Regularán por decreto las prestaciones mínimas que otorgarán instituciones

Hasta el 19 de abril de 2008 hay 1.263.320 afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). De esa cifra, 717.975 son privados, 66.155 civiles, 6.801 bancarios, 374.548 menores de 18 años, 66.095 pasivos, 31.746 maestros y 3.513 judiciales. Es la primera vez que se supera el millón de afiliados con cobertura de salud en la historia del país.

Jorge Papadópulos es representante del BPS en la Junta Nacional de Salud (Junasa). Es sociólogo y doctor en Ciencias Políticas en Estados Unidos. Ingreso a fines del 2007 en el BPS, luego de ser secretario de comunicación del Partido Socialista.

 

-¿Cuáles son las competencias de la Junasa?

-La Junasa es un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública (MSP), con la característica de que cuenta con la representación del Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de los usuarios, prestadores y funcionarios.

Sobre la regulación y la supervisión, la Junta también tiene competencias específicas. La Junasa es la que otorga la autorización a los prestadores de salud del sistema, aspecto antes administrado por el BPS. Suscribe además los contratos de gestión con las instituciones de salud públicas y privadas. Allí se establecen cuáles son los aspectos que tienen que ser respetados a cambio de la transferencia de las cápitas (cuota salud por afiliado).

Administra además el seguro nacional de salud, fiscaliza la integración de los aportes y dispone el pago de las cuotas de salud. Controla también las relaciones entre los prestadores que integran el sistema. Este establece relaciones de competencia pero sobre todo de coordinación entre las instituciones.

Por ejemplo, si en determinadas regiones hay carencias de cierta tecnología, y existen en ese mismo territorio organismos públicos y privados, se busca que la autorización de la compra pueda estar supeditada a un contrato en la coordinación de esa nueva tecnología que se incorpora en esa región.

También se controla el cumplimiento de las obligaciones y se audita la atención que es brindada a los usuarios, a los efectos de autorizar el pago de las cuotas salud y también tiene la potestad de disponer la suspensión del pago de estas mismas cuotas. Por otra parte, es un receptor de quejas y denuncias por parte los usuarios, así como también establece los mecanismos de solución de controversias entre los usuarios y los prestadores.

 

-¿Cómo se instrumentará el mecanismo de estas quejas y denuncias?

-Hay varias bocas de entrada, porque además la Junta está integrada por los usuarios y entonces hay un espacio de ingreso de las demandas por parte de éstos. En el MSP, por ejemplo, se está tratando de instrumentar que las llamadas sean derivadas según sea competencia de la Junasa o del MSP.

Estamos en el proceso de construcción de una nueva institucionalidad que el país no tenia. Es un desafío interesante y tiene la ventaja de que uno puede crear desde cero una nueva realidad acorde al proyecto político.

Vamos a tener que ir despacio y ganando legitimidad. Creo que eso va a suceder cuando la junta este plenamente constituida.

 

-¿Qué pasa con la representación de los usuarios, donde hay claros enfrentamientos?

-El MSP, la Junta y en particular su presidente (doctor Jorge Basso) están haciendo un gran esfuerzo para lograr el menor nivel de conflictividad. De todos modos es competencia de la Junta, en este primer período, designarlos. Más allá de las potestades de la designación, trataremos de que esto no sea arbitrario, sino que se llegue al mayor consenso posible.

 

-Con los trabajadores la situación actual es compleja, el sindicato de los médicos (SMU) también quiere intervenir en la Junta y todavía no hay acuerdo con el PIT-CNT. ¿Qué opina al respecto?

-Son posiciones distintas dentro de la estructura del sistema sanitario. Esta situación no es nueva porque cuando se constituyeron los mecanismos de representación colectiva de los trabajadores en diversos ámbitos de participación, también hubo intereses heterogéneos dentro de los trabajadores.

