Rodrigo Arocena propone creación de nuevas instituciones terciarias

La Universidad de la República (Udelar) enfrenta un doble desafío político: tomar posición sobre el proyecto de Ley de Educación, que presentará en agosto al Parlamento, y reformular su propia Ley Orgánica con el fin de modificar su estructura política antes de culminar 2007.

Esto se engloba en un proceso de reforma institucional propuesta por el rector Rodrigo Arocena y apoyada por todos los órdenes.

Si bien en el orden del día de la sesión del Consejo Directivo Central (CDC) del pasado martes estaban ambos puntos, apenas se pudo comenzar a discutir el que tiene que ver con el Proyecto de Ley de Educación, que está en debate parlamentario en la Cámara de Diputados. El rector presentó una propuesta de resolución que deberá ser votada en la próxima reunión del cuerpo, previa consideración de las autoridades universitarias.

 

Sin monopolio

Arocena aclara en su documento que no se pretende que la Udelar «tenga el monopolio de la educación terciaria». Defiende la creación de nuevas instituciones públicas de carácter «terciario, laicas, gratuitas, autónomas, cogobernadas y distribuidas en el territorio nacional».

Agrega en los cinco artículos propuestos en el documento que, en el marco del Sistema Nacional de Educación Terciaria y Pública (SNETP) propuesto en el Proyecto de Ley de Educación, se debe promoverse «la generalización de la enseñanza avanzada, de calidad y conectada a lo largo de toda la vida activa con el trabajo, el ejercicio de la ciudadanía y la realización personal de carácter integral, el acceso a la cultura, la mejora en la calidad de vida». Dice que estas instituciones deben servir como articuladores «de esfuerzos públicos y de la sociedad civil para el enriquecimiento de las modalidades de enseñanza y su diversificación institucional».

En el segundo artículo propuesto por el rector se solicita que se logren acuerdos entre la ANEP y la Udelar para crear Institutos y Programas Nacionales y Regionales de Enseñanza Terciaria Pública.

Dice además que en el ámbito de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública debe funcionar una «subcomisión que actuará como ámbito coordinador del SNETP», integrada por el MEC, el rector de la Udelar y un representante de la ANEP.

El propósito, dice el documento, es impulsar «programas regionales de enseñanza terciaria en áreas como la Agraria, Artística, Salud, Tecnológica, Científica y Social».

 

Formación docente

Como anticipó LA REPUBLICA, la voluntad de algunos órdenes de la Udelar es que la ANEP colabore con la formación docente de los profesores universitarios. Arocena propone en su documento, precisamente en el artículo segundo, que las nuevas instituciones terciarias contribuyan «a la dignificación de la profesión docente, así como a la formación de nivel universitario, la calificación permanente y la evaluación sistemática de todos los docentes de la enseñanza pública desde el nivel inicial hasta el superior».

En el proyecto de ley del gobierno se propone la creación de una Universidad Universitaria de Educación (IUE) que forme docentes para la ANEP y que esté bajo su órbita. Arocena solicitará en su propuesta que la ANEP y la Udelar generen «un programa para la formación de docentes de todos los niveles de la enseñanza pública». Dice al respecto que se deben «proponer planes específicos que combinen ocupación y formación a nivel terciario, en particular en ámbitos de la función pública, ofreciendo nuevas vías para completar estudios y avanzando en la vinculación entre educación permanente y desempeño laboral».

 

Autonomía y cogobierno

En cuanto al Proyecto de Ley de Educación ya presentado, el rector destaca la propuesta la «democratización del conocimiento», entendido este último como «fuente de poder social (que) apunta a superar las desigualdades e injusticias de nuestra sociedad». También subraya las afirmaciones acerca de la «educación como un derecho humano fundamental, como bien público social, y la centralidad del educando en el proceso educativo», así como la «relevancia de los derechos humanos para la formación en todos los niveles». Propone que se considere en el CDC que es «imprescindible ratificar, aunque sea sumariamente, su concepción de la autonomía y el cogobierno». Arocena resalta que en una resolución del propio CDC se defendió la participación de los estudiantes «con edad para ello» en «el gobierno de la educación».