El 25% del presupuesto de la comuna de Maldonado se destina a construir viviendas

El intendente De los Santos explicó claramente que la política de viviendas descansa sobre un concepto de solidaridad y cristalinidad en el proceso de adjudicación. Quienes llegan al departamento de Maldonado tienen el mismo derecho que quienes hace tiempo que están, aunque los últimos contarán con mayor puntaje a la hora de manifestar la aspiración a acceder a una vivienda. Asimismo, sostuvo que la «vivienda transitoria» se construye sólo para quienes no pueden esperar, en tanto que las relocalizaciones de asentamientos obedecen a la recuperación de espacios públicos para el turismo y los servicios, que derivarán en nuevas fuentes de empleo.

Aclaró que es necesario construir una «cadena solidaria» e incorporar al capital privado para soluciones habitacionales dirigidas a familias que puedan cumplir con cuotas de entre $2.500 y $ 4.000.

 

Soluciones sin presión

Durante la conferencia de prensa, en la que también participaron representantes de distintas comisiones de vecinos, el intendente de Maldonado habló con mucha firmeza al referirse a las situaciones de tensión que se han dado en las últimas dos semanas, con vecinos que no aceptan ser realojados, otros que aspiran directamente a una vivienda salteando los planes elaborados y hasta familias que ven cómo se erigen sus casas pero igualmente se manifiestan enérgicamente en la vía pública, llegando a realizar piquetes en rutas de la zona.

«El municipio no va a permitir bajo ninguna circunstancia que una familia quede en situación de calle, aunque tengamos para darle como elementos transitorios cuatro palos y dos chapas. En esa estrategia logramos llevar adelante un plan de viviendas transitorias con la ONG Un Techo para mi País. En ese mismo plan de contingencia es que habíamos construido las ocho viviendas que fueron ocupadas. Junto a otras 32, estas viviendas se van a poder facilitar a quienes se encuentren con un desalojo o una situación de calle», dijo De los Santos.

Esas familias firmarán un contrato «simbólico» por un alquiler de 2 UR. «El contrato es con el Estado y con la comunidad. Cuando esa persona pueda pagar un alquiler o sea adjudicatario por derecho de una vivienda municipal o del Estado nacional, deberá dejar esa vivienda para que otra familia la pueda ocupar», agregó.

 

Las relocalizaciones

El jerarca comunal también hizo referencia a los avances en los procesos de relocalización de decenas de familias que viven en los asentamientos La Selva (Piriápolis), La Vía (San Carlos), Kennedy y El Placer (Maldonado), así como a la regularización parcial en el barrio San Antonio (Maldonado). Al tiempo de proporcionar viviendas decorosas, con estos planes ­algunos de autoconstrucción­ el municipio intenta recuperar espacios públicos de distinta característica y para diversos fines, según la ubicación de cada uno.

Los costos para el acceso a las viviendas es variable, pero en todos los casos accesibles para cada franja. Las cuotas van desde $700 a $1.500 y serán fijadas de acuerdo a una paramétrica que establece un puntaje a cada familia, con base en la cantidad de integrantes e ingresos familiares.

El intendente aclaró además que, sumando solamente terrenos, infraestructura, materiales y mano de obra, cada solución habitacional superará los 10.000 dólares de costo, aunque nadie pagará más de 7.000. Está definido que el saldo sea subsidiado por el resto de los contribuyentes al municipio. A la vez, también surgirán casos en que las condiciones de vida del beneficiario de la vivienda ameritarán que el 100% del inmueble sea subsidiado. Eso ocurrirá en casos de mujeres u hombres jefes de hogar solos, con hijos a cargo, que tengan ingresos por debajo de dos salarios mínimos nacionales, así como jubilados, pensionistas y quienes tengan en la familia algún integrante discapacitado. En este caso, el subsidio de solidaridad «se dará mientras las familias permanezcan en esa situación», explicó el jefe comunal.

 

Avanzan regularizaciones

Un capítulo aparte fue dedicado al tema de la regularización de programas ya concretados. Se hizo hincapié en la necesidad de recomponer la cadena solidaria, permitiendo a quienes han cumplido con sus obligaciones acceder a la documentación que los acredite como legítimos dueños de su vivienda. En tal sentido recordó que ya se envió un mensaje a la Junta Departamental, donde están contenidas diversas opciones para que cada beneficiario de una vivienda otorgada por el municipio pueda pagarla en la medida de sus posibilidades, como forma de retribuir en parte el terreno otorgado, la canasta de materiales o la vivienda. *