REINGENIERIA DEL PODER JUDICIAL

El cuadro adjunto aborda 4 problemas de la reingeniería del Poder Judicial en Latinoamérica. Por razones de espacio no publicamos los 18 países (solicitar, si se desea completo, a [email protected]).

El primer asunto se refiere a cómo se integran los Consejos de la Magistratura o de la Judicatura, los órganos que se han implantado en la mitad de América Latina en los últimos 20 años.

Se deja a las cortes supremas de Justicia el decisivo rol de dictar sentencias, pero la administración de la Justicia, la selección y ascenso de jueces, etc, se le encomienda a otra institución del Poder Judicial.

Una de las ideas implícitas en la instauración de dicha institución es que la independencia de los jueces resulta vulnerable en la medida que el control de las cortes supremas no es sólo sobre los fallos jurídicos en tanto que además dichas cortes tienen a su cargo las facultades de nombramiento, del curso de la carrera y de control del régimen disciplinario de los jueces, lo cual puede convertirse en un mecanismo de presión sobre el contenido de las decisiones que se asumen.

Lo que surge relevante del cuadro es que estos organismos de tradición europea han permitido la participación de la sociedad civil en el nombramiento de los jueces.

En segundo término se aborda el tema de la existencia de Ministerios de Justicia. En 13 de las 18 democracias de Latinoamérica existen. Un continente, sin embargo, donde la politización y partidarización de los jueces es notablemente alta. Ninguna de las funciones de dichos ministerios las tienen que hacer necesariamente ellos, sin embargo, suelen ser puerta de entrada a la presión del poder sobre la Justicia.

Así expresa un importante autor: «Las principales atribuciones conferidas a los Ministerios de Justicia, comunes a numerosos países latinoamericanos, son las siguientes: elaborar, administrar y coordinar políticas y programas vinculados con la prevención del crimen (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú); preparar la legislación del país y su reforma, así como su compilación, clasificación y divulgación (Argentina, Costa Rica, El Salvador y Perú); administrar el sistema penitenciario, ejecutar las medidas privativas de la libertad y desarrollar programas orientados a la rehabilitación de los delincuentes (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú); decretar indultos y conmutaciones de penas (Argentina y Honduras): administrar los registros (Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay); y otras de gran importancia para el sector penal, tales como llevar estadísticas criminales (Argentina, El Salvador). Justicia Penal y transición democrática en América Latina, José María Rico. 1997. Siglo XXI editores.

En tercer término vemos diferentes modos que toma la juridicción de los juicios contra el Estado, de lo contencioso administrativo en diferentes sistemas.

En cuarto término vemos cómo se eligen jueces. Por lo menos en teoría. Es evidente que el Uruguay necesita urgentemente, así como un Tribunal Constitucional y un Consejo de la Magistratura, un sistema de concursos públicos de oposición y méritos para acceder a la calidad de Juez.

|*| Ex Senador, Director

de Jaque y de Posdata