PARTICIPACION POLITICA FEMENINA

Los días 14, 21 y 28 de mayo la Cámara de Senadores discutió el proyecto de ley de cuota durante tres prolongadas sesiones, el que finalmente fue aprobado por 28 votos en 30. El proceso de discusión culminó en el acuerdo de que las listas para la integración de las autoridades nacionales y departamentales de los partidos políticos en 2009, y para las elecciones nacionales y departamentales de 2014 y 2015, respectivamente, deben incluir personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, titulares y suplentes.

A través de la aprobación del proyecto de ley se buscó subsanar parcialmente la escasa representación femenina en el Parlamento (12%) dándoles mayores oportunidades a las mujeres de ser elegidas como legisladoras que las que actualmente existen. Diversas son las causas que están en la base de esta asimetría pero sin lugar a dudas dadas las investigaciones realizadas en diversos países que han puesto en práctica la cuota, aumentar la oferta de mujeres elegibles ha sido una estrategia útil para lograr una mayor representación de mujeres.

Los medios de comunicación han hecho un seguimiento cercano de la discusión parlamentaria, de los diversos momentos que experimentó la negociación entre las distintas fuerzas políticas y de los argumentos que avalaron las diferentes posturas y propuestas. Inútil sería reiterar dicha información, que ha sido ampliamente difundida por profesionales de la comunicación. Mi intención es distinta. Quisiera compartir a través de este medio con mis conciudadanas y conciudadanos la experiencia de asistir desde las barras a buena parte del debate y expresar mi asombro, confusión y luego consternación frente a los argumentos y actitudes que se usaron para discutir el proyecto.

Lo primero que me impactó fue escuchar a distintas voces y en diversos tonos alabar a las mujeres, a su papel sacrificado en la familia y en la sociedad, a su vocación de servicio y generosidad como base argumental tanto en pro como en contra de la cuota. Me pregunté, confundida, si las argumentaciones tenían por finalidad legitimar el derecho de las mujeres a ser elegidas y aumentar esas oportunidades con la cuota porque a mi leal saber y entender este derecho estaba ya consagrado. Uruguay ha venido firmando y ratificando acuerdos internacionales en los que el país se ha comprometido a implementar medidas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres y a luchar contra la discriminación de las mujeres. ¿Las mujeres tenemos derechos como ciudadanas a ser votadas para cargos electivos o todavía tenemos que demostrar que este es un derecho que nos corresponde? ¿Existe desconocimiento de los compromisos internacionales por parte de algunos legisladores o hay una premeditada actitud de desacato e incumplimiento a estos acuerdos?

Por otra parte, las cualidades a las cuales se aludía estaban muy alejadas de los atributos que se le piden a los hombres para ser ciudadanos y mucho más distantes aún de las capacidades que se requieren para ser candidatos a legisladores, con lo cual mi confusión se incrementó. Por suerte, la luz se hizo con bastante rapidez. No es que se pensara en modificar los comportamientos cívicos de todos los ciudadanos ni que estas conductas femeninas fueran un aporte a la tarea legislativa. Constituían características biológicas o expresaban vocaciones y aspiraciones diferentes que determinaban que a las mujeres no les guste la política ni el poder. ¡Para qué violentarlas exigiéndoles desempeñarse en tareas que no condicen con su naturaleza y obligarlas a incluirse en las complejas funciones de representación política!

Tanta bondad no podía quedar sin cuestionamiento y se levantaron voces que discutieron estas posiciones. Ante la rebeldía y no acatamiento de tan nobles intenciones las argumentaciones se fueron complejizando y adquirieron otro tono: si las mujeres se metieran en política serían culpables de dejar abandonadas a sus familias, las mujeres no están capacitadas para actuar en el Parlamento, las mujeres deben ganarse su lugar en las mismas condiciones que los hombres, la población se vería en la obligación de votarlas, con lo cual se limitaría la libertad del votante, para cumplir con la ley los partidos se verían obligados a aceptar cualquier postulación incluyendo mujeres de comportamientos dudosos. En la medida que se agregaban argumentos la descalificación hacia las mujeres crecía. Ya no bastaron las palabras como elemento de control. Se usó la fuerza de la institución impidiéndole a las mujeres en las barras usar pañoletas en la cabeza como expresión de rechazo. Las mujeres debíamos escuchar en silencio y no expresar desacuerdo frente a la desvalorización reiterada. En suma, debíamos ser sumisas.

Los acuerdos entre las posiciones se terminaron de anudar en la sesión del 28 de mayo. Nada de lo que se había esgrimido como argumento en contra durante las 15 horas de debate aparece respaldando claramente el articulado que aprueba el proyecto de ley indicando la aplicación del mismo de manera gradual (en 2009 las elecciones internas y en 2014 y 2015 las nacionales y departamentales) y de forma transitoria, cuyos efectos se evaluarán para continuar o no con esta ley.

¿Serán suficientes cinco años para cambiar la biología, modificar vocaciones o desarrollar capacidades complejas? Transformaciones tan profundas requieren en general de largos plazos salvo que se produzcan mutaciones inesperadas. Si estamos de acuerdo en esto, la ley tendría que aplicarse hasta que se equipararan las asimetrías de oportunidades.

Me pregunto si en el Parlamento no pasa lo mismo que en la sociedad y en las relaciones entre las personas. Rara vez los acuerdos surgen de la confrontación de ideas y de su racionalidad explícita. Priman las lógicas del poder y de la fuerza y en ese campo pareciera que todos los medios están permitidos. Más mujeres en el Parlamento, como ya es sabido, implica una menor cantidad de bancas para los hombres y eso es lo que está en juego. Querer mantener una cuota de poder es legítimo.

Lo que no es legítimo es obstaculizar la competencia, negándose a promover y respetar nuestro derecho como mujeres a tener oportunidades para hacerlo.

Este proyecto de ley tiene media sanción y esperamos que pronto se discuta y apruebe en la Cámara de Representantes. Ojalá la discusión aborde con transparencia las dificultades de redistribuir el poder político para que hombres y mujeres podamos ejercer con equidad nuestros derechos.

|*| Ciudadana

En el día de hoy le ofrecí este espacio ­que me brinda todos los miércoles el diario LA REPUBLICA­ a Clara Fassler, feminista, coordinadora de la Red Género y Familia e integrante de la Coordinación Nacional de Seguimiento (CNS): Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía.

Alberto Couriel Senador de la 609 – FA, economista.