Política

El presidente Vázquez es un pragmático. No acostumbra combatir con cataplasmas las patologías graves. De ahí su renovada preocupación porque el Parlamento vote de una vez el proyecto de ley de financiación de los partidos políticos.

 

Ciertamente, los legisladores tienen el derecho de tomarse el tiempo que crean necesario ­y su tiempo es un valor que la propia democracia les exige usar con inteligencia y probidad­, aunque todos sepan que el texto en cuestión, en apariencia relegado, mucho significa para el futuro de la vida nacional.

Ahora bien, el proyecto tiene dos partes muy distintas.

Una refiere a cómo se financia la actividad de los partidos políticos, sobre todo en épocas preelectorales, y apunta a que haya una información transparente, inequívoca, disponible para la ciudadanía. El contribuyente debe saber quiénes, actores públicos o privados, ponen dinero en las diferentes campañas. Ese conocimiento generalizado obrará en un doble sentido: pondrá a políticos y donantes frenos inhibitorios a ciertas maniobras que en el pasado fueron comunes y despejará dudas que ahora incomodan a la gente a partir de antecedentes y sospechas.

La otra tiene que ver con lo que ha sido llamado «el acceso democrático a los medios de comunicación». Aquí me inquieta que se confundan dos aspectos que nada tienen que ver entre sí: una cosa es que todos los políticos y todos los partidos tengan, para desarrollar su propaganda, las mismas posibilidades, algo que debería ser inherente a un sistema democrático sano desde siempre; otra cosa es la cobertura noticiosa o de opinión de los medios sobre la política y los políticos. Que el Estado se meta de algún modo en esa cobertura implicaría, literalmente, limitar el derecho inalienable del periodismo de hacer su tarea como le plazca, siempre que se ajuste a la Constitución y a las leyes que la sociedad se ha dado.

No es menor esta diferencia y bueno sería que todos la tuviésemos clara.