Asumo que partimos de que los trabajadores, sean médicos, funcionarios, profesionales, etcétera, puedan llegar a un acuerdo, como se llegó en el pasado. En el BPS también hay un delegado de los trabajadores, que representa una heterogeneidad aún mayor que la que hay dentro del sistema de salud.

 

-¿Cuáles son en este momento las mayores dificultades en el funcionamiento de la Junasa?

-No diría que hay dificultades, sino un desafío muy grande, que es la creación de una institución. No veo dificultades.

 

-¿Qué pasa con la incorporación de las emergencias móviles al SNIS?

-Está en la agenda, como la incorporación de los jubilados, los cónyuges, y hay que ver cómo se va pautando eso en el tiempo. Uno de los grandes desafíos que tiene el sistema sanitario es mejorar el modelo de gestión, la calidad asistencial. Así como hay una primera etapa de integración al sistema de los distintos colectivos, la segunda parte es avanzar en la calidad de la atención.

Toda política pública tiene dos desafíos; el primero es la cobertura, el segundo es la calidad de las prestaciones. Esto es vital: de nada serviría hacer un gran esfuerzo financiero si no podemos avanzar en la mejora de la calidad de atención.

La Junta está recabando toda la información necesaria para la construcción de la línea de base. En el futuro podremos medir cómo es que se avanza en la calidad de la atención.

Va a ser muy importante la incorporación de los actores sociales a la Junasa, porque ellos tienen la capacidad de generar información. Vamos a tener otros lazos de comunicación con la sociedad.

 

-Volviendo a la emergencias móviles, uno de los grandes problemas de su incorporación al sistema es que estas empresas tienen una gran red de atención primaria de salud. ¿Cómo incorporar ese servicio al sistema?

-El primer problema es que cómo se resuelve la Clave uno, o sea la emergencia pura. Todavía no se ha resuelto cómo incorporarla al SNIS.

 

-Incluso hay personas que se han desafiliado a las emergencias, pensando que el servicio está incluido en el Fonasa.

-Lo peor es que hemos detectado que hay algunas instituciones que les han dicho a sus potenciales afiliados que contaban con emergencia móvil.

 

-Eso es mentira

-Exactamente

 

-¿Cómo se controla ese tema?

-Hay que regularlo. En el ministerio existen mecanismos de control desde la década del 20, pero son muy dispersos y no se aplicaron nunca. Ahora se va a hacer un decreto para definir las prestaciones mínimas que tiene que dar el sistema.

Hoy en día buenas partes de las prestaciones mínimas están establecidas en distintas normativas, pero muy dispersas.

Otro tema que hay que controlar es la habilitación de los locales de las instituciones de la salud.

 

-¿Es un problema adaptar la cantidad de afiliados a la estructura de la institución?

-Eso se va a comenzar a regular cuando tengamos los números.

 

-Si alguna institución tiene gente de más, ¿cómo hacen?

-Tendrán que adecuarse, o definir que no pueden crecer más hasta que no tengan la estructura y el espacio adecuados.

Además, sí hay instituciones que han recibido muchos niños. Lo que tienen que ajustar son sus recursos humanos, estructura y demás a ese perfil de población específico, que es distinto a un perfil adecuado para la tercer edad. O sea, la adecuación no es estándar sino que corresponde a la población que se atiende. Esto vale para los re
cursos humanos, así como para la tecnología, la infraestructura, etcétera.

 

-¿Cómo hacer para reglamentar las condiciones laborales de los médicos, un tema muy sensible para esos profesionales?.

-Hay mucho para hacer. El sueño sería que los médicos pudieran trabajaran en una sola institución. Hoy tienen condiciones de trabajo que son, en algunos casos, complicadas. El trabajo en varios lugares no es lo más conveniente para el sistema.

Lo ideal es que las mejoras laborales y salariales no se den en un solo lugar, porque si no estamos generando desigualdades. Lo peor que nos puede suceder es beneficiar demasiado a algunos sectores.