino referido, que los datos de los usuarios del Mides son trabajados sólo por especialistas que firman acuerdos de confidencialidad antes de sistematizar los resultados obtenidos en las encuestas.

Los formularios contienen los datos de los integrantes de todo hogar subsidiado.

Pero el carácter difamatorio del artículo del matutino estribaría en la vigencia de la Ley Nº 16.616 que prohíbe, ya desde 1994, el desglose de cualquier base de datos estadísticos de modo tal de poder identificar a cada uno de los encuestados.

La misma norma rige para el Instituto Nacional de Estadística, el estatal INE.

Fue la Ley Nº 16.616 que en su artículo 1º creó «el Sistema Estadístico Nacional que se integrará con el Instituto Nacional de Estadística, las Oficinas de Estadística de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y de los Gobiernos Departamentales».

«Tendrá como cometido disciplinar la planificación, elaboración y difusión de las estadísticas que realicen los organismos públicos que lo integran, con la finalidad de que las mismas se ajusten a criterios de integración, coordinación, racionalidad y veracidad», estableció en su artículo 2º. La confidencialidad ya estaba prevista.

El «secreto estadístico» es obligación para «los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional», especifica la norma en el inciso D de su mismo artículo 2º.

Pero la confidencialidad está en que «el secreto estadístico obliga a tratar los datos individuales proporcionados por la fuente de información con la más absoluta confidencialidad, de forma tal de no revelar la identificación de dichas fuentes», de acuerdo a lo aprobado a texto seguido al comienzo de su artículo 3º.

Un alto jerarca del Mides descartó en diálogo con LA REPUBLICA cualquier inicio de demandas judiciales para que el matutino se ajuste a la verdad. «No le vamos a dar prensa a la prensa», dijo el destacado funcionario con ironía. Preguntado por qué la ministra mencionó el tema, dijo: «Porque hoy era el seminario. Justo hoy».