De piedras y cangrejos

La renuncia impuesta a los directores del Banco Hipotecario por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) no tiene precedentes en las relaciones de este Poder Ejecutivo con sus miembros.

Simultáneamente, se agrava la situación de Juan Carlos Bengoa ­quien se dice sería procesado la próxima semana­ y se descubren claros hechos de corrupción en la Aduana a cargo de Luis Salvo, ambos designados y respaldados por Danilo Astori.

UNO. El cese del Directorio del BHU aparece, a primera vista, como una imposición del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay.-

Según la prensa, desde los ministerios de Economía y Finanzas y Vivienda se pidió al Directorio que diera un paso al costado, que renunciara, para habilitar una correcta y más eficaz aplicación de las directivas en este tema emanadas de la primera de las carteras.

Los directores se reunieron el martes 11 con el Presidente de la República y allí formalizaron la renuncia. Algunas versiones indican que el Presidente no tuvo elección y debió sacrificar piezas políticas de valor relativo menor, en lugar de hacerlo con ministros, que son cuadros importantes a cuidar, tremendamente difíciles de sustituir, sobre todo en este momento crítico, donde se visualiza un desequilibrio de los sectores que integran el gobierno y su entorno político.

La acefalía del Directorio se cubre designando ­provisoriamente­ a los vicepresidentes de UTE, Antel y OSE, los que actuarán hasta la designación de un nuevo plantel titular ­lo que ocurriría en marzo del próximo año­, con personas adecuadas al nuevo perfil de entidad bancaria típica. Así lo expresó el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Jaime Igorra, según lo consigna Brecha del 14 del presente mes.

Una pregunta cae por su propio peso: si los directores cesados actuaron sin la velocidad reclamada desde el Poder Ejecutivo estando abocados de tiempo completo a la tarea, es muy difícil pensar que la situación se mejore con directores de otros entes que no tendrán tiempo, en los tres meses en los que parece se desenvolverá su gestión, para otra cosa que algunos trámites de rutina y realizar «el despacho» de gestiones en curso. Mejorar la gestión, dar más rapidez a la reforma, ser mas eficientes, no es esperable en este poco tiempo para personas que están en otra cosa. Por tanto, ¿por qué no se esperó a tener los sustitutos definitivos para realizar los cambios con la debida prolijidad, el cuidado y el respeto hacia los anteriores directores, lo que en esta circunstancia no parece haber existido? ¿Acaso no se estaban cumpliendo las normas-órdenes de los organismos multilaterales? Quizás se considera mucho más grave infringir las directivas y acuerdos de los organismos multilaterales que poner en cuestión sólidos principios éticos. ¿Otras razones? ¿Discrepancias? ¿Muestras de jerarquías y de poder? ¿Personalismos? Se verá… o no.

DOS. En otro terreno y en paralelo con lo anterior, sigue su curso el juicio a Juan Carlos Bengoa que involucra al ministro Astori, entendiéndose que no ha actuado cuando debió hacerlo para mantener su ámbito de competencia saneado. Astori quemó sus naves al manifestar su respaldo a Bengoa, aunque expresó de viva voz que esperaría el pronunciamiento de la Justicia penal para tomar una decisión al respecto. Es decir: resignó su potestad jerárquica administrativa ante un caso claro de ­por lo menos­ muy graves irregularidades, violaciones a las normas ­como las del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera­, coincidencia de intereses privados con públicos, etcétera.

Increíblemente, antes los graves hechos que están siendo considerados por la Justicia, la agrupación política del ministro resuelve cuestionar al ex secretario general de la Intendencia Municipal de Montevideo, Gustavo Inchusti, acusándolo de haber dado información a la oposición sobre el caso Bengoa, con lo cual se intentaría que el problema central dejara de ser la situación presumiblemente lesiva de los intereses públicos para pasar a ser el supuesto uso político de dicha información.

Por otra parte, actuaciones de los servicios de inteligencia policiales revelaron la existencia de dos bandas mafiosas en la Aduana, que involucran personal con cargos de responsabilidad, mientras el secreto a voces es que existen mecanismos para ingresar mercadería por el puerto, que luego es trasladada a zonas francas, para posteriormente aparecer como mercancía «legal» en el mercado local.

Han pasado dos años y medio de gobierno y aún ahora ­luego que se «cayera» el scanner que habría permitido controlar el contrabando en los contenedores y de que surjan cifras escandalosamente bajas de incautación de droga en la Aduana­ siguen sin tomarse las medidas correspondientes.

TRES. ¿Qué tipo de argumentos existen para explicar que se apliquen estándares tan diferentes? A unos se los despide sin miramientos, por un problema de ritmos; a otros se los respalda y protege poniendo en cuestión un valor esencial reivindicado por la izquierda: la integridad moral. En ese sentido, como bien dijo el Dr. Tabaré Vázquez «podremos meter la pata, pero no la mano en la lata». Sin embargo, supuestas metidas de pata son gravemente sancionadas y, algo más que eso, como supuestas metidas de manos en la lata, y sin duda flagrantes irregularidades administrativas, probadas en sumarios municipales, son defendidas a capa y espada.

Cabe preguntarse por qué para algunos cargos ligados a la lucha contra el crimen organizado se designan militantes frenteamplistas de probada integridad, tales como Jorge Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Drogas; Milton Romani, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas; Ricardo Gil, director de Prevención de Lavado de Activos, mientras en otros, como la Dirección Nacional de Aduanas se designa un hombre que no es del Frente Amplio, como el capitán de navío (r) Luis Alberto Salvo, que ya había sido director de esa institución, entre abril de 2001 y febrero de 2002, cuando el Dr. Jorge Batlle lo sustituyó.

Estamos ante una situación política preocupante: el Poder Ejecutivo toma en ciertos casos decisiones tajantes, sin que estén claramente fundamentadas y, por otro lado, muestra serias debilidades para enfrentar contextos donde existirían procesos de corrupción. Dicha dualidad, seguramente, tiene otras connotaciones que deberían ser analizadas y explicadas a la ciudadanía.

¿En el V Congreso Gral. Líber Seregni ­además de definir la presidencia­ no sería importante debatir y decidir medidas que garanticen que la ética y la probidad republicana, tan caras a nuestro presidente histórico, sigan siendo un pilar fundamental de nuestra identidad frenteamplista?