LA JUSTICIA ESTA MAL  DE LA CABEZA

Publicamos hoy un cuadro que nos sirve para analizar cómo se encuentra el desarrollo institucional de la cúpula de nuestro Poder Judicial. Somos de los que pensamos que Uruguay tiene un mejor Poder Judicial que la mayoría de los países de América Latina ­más allá de que lo consideramos peor de cómo es percibido por la gente que, además, no es bien percibido­ pero esa ventaja se debe a factores más vinculados a la cultura política del país que a las reglas de juego del sistema judicial. Estas suelen ser muy pobres y muy malas y no hay construcción futura de una república en serio ni reforma del Estado posible sin una reforma judicial. Es decir, a nivel comparado con América Latina ­lo que es hacerse trampa al solitario pues nos comparamos con una justicia en general perforada por la intromisión política y la corrupción­ tenemos mejor justicia pero peores normas. Y ello se debe al sistema de valores que todavía sostiene al Uruguay. Aunque, como dice Giovanni Sartori, las reglas de juego terminan definiendo a los «sujetos» y, en este caso, de prolongarse malas reglas de juego no veremos otra cosa que el deterioro del sujeto judicial.

No nos referiremos hoy a capítulos de vergüenza de la Justicia nacional como es, por ejemplo, la legislación penal uruguaya, único producto cultural que aúna los resabios del fascismo mussoliniano con la filosofía de los «años de plomo» del cono sur. Nos interesa referirnos a como está diseñada en nuestro país la cabeza del Poder Judicial. Y compararla con los procesos de modernización crecientes que se vienen dando en la región. El cuadro adjunto nos da algunas indicaciones:

 

Necesidad del Tribunal Constitucional.

De las 18 democracias de América Latina, 11 tienen un órgano especial para resolver los temas de constitucionalidad. En 7 países es el Tribunal Constitucional, en otros 4 países es una Sala Constitucional de la Corte Suprema. La cantidad de miembros promedio de las Cortes Supremas del resto de América Latina es de 16 miembros ­contra 5 de Uruguay­ lo que permite no sólo Salas Constitucionales, sino Salas especializadas en derecho penal, civil, laboral, familia. La cúpula del Poder Judicial es así capaz de especializar sus dictámenes.

 

Necesidad del Consejo de la Magistratura

En 9 de las 18 democracias ya hay ­con diferente grado de evolución­ Consejos de la Magistratura. Es decir, la Corte Suprema se especializa en sus dictámenes pero no en las tareas administrativas del Poder Judicial, licitaciones, roturas, cómo funcionan las computadoras, etc. En realidad, tareas mucho más relevantes como la selección de jueces ­un agujero negro en el sistema uruguayo­, la capacitación de los mismos, los ascensos y la carrera de los magistrados así como todo el presupuesto económico del Poder Judicial se constituye en una tarea institucionalmente diferente a la de emitir fallos, razón por la que se viene importando sucesivamente en América Latina una institución europea que son los Consejos de la Magistratura.

 

Necesidad de interactuación de la Justicia con la sociedad civil.

El papel de la sociedad civil es cada vez más relevante. En 4 países no participa en la designación de los miembros de la Corte Suprema ni el Parlamento ni el Poder Ejecutivo (Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana). En otros 9 países no participa en dicha designación el Poder Ejecutivo (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela). En 5 países la lista de candidatos a miembros de la Corte Suprema la hace la propia Corte Suprema, en 4 países el Consejo de la Magistratura (en la elección de dicho órgano suele participar la sociedad civil), en 2 la sociedad civil propiamente dicha (universidades, abogados) y en 1 caso se opta entre nombres propuestos por el Consejo de la Magistratura y la sociedad civil. El Poder Judicial uruguayo necesita mayor especialización en las distintas funciones de su cabeza, precisa mejor selección y formación de sus magistrados ­así como más justos sistemas de promoción­, precisa un nuevo y moderno equilibrio entre sus funciones, se trate de fallos, de fallos calificados, de gestión, y todo apunta al modelo tricéfalo: Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura.