Mexico contra el narcotrafico

Por Zidane Zeraoui | Experto en asuntos globales y profesor de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, México. Safe Democracy

Desde que Felipe Calderón asumió la presidencia de la República mexicana se ha desatado un enfrentamiento sangriento entre los grupos de narcotraficantes y las fuerzas del orden, con una clara ventaja hasta el día de hoy del crimen organizado. La problemática mexicana es sumamente compleja y para entender la violencia actual debemos hacer un análisis retrospectivo de la política nacional priísta.

 

Durante todo el período en el cual el Partido Revolucionario Institucional dominó la vida política nacional, el problema del narcotráfico tuvo un perfil bajo. En primer lugar, su principal fuente de ingresos era el consumo norteamericano y la porosidad de las fronteras permitía el traslado sin grandes contratiempos de los enervantes al país vecino. Pero es sobre todo su relación con el poder que nos permite entender la estructura del comercio de drogas en este momento. La venta a nivel nacional era muy limitada tanto por el bajo consumo en estos tiempos como por la poca publicidad dada en los medios de información, bajo el control férreo del Estado, a la cuestión del narcotráfico.

 

El gobierno de Salinas

Por otra parte, en muchos niveles de la estructura gubernamental, que llegó a su punto culminante con el sexenio salinista (1988-1994), la participación de los cuerpos policíacos para proteger y cubrir a las bandas organizadas conllevó a una corrupción sumamente elevada, pero invisible de los sistemas policiales. La corrupción denunciada regularmente en la prensa en la época priísta se refería a las mordidas (en México, pequeña corrupción de los cuerpos policiales; por ejemplo, para evitar multas de tráfico o acelerar algunos trámites), pero no a la complicidad entre policía y narcotráfico que poco a poco se adueñaba de la estructura de seguridad del país. Obviamente, de vez en cuando frente a las presiones de Washington, el gobierno mexicano debía encarcelar a algún narco para dar el ejemplo, como fue el caso de Caro Quintero, pero solamente porque se había asesinado a un agente de la DEA (Fuerza administrativa de Drogas de Estados Unidos, en sus siglas en inglés), Camarena, en suelo nacional.

Sin embargo, inclusive los encarcelamientos no representaban un castigo real, en la medida que desde la prisión, los capos de la droga podían seguir controlando su imperio y además gozar de verdaderas vacaciones en las cárceles con televisión, mujeres, alcoholes, drogas e inclusive comidas desde restaurantes públicos, a condición de pagar todo este lujo.

El esquema desarrollado por la política mexicana funcionó sin trastornar a la sociedad civil mientras no se vendía masivamente droga en México y el dinero se reciclaba tanto en el sistema de la corrupción como en la economía nacional. La culminación de esta estructura de corrupción se dio con el período salinista en donde el propio hermano del presidente, Raúl Salinas, fue uno de los principales organizadores de la venta de drogas y el árbitro entre los grupos que evitaban de entrar en choque entre ellos. La construcción de un aeropuerto de grandes dimensiones en Agualeguas, ciudad natal del presidente Carlos Salinas de Gortari a 100 kilómetros de la frontera estadounidense, era demasiado para el tamaño de la población que no rebasa los 20 mil habitantes. El uso del aeropuerto, se presume, fue para transportar sin trabas (tratándose de un aeropuerto presidencial) la droga.

 

El cambio de actitud de Zedillo

El fin de la Guerra Fría (que cambia el rol asignado a México), la firma del Tratado de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte (que trasparenta las actividades no solamente económicas sino también políticas) y sobre todo el ataque terrorista del 11 de setiembre ­que modifica la visión de Washington hacia la seguridad­, ya no permiten seguir manejando el mismo modelo.

Por un lado cada vez la droga se empezó a vender a nivel nacional tanto por el incremento del nivel del mexicano como por la gran producción de enervantes. Por otro lado, el gobierno norteamericano inició una política de certificación en el combate contra la droga, en la cual México estaba en la lista negra año tras año. Las presiones estadounidenses conducen en primer lugar al gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) a tomar medidas más enérgicas contra el narcotráfico, incluyendo la transferencia de los principales cabecillas a Estados Unidos, lo que cambió totalmente la regla del juego anterior.

 

Nuevos planes

El enfrentamiento con las fuerzas del orden fue limitado a algunos Estados tanto durante el mandato zedillista como durante el siguiente sexenio de Vicente Fox.

Calderón, al asumir la presidencia, tomó una actividad más decidida con el uso del Ejército para combatir al narcotráfico. No era la primera vez que las fuerzas castrenses salían de sus cuarteles para dedicar a la lucha contra el crimen organizado, pero nunca con la magnitud actual. Al asumirse como un súper secretario (equivalente a ministro) de Defensa, el presidente reanuda con la práctica tradicional del presidencialismo mexicano como lo fue Echeverría o Salinas de Gortari, pero en contra del narcotráfico.

El presidente Luis Echeverría Alvarez (1970-1976) se asumió como súper secretario de Gobernación (cargo análogo al ministro de Interior) para la represión interna, en particular la masacre de Corpus Cristo de 1971. Carlos Salinas de Gortari fue un súper secretario de Economía para poder negociar sin trabas el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Actualmente, Calderón enarbola la bandera de la Defensa y recoge su rol de jefe de las Fuerzas Armadas. La decisión de lanzar al Ejército en diciembre pasado en el Estado de Michoacán contra los grupos de traficantes de droga, fue el preludio a esta guerra no declarada que hoy afecta a todas las regiones del país.

Sin embargo, no es la lucha con la delincuencia organizada que constituye la verdadera problemática, sino el rol de muchos de los cuerpos policíacos en ella. En efecto, muchas de las ejecuciones, como la del general en Tabasco, fueron realizadas por policías y no por sicarios. De la misma manera muchos de los atentados son perpetrados por las mismas fuerzas del orden contra sus propios compañeros no envueltos en la red de la corrupción. Las decenas de policías cesados de sus funciones o encarcelados muestran solamente la punta del iceberg de la colisión.

 

Limpiar las corporaciones

Frente a la complejidad de la lucha contra el crimen organizado, México ha buscado una estrategia global, más que nacional. Por una parte, el armamento sofisticado de los sicarios entra por la frontera norteamericana, lo que implica una nula vigilancia de Estados Unidos en sus carreteras meridionales.

Por otra parte, el gobierno de Calderón se ha reunido con sus vecinos o socios latinoamericanos para trazar una política regional. Los días 9 y 10 de abril, en Campeche, al sur del país, los mandatarios de México, Colombia y Centroamérica se reunieron para relanzar el Plan Puebla-Panamá, pero sobre todo en su vertiente de la seguridad colectiva. Durante esta misma reunión, las agencias de seguridad de México y de Colombia conversaron para hacer frente común al crimen organizado debido a la experiencia colombiana.