Papel y un balde

Las computadoras a las que unos viejos y despreciables represores de la dictadura recibieron, gentil e inexplicablemente, derecho al uso, han causado un debate nacional que está asemejándose a buscarle el pelo al huevo.

El acto más censurable es que esos aparatos estuvieran allí. La razón es simple. Sólo accediendo a ellas se pudo perpetrar la ignominia que hoy repugna a todos. Eso es lo que no tiene gollete. Significa una inequidad. Estos presos deben estar sometidos al mismo régimen que se aplica a los reclusos de todas las cárceles desparramadas por el país.

Entonces aparecen, doliendo como un clavo en la planta del pie, dos preguntas: ¿quién y por qué permitió el ingreso de las computadoras? ¿Acaso ha habido otros privilegios y la mayoría de los ciudadanos lo ignoramos?

A riesgo de que se me interprete mal, digo que me parece más relevante contestar esas preguntas que acumular epítetos y condenas morales sobre el proceder de estos individuos. Ellos son como son; ¿quién cree que cambien? Pero que nadie se llame a engaño: hayan entrado las computadoras con o sin el consentimiento de la autoridad competente, acá estamos ante una falla, un error, un descuido –en la hipótesis más compasiva– de orden institucional.

Hay que ser más cuidadosos. Se está lidiando con gente peligrosa aun entre rejas, que tiene la capacidad latente de hacer daño a las personas y a la sociedad. Olvidar esta verdad, aunque fuere por un momento, es un síntoma preocupante.

Y si la cosa viene por otro lado –militares en actividad que juegan a la mosqueta con sus superiores constitucionales, sea por distraídos, sea por picardía–, el gobierno debe intervenir directamente y con la mayor energía. Estos tipos no son el Negro Collazo, quien cada vez que cayó en cana fue un ejemplo de austeridad y de pudor. Sólo pedía papel para, de tanto en tanto, «armar uno de barba de choclo», y un balde grande porque orinaba seguido y era de meada larga.