El debate latinoamericano

El próximo 26 de setiembre se realizará en Santiago de Chile un seminario sobre políticas para el desarrollo inclusivo y la cohesión social. En dicho evento tendré el honor de participar en un panel sobre el debate latinoamericano junto a Cristina Fernández de Kirchner, Marco Aurelio García, José Luis Machinea y Carlos Ominami. Hay dos temas centrales que no abarcaré en esta nota: el tema de la propiedad que inicia su discusión en el proceso venezolano y el de la distribución del ingreso que tanto preocupa en Brasil y en Chile. Para esta nota señalaré algunos de los grandes temas en debate: el tema de la democracia, las relaciones partido-gobierno, las necesidades de proyectos nacionales, las alternativas a políticas de corto plazo ortodoxas y el proceso de integración.

Uno de los grandes avances de la región en las últimas dos décadas es el mantenimiento y la profundización de la democracia. Esto significa el respeto y la tolerancia al otro, el de otros valores, otras culturas u otras religiones. Consideramos a la democracia política como un estilo de vida, como un fin en sí mismo, arraigada en las distintas sociedades, especialmente en la sociedad uruguaya. Esto hay que defenderlo; son principios básicos que no se pueden perder. A la democracia hay que revitalizarla permanentemente. Tomemos un ejemplo caro para la izquierda latinoamericana. Cuba consiguió avances en materia de democracia económica y social y tiene la más alta esperanza de vida al nacer de América Latina, lo que se considera como una especie de indicador síntesis de la calidad de vida. En cambio no tiene democracia política cuyos principales componentes son el sufragio universal, el pluripartidismo, la rotación de los partidos en el poder político, el gobierno de mayorías y el control de las minorías, las libertades básicas, las garantías de los derechos humanos, el estado de derecho y la independencia del Poder Judicial. La cláusula democrática como elemento de pertenencia al Mercosur fue un avance muy importante y va en la línea de esta propuesta. Queremos avanzar hacia la democracia económica y social, hacia mayores elementos de equidad e igualdad pero asegurando el mantenimiento de la democracia política.

Las relaciones partido-gobierno no es un tema menor para la izquierda latinoamericana. En la actualidad los partidos de izquierda ganan elecciones pero no gobiernan. El Poder Ejecutivo tiene la conducción con el apoyo de las respectivas bancadas parlamentarias. Pero la fuerza política se debilita y no cumple el papel central de apoyo al gobierno ni el control indispensable para garantizar el cumplimiento del programa electoral. Al quedar excluida de los procesos de decisión, la fuerza política pierde capacidad creadora de identidades colectivas, no atiende demandas sociales ni participa en la resolución de los conflictos sociales. Por ello se debilita su capacidad de representación, pierde presencia política y entra en una etapa de desmovilización que afecta uno de los rasgos centrales de los partidos de izquierda. Se limita sus vinculaciones con organizaciones sociales que visibilizan problemas de la sociedad y configuran demandas colectivas, pero que no pueden sustituir ni a los partidos políticos ni al Estado. Si los partidos se debilitan surgen otras organizaciones, como los medios de comunicación, con enorme gravitación y, de alguna manera, los sustituyen. En muchas ocasiones se pasa de la representatividad a la comunicatividad y la sociedad ­con menor participación política­ se transforma en opinión pública. La vida política con influencia de la mercadotecnia se transforma en una especie de teatralización de la política. A nuestro entender, instituciones democráticas centrales como los partidos y el propio Parlamento deben sufrir procesos de revitalización sabiendo que los medios de comunicación llegaron para quedarse. Deben retomar funciones de representación, tener mayor vinculación con la sociedad, mayor democratización interna, mayor capacidad programática y en consecuencia mayor participación en el proceso de toma de decisiones. De esta forma tendrán la capacidad de incorporar intereses, de articularlos y de representar múltiples intereses de la sociedad.

