Cambios económicos y democracia en los gobiernos progresistas de América del Sur

América del Sur es, en los últimos años, escenario de profundos cambios políticos. La Concertación en Chile ya lleva 17 años en el gobierno; Chávez, en Venezuela, ocho años; Lula fue reelecto en Brasil y va por su quinto año de gobierno; los Kirchner se mantienen en Argentina y cumplirán un segundo período; el Frente Amplio en Uruguay, bajo la conducción de Tabaré Vázquez, va por su tercer año de gobierno. Más recientemente acceden gobiernos progresistas en Bolivia y Ecuador con los triunfos de Evo Morales y Rafael Correa respectivamente. Las crisis económicas, financieras y sociales facilitaron la instauración de estos gobiernos progresistas que se pronuncian muy críticamente del neoliberalismo predominante en la década de 1990. Pero también, son fruto de elecciones más libres y más limpias con avances importantes de participación ciudadana. Todos están consustanciados con los principios democráticos. La coyuntura internacional, con altos precios de los productos de exportación, les ha permitido importantes crecimientos de producción, empleo y salarios reales. Pero cada proceso tiene su propia especificidad económica, política y social.

Uruguay, Brasil y Chile centraron sus transformaciones en las políticas sociales tendientes a conseguir mayores grados de igualdad y de equidad combatiendo la pobreza con diversos resultados. En Chile baja sustantivamente la pobreza pero no mejora la concentración del ingreso. Brasil tiene muchas dificultades para mejorar la distribución del ingreso, que resulta ser de las más regresivas a nivel mundial. En Uruguay no hay cifras recientes sobre la distribución del ingreso, pero se constatan descensos en la indigencia y en la pobreza. Ninguno de los tres países se plantea modificaciones relevantes sobre la propiedad de los medios de producción. Las políticas macro-

económicas no han sufrido grandes modificaciones con respecto a gobiernos anteriores. Estas acciones generan dos consecuencias relevantes: no hay modificaciones importantes en las relaciones de poder y se mantienen plenamente los principios democráticos.

Argentina es un caso intermedio. Tiene también políticas sociales para descender los niveles de indigencia y pobreza. No tiene planteos sobre profundos cambios en la propiedad, pero asume una relación más dura con las empresas privadas nacionales y extranjeras. Ha llevado adelante políticas macroeconómicas más heterodoxas, especialmente en materia cambiaria y en políticas activas y selectivas de producción. No hay grandes transformaciones en las relaciones de poder ni se ponen en tela de juicio los principios democráticos.

El caso de Bolivia tiene características distintas porque el proceso de transformación es de otra naturaleza y profundidad. Se trata, nada más ni nada menos, de avanzar en la equidad étnica, de otorgarle a los sectores indígenas mayor participación, mayor poder. Y esto genera tensiones sociales y políticas, y agudiza viejos conflictos regionales. Pero, además, el gobierno de Evo Morales reivindica una mayor participación estatal en la apropiación de los excedentes provenientes de sus principales rubros de exportación. Todo ello significa cambios en las relaciones de poder. Lo relevante es que todo el proceso de cambios se realice manteniendo los principios básicos de la democracia.

El caso de Venezuela es el más atractivo y el que genera más polémicas en el campo nacional e internacional. El presidente Chávez accedió al poder político por la vía democrática. Ganó todas las elecciones en que se ha presentado. Se buscan transformaciones sociales que lleguen a los sectores sociales más desprotegidos. Pero se ha utilizado un lenguaje de confrontación, de permanente disputa más que de acuerdos y negociaciones. Se siente una extraordinaria polarización social, con un lenguaje muy agresivo por ambas partes, que multiplica y profundiza los conflictos sociales. La coyuntura internacional facilita un auge económico pero las disputas políticas y los ánimos exacerbados, más que los cambios económicos, generan incertidumbres en los agentes económicos. La sociedad venezolana decidirá el 2 de diciembre una reforma constitucional con profundas transformaciones permitiendo la reelección presidencial. Ello podría afectar el principio de alternancia en el gobierno pero, a su vez, genera diversas formas de democracia directa y de participación popular. Se plantean diversas formas de referen-

dos: el consultivo sobre diversos temas, el revocatorio después de la mitad del mandato, el abrogatorio con diversas formas de iniciativa popular e institucional. Se plantean nuevas formas de poder popular que se expresan por comunidades, comunas y autogobiernos de las ciudades. Se reconocen y garantizan diversas formas de propiedad: pública, social, colectiva, mixta y privada. Se abren posibilidades de una mayor participación estatal reservándose la exclusividad en materia de hidrocarburos. Se plantea la ley de 36 horas semanales, una mayor concentración de atribuciones a la Presidencia y las aspiraciones de un régimen socioeconómico basado en principios socialistas, antiimperialistas, humanistas, de cooperación, de eficiencia, de protección del ambiente y de solidaridad. No pretendemos un análisis exhaustivo ni una evaluación ni toma de posición sobre estos temas. No hay duda que las modificaciones son profundas y relevantes, que buscan alterar las relaciones de poder. Respetamos el principio básico de la autodeterminación de los pueblos, que es esencial para la convivencia internacional. Observaremos con expectativas el nuevo escenario con la visión más objetiva posible. No la de los medios de comunicación nacionales ni internacionales que pierden objetivi-

dad y que profundizan los enfrentamientos. Pero, a su vez, de acuerdo a nuestra visión de justicia social, de igualdad, de equidad y de organizaciones sociales democráticas, veremos cómo se va conformando el socialismo a la venezolana del siglo XXI, partiendo de que la democracia es un fin en sí mismo, es un estilo de vida que garantiza la diversidad, que permite el respeto y la tolerancia al otro, el de otros valores, el de diversas religiones y culturas.

Este es el gran desafío de los gobiernos progresistas de la región: cambiar las relaciones de poder para alcanzar la tan anhelada justicia social manteniendo los principios democráticos.

Los procesos nacionales son muy importantes. Pero también es muy importante que no interfieran en la imprescin-

dible unidad latinoamericana, en la cooperación política, en las propuestas comunes para las necesarias negociaciones internacionales y para poder efectivizar las potencialidades de integración energética, de infraestructura, productiva, financiera, de investigación científica y tecnológica. La unidad sudamericana y latinoamericana es estratégica para consolidar los cambios y transformaciones que se perfilan en los procesos nacionales. Es vital para negociar en mejores condiciones frente al mundo desarrollado pero también para la construcción regional, compatibilizando y coordinando los proyectos nacionales, y poder transformarlos en proyectos regionales. Esto es lo que puede permitir alcanzar y consolidar una verdadera integración regional. *

(*) Senador del E/609 – FA