Vecinos protestan porque Saman aún no se mudó

Una delegación de vecinos de la Asamblea de Vecinos de Tacuarembó se reunió ayer con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Carlos Colacce, para plantear su disconformidad por la demora del traslado de la planta de arroz de la empresa Saman.

«Hoy hablamos con el ministro y realizamos una serie de denuncias», dijo a LA REPUBLICA el patrocinante de los vecinos, Cley Espinosa.

Los pobladores reclaman que no fueron incluidos en la Comisión de Seguimiento creada para controlar el plan de traslado. «El ministro nos dio sus explicaciones pero no quedamos muy conformes», dijo Espinosa.

Según el representante, Colacce dijo que existirían dos comisiones, una que controla el traslado y otra que monitorea la situación ambiental de la zona; los vecinos integrarían esta ultima.

Las otras denuncias dan cuenta de la demora en el envío, por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), de la copia del expediente administrativo de las inspecciones realizadas por la dirección desde mayo de 2008. Los vecinos esperan la sentencia del juez letrado de tercer turno, Rafael Torres Leal que, con los expedientes en su poder, podría dictar el cierre inmediato de la planta.

Saman pidió una prórroga hasta el 3 de diciembre para presentar el plan de traslado, y la reubicación estaría totalmente culminada dentro de tres años.

Por otra parte los vecinos también se entrevistaron con el vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, Mario Vera, que les aseguró que Saman, si así lo desea, podría comprar un predio de 30 hectáreas en Paraje Santander, en las afueras de Tacuarembó, por lo que no habría razones para el retraso del traslado.

La otra denuncia que realizaron los vecinos fue que la empresa donó $600.000 a escuelas de Tacuarembó, tres de ellas (Nº6, Nº11 y Nº147) muy cercanas a la planta. «Hay notorias repercusiones en la salud de la población y recién ahora se están haciendo encuestas en las escuelas. Nos parece poco ético que la empresa realice donaciones de más de $50.000 a cada una cuando se está realizando el relevamiento», sentenció Espinosa.

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