Instituciones católicas rechazan participación de docentes en ANEP

La dirección de la educación pareció ser el único tema que dominó la opinión pública en el marco del debate nacional sobre la nueva ley en la materia.

Los sindicatos de docentes y estudiantes reclaman la no participación en los órganos de educación de instituciones privadas de cualquier tipo, algo que se puso de manifiesto con la propuesta de participación de representantes del empresariado en el gobierno de la UTU. Ahora es la educación católica la que remueve las discrepancias, con un reclamo que ayer causó malestar en la interna sindical.

Representantes de la Universidad Católica del Uruguay (Ucudal), del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh) y de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) fueron recibidos ayer por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se discute la Ley de Educación.

En la reunión, los representantes educativos manifestaron su rechazo a algunos puntos del proyecto de ley, que como informó LA REPUBLICA fue aprobado el lunes por la Mesa Política del Frente Amplio (FA) y ya pasó al Parlamento. Los representantes de centros educativos católicos expusieron en la reunión «una serie de cosas positivas que tiene el proyecto de Ley, pero también otras que no nos parecen tanto», dijo el director de Audec, Marcelo Fontona, luego de la reunión.

El reclamo realizado por las instituciones se refiere a la estructura del gobierno de la ANEP; rechazan un cogobierno conformado por docentes (ver recuadro). A su vez piden que la formación de docentes de todas las áreas sea tanto de carácter público como privado.

 

Rechazo

«La educación católica entiende que los trabajadores de la educación no tienen que formar parte del gobierno, y que el gobierno debe ser por parte de los representantes del Poder Ejecutivo, que son en definitiva quienes representan a la ciudadanía», explicó Fontona.

Para los centros educativos católicos, y según fue presentado ayer en el Parlamento, «el gobierno de la educación debe diferenciar roles de la rectoría con el papel de la ejecución», explicó Fontona. En cuanto a la participación docente, dijo «que es aceptada, pero no se puede ser juez y parte».

Los docentes, sobre todo los agremiados, al igual que los estudiantes, reclaman un cogobierno, pero sin participación de los representantes del Poder Ejecutivo. En la actual Ley de Educación de Emergencia Nº 15.862, de 1985, se dispone que el Codicen y los subsistemas se compongan de miembros elegidos por el Poder Legislativo con venia del Senado, pero sin participación de docentes ni egresados.

Los sindicatos, que mantienen sus reclamos e instalaron el lunes una carpa frente al Palacio Legislativo, mostraron su rechazo a la protesta de la enseñanza católica. Osvaldo Nicoletti, del sindicato de UTU (Afutu), dijo ayer a LA REPUBLICA: «A mi parecer, lo que los privados proyectan va en contra del proyecto educativo en manos de quienes trabajan en la educación».

El dirigente sindical dijo que «en esto de la Ley de Educación existe una puja de poderes» y agregó que «la educación privada tiene intereses sobre la educación». Sostuvo que «es la típica puja entre el empresariado y el proletariado».

Por su parte, el dirigente de la Federación de Profesores (Fenapes), Aníbal Merino, cuestionó los reclamos de los centros educativos católicos y expresó: «Si les molesta el cogobierno, ¿por qué no dicen nada del cogobierno que hay en la Universidad?».

Llamó al reclamo de los católicos como una «discriminación» que «no se entiende».

Merino denunció «la injerencia de los actores privados en la educación pública, que se da desde el propio proyecto de Ley», refiriéndose a la creación de un ámbito asesor donde hay representación del empresariado. Destacó además que Uruguay «es un Estado laico, con una educación laica donde la Iglesia no se puede meter».