A tres años…la deuda social continúa relegada

Las políticas sociales están subordinadas a las políticas económicas y en el actual gobierno predominan las opciones del equipo económico, lo que crea contradicciones respecto a la utilización de los recursos públicos. Para mostrar su sensibilidad, el gobierno invoca sus acciones sociales ­insuficientemente financiadas­ a la vez que para mostrar su eficacia, invoca las acciones económicas, a las que subordina cualquier otra consideración. Muestra, en la práctica, que no se puede ir al Sur y al Norte al mismo tiempo.

UNO. Pese a su esencia asistencialista, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) refleja aspiraciones populares y aspectos de un programa de izquierda al buscar erradicar el «Uruguay sumergido en la pobreza extrema».

A través del Ingreso Ciudadano, unos 77 mil hogares recibieron una transferencia monetaria, que comenzó siendo de mil 300 pesos mensuales. Integran el Panes unas 337 mil personas de las cuales 75% son menores de 30 años; y el 60% de los hogares subsidiados está a cargo de mujeres solas. El Panes incluyó además siete programas de asistencia social.

La falta de monitoreo de las contrapartidas fue su flanco más débil: no se pudo controlar que cada beneficiario del Ingreso Ciudadano cumpliera con los controles médicos de su familia, ni con la asistencia a la educación pública de sus niños, como lo establecía la ley. El Panes finaliza el 31 de diciembre de 2007 y también lo harán la mayoría de sus programas: Rutas de Salida, Trabajo por Uruguay, la Tarjeta Alimentaria.

En 2008 comenzará a funcionar el Plan de Equidad, cuyas metas previstas se recortaron en razón de que los recursos asignados en la Rendición de Cuentas bajaron a menos de la mitad: de los 148 millones de dólares pedidos por el Mides, recibirá 70 millones.

En la Rendición de Cuentas de 2006 también se le habían negado recursos al Mides para llevar adelante el Panes: la ministra de Desarrollo Social pidió 50 millones de dólares para reforzar el rubro salarial y 60 millones en materia de gastos de funcionamiento, los que no fueron asignados a esa cartera.

Pese a atender problemas estructurales como si fueran una emergencia circunstancial, el ingreso ciudadano ha generado un impacto positivo, si no hubiera existido dicho ingreso en el primer semestre de 2006 la indigencia hubiera sido 3,7 por ciento y fue 2,6; la pobreza, en cambio apenas descendió, hubiera sido de 28 por ciento y fue 27,7%. (1)

DOS. La educación ha sido puesta en cuestión por aspectos presupuestales e institucionales.

En mayo de 2005, el equipo económico afirmó que «la meta del 4,5 por ciento del PBI no es todo gasto fiscal. Es lo que la sociedad debe apuntar a gastar en educación». (2) De esa forma, incorporando el gasto privado se reducía la parte que debe aportar el Estado, se intentaba así tergiversar las resoluciones programáticas del FA.

Luego se afirmó que sólo se podría llegar a 3,5 por ciento del PBI al final del quinquenio y que faltarían, por lo tanto, 160 millones de dólares. Las críticas desde el sector educativo y de otros sectores populares fueron contundentes. El 29 de agosto de 2005, el Presidente de la República habría ordenado la presentación de un presupuesto que cumpliera con el objetivo de 4,5 por ciento. Nada indica que esa decisión se vaya a cumplir a cabalidad.

En la Rendición de Cuentas de 2006, la mayoría de los parlamentarios del FA y el equipo económico discreparon fuertemente acerca de la ampliación de las partidas destinadas a educación. El Presidente de la República dio una solución «salomónica»: no se aumentó el gasto presupuestal tal como pedía el ministro de Economía, pero se hicieron transferencias de partidas de otros ministerios para sufragar las justas demandas de los parlamentarios.

El anteproyecto de Ley de Reforma Educativa elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura es rechazado por los gremios de la enseñanza, que reclaman niveles de autonomía respecto al poder político similares a los de la Universidad de la República. Junto con la autonomía se exige el cogobierno porque la autoridad deber estar integrada por quienes están comprometidos en el quehacer cotidiano y han participado en la elaboración de las grandes orientaciones y maneras de ponerlas en práctica.

