Datos desmienten que los adolescentes infringan la Ley cada vez más temprano

Unicef y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) organizaron un seminario que intenta abordar, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, «la problemática del adolescente en nuestro proceso infraccional», según definió el presidente de la SCJ, doctor Jorge Ruibal.

En tanto, el fiscal de Corte, doctor Rafael Ubiría, recordó que aunque la seguridad es innegablemente uno de los temas que más preocupan a los uruguayos, no hay que olvidar que el 90% de los adolescentes infractores poviene de familias con necesidades básicas insatisfechas. «Continuarán el círculo de pobreza, de no mediar estrategias eficaces», afirmó. Ubiría se manifestó de acuerdo con que exista una Justicia especializada en adolescentes en todo el país, aunque aclaró que la creación de fiscalías específicas sería «poco viable» y costosa, dado que el proceso de elección de los fiscales es «muy lento».

 

El proceso judicial

Una representante de la SCJ expuso los datos estadísticos disponibles sobre el procedimiento de adolescentes en el Poder Judicial. Según estas cifras, las resoluciones telefónicas adoptadas por los jueces una vez requeridos por el MI debido a la detención de un adolescente, fueron 629 en 2006 y 1.617 en 2007 (sólo para Montevideo). Algunas de estas resoluciones, además, incluyen a más de un joven.

Un porcentaje pequeño de estas llamadas termina en procesos infraccionales iniciados. Estos fueron, para 2007, 439 en Montevideo y 782 en el Interior. Alrededor de la mitad de estos procesos incluyeron medidas cautelares. A la vez, el 90% concluyó en una sentencia definitiva. El 55% de esas sentencias consistió en medidas privativas de libertad en 2007, tendencia que aumentó notablemente en los últimos años, aunque parece revertirse por primera vez (ver recuadro).

La representante de la SCJ anunció que se están realizando concursos para que los magistrados del Interior también cuenten con equipos multidisciplinarios que los asesoren.

 

En el INAU

Muchos de estos adolescentes cumplen las medidas que define el juez en el INAU, aunque no todos ellos internados en un local del Interj. De acuerdo a los datos presentados por una representante de esa institución, la población de menores infractores atendida tuvo un salto importante en 2005, cuando pasó de 813 a 1.109. En 2007 el total fue de 1.088.

Un dato relevante es que el 63% de esos jóvenes tiene entre 16 y 17 años, mientras que los de 13 no alcanzan a 5%. «Esto demuestra que no se confirma la baja de edades (en la primera infracción a la ley)», afirmó la socióloga Virginia Cura. Por otra parte, la adolescencia infractora está fuertemente masculinizada: En la casi totalidad de los casos son varones.