
La iniciativa, largamente discutida, fue aprobada con la totalidad de los votos del Frente Amplio y 7 del Partido Nacional, cuando en sala se encontraban 29 curules.
Por la negativa se expidieron los ediles del Herrerismo y aquellos que representan al sector del ex intendente y actual senador Enrique Antía.
Durante la sesión, el edil del FA Ruben Toledo, dijo que desde la Junta Departamental se están acelerando los tiempos por la importancia del tema.
“En esto creo que se nos va la vida: le va la vida al turismo”, afirmó. Toledo alertó que es muy delicada la situación en Punta del Este, Maldonado, Piriápolis, La Barra, San Carlos o José Ignacio.
Por su parte, el edil nacionalista Javier Sena, uno de los que votó negativamente la iniciativa, fundamentó su decisión indicando que no está de acuerdo con que San Carlos sea una zona testigo, como está previsto, y se lamentó no haber podido contar con más tiempo para analizar el proyecto del Ejecutivo, que tuvo tres años para elaborarlo.
“Para poder hacer este tipo de cosas, generalmente había que usar otra metodología, porque se usa una ciudad grande, como San Carlos, para un experimento”, dijo Sena al tiempo de alertar que otros dos artículos del proyecto le generan muchas dudas porque estarían fuera de lo previsto por el Tocaf y condicionan a las empresas.
“Creo que es un error darle 7 años a una empresa. Porque el gobierno debió, cuando comenzó su periodo, licitar la recolección de residuos, como correspondía, por 5 años, que es lo lógico”, agregó.
En medio de las polémicas desatadas por el asunto, la Lista 23 del PN, recomendó a sus representantes en la Junta, no dar su anuencia al proyecto, al tiempo de realizar diversas puntualizaciones, fundamentalmente en lo que hace a la designación de la ciudad de San Carlos como zona testigo.
Al respecto la Lista 23 afirma que “San Carlos quedaría fuera de la licitación y como consecuencia la tarea de recolección de residuos será realizada directamente por el municipio”. A su entender, “la ciudadanía de San Carlos no puede someterse al riesgo de experimentos o pruebas en un tema tan sensible”, y que “en defensa de los vecinos de la ciudad de San Carlos y de quienes generan fuentes de trabajo en el departamento”, la agrupación recomendó a sus ediles no hacer lugar a la anuencia mencionada.
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