Denuncian resistencia para educar a los presos en algunas cárceles

«El portón 21 se abre, siempre y cuando esté despejado o si no hubo lío en la madrugada», relató una docente del Comcar. El portón 21 parece «una barrera entre el cielo y el infierno», destacó. Ella, junto a otros 60 docentes que trabajan con presos en todo el país, se dieron cita en el cuarto piso del Codicen en una jornada de sensibilización.

Allí se analizaron los distintos procesos que se vienen llevando adelante en cuanto a la educación en los centros carcelarios de todo el país. El último censo a nivel carcelario mostró que el 60% de los reclusos no había completado la escuela primaria y una gran cantidad no sabía ni leer ni escribir. Los docentes, al hablar de sus experiencias positivas, no escondían su emoción y su gratificación en vista de los resultados. Aquellos presos que deciden comenzar a estudiar obtienen, según la pena, además de ese derecho, la posibilidad de acortar su tiempo de reclusión.

«En Uruguay, un 58 % de los presos es reincidente», por lo tanto «nos preocupa mucho, mediante la educación, bajar esta cifra», dijo el director de área de Jóvenes y Adultos de la ANEP, Felipe Machín. Sin embargo, en la charla de la doctora Luisa Dutka, vicepresidenta del Patronato de Presos, planteó una situación un tanto particular: la resistencia de algunos centros penitenciarios para aceptar la incorporación de la educación para los presos. Dutka, quien después de la conferencia aclaró que sus opiniones corrían por su cuenta y no por el PNEL, dijo durante su oratoria que «hay resistencia de algunos centros carcelarios», ya que se plantea por parte de las autoridades que no «quieren problemas: los presos detrás de las rejas».

Destacó también como uno de los problemas ­además del de las condiciones carcelarias­ la frustración de los internos y la influencia del entorno, lo que provoca «deserción». El Patronato de Presos y Liberados brinda actualmente la mayor parte del material didáctico y fungible para que se den clases en las cárceles, por lo que se promueve tanto a los presos encarcelados como a los que cuentan con libertad condicional.

 

Primero la seguridad

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Alvaró Garcé, consideró como «destacable» el logro concretado en los últimos años, con la aplicación de un plan que dota a cada centro con por lo menos un maestro. Dijo que esto «asegura que en todas las cárceles se cumpla la obligación internacional de garantizar el derecho a la educación».

Sobre las críticas de Dutka, Garcé dijo que «algunos establecimientos subordinan los criterios de seguridad por encima del derecho a la educación. Muchas veces dicen que no están dadas las condiciones y se desconoce, en la práctica, este derecho». Agregó que, en general, en los establecimiento de mayor seguridad es donde hay más resistencia a promover la educación.