Asociación de Magistrados defendió intervención de la Justicia en el pedido de amparo contra INAU

El fallo que determinó que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) debe resolver la situación de los niños de la calle en un plazo de 90 días, tuvo ayer un nuevo capítulo. La Asociación de Magistrados del Uruguay difundió un comunicado en el que subrayó la obligación de la Justicia de pronunciarse sobre posibles omisiones de parte del Estado. De esta forma, los magistrados responden a algunas críticas vertidas «por algunos actores del sistema político contra la decisión que amparó la demanda del Ministerio Público contra el INAU». Algunos de estos actores habían insistido en que el fallo de la jueza Barcelona «judicializaba» una cuestión que debía resolverse en el terreno político.

 

El texto emitido por la Asociación de Magistrados fue el siguiente:

1- Las resoluciones del Poder Judicial pueden ser objeto de impugnación, a la cual en este caso se renunció expresamente, optándose por la crítica a través de los medios de comunicación y en el ámbito de otro Poder del Estado.

2- La existencia de autoridades encargadas de decidir imparcialmente acerca de si un deber jurídico ha sido o no violado, es imprescindible y el necesario reconocimiento de esa función es indicador de la madurez de un sistema jurídico.

3- En el caso, se tilda de intromisión en las políticas de otros órganos del Estado, a la intervención de quien estaba obligada funcionalmente por la Constitución y la Ley a pronunciarse sobre si existía (o no) la omisión denunciada por el propio Estado, representado por el Ministerio Público.

4- La misión de los jueces es dar solución a las controversias: la actuación u omisión de las autoridades estatales, no es algo ajeno a su competencia y resulta un franco retroceso que cause agravio una decisión del Poder Judicial por señalar defectos en la aplicación de políticas públicas.

5- Al tratarse la jurisdiccional de una función esencial para la Democracia, el desconocimiento que de estas elementales cuestiones institucionales revelan las expresiones antes aludidas, imponen alertar sobre una disfunción para el Estado de Derecho. *