Uno de los desafíos mayores para la izquierda latinoamericana es la carencia de proyectos nacionales que marquen el horizonte de mediano plazo, el rumbo y los caminos para alcanzar los objetivos básicos de una nueva sociedad. En el plano económico esto requiere la necesidad de lineamientos estratégicos que ayuden a conformar una estructura productiva que privilegie la competitividad y el empleo. La velocidad de los cambios tecnológicos necesita propuestas abiertas y flexibles, pero es indispensable la participación del Estado, empresarios y trabajadores para elegir rubros y sectores. Estos deben asegurar la resolución de los grandes problemas del empleo y, sobre todo, facilitar una inserción económica internacional que permita la colocación de rubros con mayor contenido tecnológico. Vivimos en el mundo del conocimiento y de las innovaciones permanentes donde los países desarrollados exportan productos de alta y media tecnología y nuestros países, básicamente, productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. En Uruguay hay quienes definen el modelo chileno como paradigma. Pero Chile presenta muy buena diversificación por países de destino pero muy limitada diversificación de origen en la medida que el 90% de sus exportaciones provienen de productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales y solamente el 6,4% están basadas en manufacturas de alta y media tecnología. Avanzar hacia una flexible conformación de la estructura productiva -como hacen los países del sudeste asiático- permite utilizar políticas activas, sectoriales y selectivas con contrapartidas de resultados para atender los temas de competitividad y empleo. Esto requiere redefiniciones en la política económica. Si siguen prevaleciendo concepciones que privilegian la estabilidad económica como objetivo primordial y suponiendo que el mercado y el sector privado están en condiciones de resolver los grandes problemas económicos y sociales, seguiremos con las actuales carencias de rumbos estratégicos y difícilmente estaremos en condiciones de resolver los grandes objetivos de los gobiernos de izquierda cuya identidad pasa por elementos de equidad, de igualdad y de solidaridad.

Esto significa lograr opciones alternativas a la vigencia de ortodoxas políticas de corto plazo, atendiendo la especificidad de cada país, las causas propias y específicas de sus procesos inflacionarios, la necesidad de que los equilibrios macroeconómicos de carácter financiero no afecten los objetivos de crecimiento y empleo, o sea no privilegiar los objetivos financieros a costa de los requerimientos productivos y sociales de cada país. Probablemente un buen ejemplo de políticas equivocadas lo constituye el uso de la política cambiaria con objetivos antiinflacionarios afectando la competitividad y en última instancia la inserción con mayor valor agregado y contenido tecnológico y dificultando la atención de los problemas del empleo y de los distintos problemas sociales. La Ley de Convertibilidad de Argentina en la década del 90 y las actuales políticas cambiarias de Brasil, Uruguay y Chile son claros ejemplos de estos errores.

La integración latinoamericana constituye un objetivo estratégico para los gobiernos de izquierda. La realidad internacional muestra la existencia de diversos bloques económicos que obligan a la cooperación y unidad de América Latina para las negociaciones económicas y políticas con el mundo desarrollado. La integración es muy importante para la construcción productiva, energética, financiera y tecnológica y debería facilitar una complementariedad productiva que permita exportacio-

nes de mayor contenido tecnológico. Existe un debate sobre la relevancia de tratados de libre comercio, especialmente con EEUU. La integración no significa dejar de
hacer todos los esfuerzos por diversificar las exportaciones por destino, por países y por regiones. Pero esto no requiere necesariamente TLC, donde la negociación bilateral nos hace perder poder de negociación, donde no tenemos políticas para la futura estructura productiva que son necesarias para negociar liberalizaciones sectoriales que pueden limitar la diversificación por origen para una mejor inserción internacional con mayor contenido tecnológico. Pero, además, consideramos negativo el mantenimiento de los subsidios agrícolas en los países desarrollados, y a su vez imponer reglas en materia de propiedad intelectual, de inversiones, de compras gubernamentales y de normas de competencia que afectan el futuro de nuestros países. Por esta razón, las negociaciones comerciales requieren el mayor poder regional posible y para ello la construcción de la integración latinoamericana es imprescindible. *

(*) Senador por el Espacio 609/Frente Amplio