BUSQUEDA DE SOLUCIONES

Los estados deben construir «una política pública que dé respuesta a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, sobre la base de los fundamentos de la ética y el respeto de los derechos humanos», evitando la criminalización de los menores.

Para ello, los colectivos reclamaron ayer, «a partir de los consensos alcanzados en la región», la «incorporación de los derechos humanos en la política de control social de una infracción» y «la obligatoriedad que estas acciones estén dirigidas a la plena protección de los derechos de los niños y adolescentes infractores o presuntos infractores del régimen penal juvenil».

Las organizaciones solicitan además establecer «mecanismos de control social de la infracción», sobre la base de un sistema de «prevención, políticas compensatorias, acciones y medidas especiales de protección», de forma de «neutralizar la amenaza o violación de los derechos fundamentales de los adolescentes autores o presuntos infractores de la ley penal», expresa.

Además, se pide otorgar efectivamente «las plenas garantías procesales» a los menores, con servicios adecuados de asesoría legal, «condición indispensable para el acceso a la justicia de esta población».

Los colectivos sugieren al Sistema Interamericano, por tanto, «incorporar la preocupación por estas temáticas específicas de infancia como un tema que requiere abordaje propio y no tangencial» y establecer «un informe sobre los estándares mínimos que deben cumplir los estados en materias de justicia penal para adolescentes». Los colectivos exhortaron a las autoridades a visitar los Estados.