Ambos principios, que ya eran parte de la historia de la educación uruguaya y del programa del Frente Amplio, fueron ratificados por el Congreso de la Educación. Lamentablemente la participación es entendida por una buena parte del gobierno como un mecanismo para escuchar opiniones que no es vinculante. Independientemente de lo que resuelvan los ámbitos participativos y del nivel de representatividad de los participantes el gobierno decide, por sí y ante sí, qué hace y cómo lo hace.

TRES. La reforma para crear un Sistema Integrado de Salud cuenta con el respaldo explícito del movimiento sindical y de todo el Frente Amplio. Quienes cuestionan la actual mercantilización de la salud que profundiza la segmentación social. Según sea el nivel de ingresos es el tipo de atención: hospitales públicos, mutualistas, o empresas privadas.

La primera parte de la reforma otorga asistencia a 30 mil funcionarios públicos y a los hijos menores de 18 años de los trabajadores del sector privado, pero se le cuestiona que en su diseño y elaboración no han participado los trabajadores organizados; que su financiamiento se realiza aumentando el aporte de los trabajadores (3 por ciento los que tienen hijos, 1,5 por ciento los restantes) en tanto no aumenta el aporte patronal; y que se fortalecen principalmente las mutualistas, a las que se afilian masivamente los nuevos beneficiarios del financiamiento gubernamental y no al sistema de salud público, al que no se transfieren esos recursos.

La reforma de la salud pega en la misma herida que abrió la reforma tributaria: los trabajadores de medianos ingresos. Y aplica la misma lógica, la redistribución debe darse entre trabajadores y no se debe afectar al capital.

CUATRO. El análisis de las políticas sociales no puede ignorar que el gobierno deja en manos del mercado las políticas de vivienda y que la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam) ha sostenido una dura lucha en lo que refiere al valor de las cuotas y al cronograma de préstamos.

Como bien Daniel De Souza (secretario general de Fucvam): «Si no se cambia la política de inversión pública se nos obliga a todos a continuar en las manos de los especuladores inmobiliarios. Si el Estado no construye, los que lucran con un derecho humano como lo es la vivienda serán los favorecidos con esta política de «no» inversión que se ve reflejada en el presupuesto del 2007, que aumentó en 300 millones de dólares y no contiene una sola orden para comprar un solo ladrillo.» (3)

CINCO. Cuando en junio de 2005 el ministro de Economía y el presidente del Banco Central firmaron el acuerdo con el FMI que compromete el pago de las obligaciones externas, dejaron de lado la deuda social. Ello se reflejo en el presupuesto quinquenal y en las rendiciones de cuentas subsiguientes.

Una muestra de ello es que, entre marzo de 2005 y setiembre de 2007, el gobierno central pagó por intereses de deuda 50 mil 124 millones de pesos, en tanto, que solo se invirtieron en el Plan de emergencia 5 mil178 millones de pesos, la décima parte. Debe tomarse en cuenta que la cifra pagada por intereses es equivalente al monto total de remuneraciones del gobierno central. (4)

En la dualidad del discurso gubernamental se invocan las acciones sociales ­aunque se las financie en forma más que insuficiente­ para reforzar o atraer la adhesión de los sectores populares y de quienes se asumen de izquierda; a la vez se invocan las acciones económicas para mostrar confiabilidad ante empresarios. Aunque esta última, en los hechos, es la identidad determinante. *

(*) Docente universitari
o, sindicalista y miembro de la red de economistas de izquierda (REDIU)

(1) Semanario «Búsqueda», 22-11-07.

(2) «VII Jornadas de coyuntura económica regional y nacional», Instituto de Economía, mayo 2005, p. 45.

(3) LA REPUBLICA, 5-11-07.

(4) Ministerio de Economía y Finanzas, «Resultados del Gobierno Central», //www.mef.gub.uy/indicadores.php