Según EEUU, Uruguay hace "importante esfuerzo" para combatir trata de personas

El Departamento de Estado de Estados Unidos efectuó su evaluación anual de los esfuerzos que los países del mundo realizan para combatir la trata de personas.

«El capítulo Uruguay del Informe sobre Trata de Personas 2008 revela que el gobierno del presidente Vázquez es serio en su accionar para enfrentar este desafío global y proteger a las víctimas potenciales de las redes criminales de tráfico», dijo el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Frank E. Baxter.

 

Capítulo Uruguay

A pesar de alabar los esfuerzos de nuestro gobierno para combatir la trata de personas, el informe ubica a Uruguay en la categoría «Fila 2″, reservada para aquellas naciones cuyos gobiernos hacen esfuerzos para terminar con el fenómeno, aun cuando no se cumple totalmente con las normas mínimas requeridas al respecto en los acuerdos internacionales.

«Uruguay es un país de fuente y de tránsito de trata de hombres, mujeres y menores con el fin de explotación sexual comercial y trabajo forzado. La mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y algunos niños que son objeto de trata desde dentro del país hacia zonas fronterizas y de turismo para explotación sexual. Un organismo de gobierno determinó que existieron familias que habían facilitado la explotación de muchos niños en prostitución. Según se informa, los padres empobrecidos han entregado a sus hijos para servidumbre doméstica y agrícola en zonas rurales. Ha habido trata de mujeres a España e Italia con fines de explotación sexual», indica el informe.

El documento resalta la «muy necesaria legislación contra la trata» que Uruguay sancionó en diciembre de 2007 con el fin de intensificar esfuerzos para «condenar y sancionar estos delitos». Esta norma prohíbe toda forma de trata de personas -además de otras formas de explotación sexual comercial- y establece penas de cuatro a dieciséis años de penitenciaría, las que, según el documento, «son suficientemente estrictas y acorde con las penas estipuladas para otros delitos graves».

Sin embargo, uno de los puntos débiles que se señalan es la falta de asistencia para las víctimas. Expertas en el tema trata de personas en Uruguay, como la asistente social Andrea Tuana y la doctora Diana González Perrett ­así como otros técnicos de nuestro país­ han enfatizado este punto en anteriores entrevistas concedidas a LA REPUBLICA.

 

Recomendaciones

El documento recomienda «continuar aumentando los esfuerzos en la aplicación de la ley contra los delincuentes de trata de personas, identificar los lugares donde se sospecha se realiza la trata de personas y realizar redadas y otras operaciones para rescatar a víctimas de tales situaciones».

Más redes de atención para las víctimas, así como ampliar la capacitación de especialistas en la temática ­incluyendo «jueces y personal encargado del cumplimiento de la ley­ son ejes centrales de estas recomendaciones.

El Departamento de Estado norteamericano también concluyó que el Gobierno «inspecciona los burdeles legales y otros lugares para determinar si hay presencia de menores» y «coopera con las autoridades extranjeras en casos de trata internacional de personas». Afirma, además, que «no existen pruebas de complicidad oficial» en este negocio ilícito.

 

Más para las víctimas

El informe admite que Uruguay cuenta con «limitados recursos» para combatir el fenómeno. No obstante, asevera que los esfuerzos para proteger a las víctimas de trata «continuaron siendo insuficientes durante el año».

«Si bien el Gobierno prestó cierta asistencia a ONG que trabajan en el área (…), la disponibilidad de servicios a las víctimas continuó siendo desigual en todo el país, en especial fuera de la capital. El Gobierno no cuenta con un sistema formal para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables, como mujeres en prostitución o inmigrantes indocumentados», indica.

A su vez, concede que el Gobierno «mejoró en forma moderada sus esfuerzos para sensibilizar al público sobre los peligros de la trata de personas y colaboró con la OMI para combatir la trata de personas en zonas de turismo o fronterizas». Sin embargo, señala que en 2007 «no hubo informes sobre esfuerzos del gobierno para reducir la demanda de sexo por dinero».