Aborto: el debate sigue en pie

El miércoles y jueves pasado, el Parlamento se vio sacudido por la discusión de un controvertido proyecto de ley: el de Salud Reproductiva. No era la primera vez que el debate se instalaba en esta casa. Había sido ya presentado en 2004, pero entonces, y a pesar de las movilizaciones que se realizaron alrededor del Palacio Legislativo, los vientos que corrían eran otros: eran vientos electorales. Aun así, la Cámara de Diputados lo votó favorablemente, por una diferencia ajustada: ganó por 47 votos contra 43. En el Senado, sin embargo, el proyecto fracasó. Y hubo que esperar el cambio de gobierno y la recomposición de las fuerzas en el Parlamento.

En 2007, y luego de una ardua discusión en la Comisión de Salud de esta Cámara, el proyecto fue elevado al plenario, pero no con la unanimidad de los que allí estaban, sino con dos posiciones: una en mayoría y otra en minoría. Curiosamente, la posición en mayoría no fue la del FA (que tiene mayoría en el Senado), sino la que sumó a senadores blancos y nacionalistas, con senadores del FA, y ésta era contraria al proyecto. El informe en minoría estaba firmado sólo por los legisladores frenteamplistas, y era favorable al proyecto. Lo que estaba en discusión era el capítulo más importante y decisivo: el que habilitaba a la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta las doce semanas luego de la concepción. Quienes se opusieron a la votación de este artículo fueron dos senadores de Asamblea Uruguay. Uno de ellos, el senador Alberto Cid, había estado involucrado en la comisión que elevó el proyecto en 2004 y había trabajado codo a codo con los principales impulsores del mismo. Su posición hoy representaba un cambio con respecto a la posición de 2004.

El proyecto (y el capítulo decisivo) no contó con la aprobación del Senado. Hubo empate: 15 a 15, algo que descolocó a las barras, poco familiarizadas con las sofisticaciones del reglamento de las Cámaras, y sobre todo a los integrantes de los movimientos más contrarios al aborto, que no sabían si festejar o no. ¿Qué representaba el empate? Que no se había conseguido la mayoría necesaria. Un voto más hubiera sido necesario.

Las razones que explican la «disidencia» de los legisladores frenteamplistas, al menos las explicitadas por ellos, invocan la amenaza de veto presidencial. Es por no generar un conflicto de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo (en este caso, el Presidente) por lo que estos senadores no votaron el capítulo sobre el aborto. Sin embargo, estas razones no parecen haber sido capaces de modificar la posición del resto de los legisladores frenteamplistas. Y al parecer, tampoco modificarían la posición de los diputados que estarían a favor de despenalizar el aborto, y que podrían, ahora que el proyecto pasa a esta Cámara, volver a incluirlo en la discusión. Así, queda planteado porqué el «veto presidencial» afecta a unos y no a otros. Para quienes defienden el proyecto, enfrentarse al veto presidencial es una lucha que vale la pena dar, cuando están en juego los derechos de las mujeres. Para otros, no es éste el momento. ¿Lo votarían si la amenaza de veto presidencial no hubiera estado esgrimida, si fuera otro el Presidente? Hay dudas, sobre todo cuando uno de los legisladores de Asamblea Uruguay (Baráibar) ha invocado «razones de conciencia».

Sobre las «razones de conciencia» vale hacer algunas precisiones, y para ello el libro «Aborto en debate» 1, presentado en estos días, es una referencia ineludible. Las autoras de este libro, y conocidas militantes por los derechos sexuales y reproductivos, Lilián Abracinskas y Alejandra López, hacen una historia sobre cómo en América Latina, y a partir de las conferencias mundiales sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994 y Beijing, 1995), el tema de la despenalización del aborto fue incorporado en las agendas públicas. También señalan cómo durante la administración Bush las fuerzas conservadoras representadas por este gobierno incluyeron cláusulas de condicionalidad sobre los recursos de cooperación manejados por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid), para impedir el apoyo de la misma a cualquier institución que estuviera involucrada en los temas de aborto. Señalan que ya esta práctica había sido adoptada en 1984, durante la administración Reagan, contra el Fondo de Población de las Naciones Unidas, dada la renuencia de las autoridades de este Fondo a incluir una mención explícita de rechazo al aborto. Señalan asimismo la combinación «fatal» que representa, para todos los temas de salud sexual y reproductiva, la alianza entre la Iglesia Católica y la política internacional estadounidense. Una autora citada en el libro, y que participó del debate en estos días en Montevideo, Sonia Correa, sostiene que «la agenda del conservadurismo moral es hoy tan importante para los halcones de Washington como lo es el petróleo y el unilateralismo». Se destaca asimismo la intervención de la Iglesia y Estados Unidos en países como Perú, República Dominicana y Argentina, para incorporar la definición de persona desde el momento de la concepción en las cartas constitucionales. Y como veremos más adelante, esto de que el «embrión» es una «persona humana» y el aborto entonces es un «asesinato», es una construcción de sentido que forma parte del corazón de las ideologías conservadoras. Así que lo que llaman «razones de conciencia» debería cambiar de nombre: debería llamársele simplemente «ideología».

Pero podríamos ir más allá, y ver cómo la propia Iglesia, en nombre del «derecho a la vida», ha sido bastante contradictoria a lo largo de su desarrollo como institución. El libro de Abracinskas y López hace una historia sobre estas concepciones. Ni San Agustín ni Santo Tomás de Aquino consideraban homicidio el aborto en una fase temprana. De hecho, la idea de que el embrión era ya «un humano» apareció en la Iglesia Católica, recién….¡en 1869! Así, pareciera que un argumento «de principios», como el vinculado al «derecho a la vida», demoró unos cuantos siglos en el seno de la Iglesia para ser formulado. No era, al parecer, ni una verdad revelada, ni un principio evidente en sí mismo. Antes bien, fue una construcción tardía.

Aun así, podríamos sostener que quienes quieran aferrarse a esas concepciones, están en todo su derecho de hacerlo: pero no se la pueden imponer a los demás. Al concebir el aborto voluntario como un delito, estamos sometiendo a toda la sociedad a una ideología conservadora, con base en una concepción religiosa sobre la persona, que es lo último que podríamos esperar de un Estado «laico» como el nuestro.

El proyecto seguirá su derrotero. Vuelve ahora a la Cámara de Diputados, y la lucha recomienza. En Diputados se podrá volver a incluir la discusión sobre el capítulo de interrupción voluntaria del embarazo, y podrá, si los legisladores que en 2004 lo aprobaron por mayoría, vuelven a hacerlo, ser aprobado. Entonces, volverá a Senado y los legisladores de Asamblea Uruguay tendrán una nueva oportunidad de ponerse «en línea», ya no con el Presidente, ni con sus conciencias, sino con lo que la mayoría de la población quiere, y que su propia fuerza política ha defendido desde siempre. *

1 Aborto en debate: dilemas y desafíos del Uruguay democrático. Proceso político y social 2001-2004. Coordinadoras: Lilián Abracinskas y Alejandra López Gómez. MYSU. Montevideo, 2004

* Constanza Moreira. Politóloga. Universidad de la República. Este espacio fue ocupado desde 1999 por los fermentales análisis de Hugo Cores. Ante su ausencia es cubierto por Constanza Moreira como homenaje a su memoria y aporte al colectivo.