El Comité Internacional de Derechos del Niño examinó y observó gestión uruguaya

* En mayo de este año nuestro país compareció ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU) para exponer cómo se está efectuando la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Adolescente. Ayer se dieron a conocer los resultados del análisis elaborado por el comité internacional, que entre otras cosas reconoce que se está realizando una actividad responsable.

La coordinación del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente pasará a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La subsecretaria de ese ministerio, Ana Olivera, será la presidenta del Consejo. Hasta ahora, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fue el organismo responsable de organizar su gestión.

A partir de la creación del consejo, en febrero de este año, se confirmó el compromiso asumido con el organismo del sistema de las Naciones Unidas que vela por la calidad de vida de niños y adolescentes. Desde su creación, Víctor Giorgi, presidente del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) y representante de la delegación oficial de la Comisión de Seguimiento de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, destacó que se retomó el vínculo con el organismo, que había comenzado en 1990 pero no tuvo continuidad. Sin ir más lejos, el último informe se presentó en 1996. Además se respaldaron acciones iniciales, como “el encare de la pobreza, la exclusión, la discriminación y las deficiencias institucionales del Estado”, indicó Giorgi.

Las políticas sociales implementadas por el nuevo gobierno desde su asunción han determinado una reducción de la pobreza de un 10%. A pesar de esta disminución, el porcentaje de niños pobres aún es demasiado alto en nuestro país. Giorgi explicó que Uruguay es un país “con pocos niños, y prácticamente la mitad de ellos vive en condiciones de pobreza”.

Situación de los niños en Uruguay

El doctor Norberto Liwski, miembro del Comité de los Derechos del Niño, fue el encargado de efectuar las Observaciones del Comité con respecto al Informe País. El experto en infancia comenzó argumentando que Uruguay “demoró en el cumplimiento de acciones contra esta emergencia durante un período excesivamente largo”, pero en el último año se unió a “una actividad responsable para hacerle frente”. La creación del Consejo Nacional fue uno de los puntos valorados por las Naciones Unidas para afirmar la existencia de responsabilidad nacional.

Asimismo, desde el comité se argumentó que Uruguay necesita tener presentes las recomendaciones dadas para fortalecer y potenciar los mecanismos que establecen las políticas sociales. Una de las primeras recomendaciones es la necesidad de profundizar la cooperación con organizaciones de la sociedad civil, no sólo a la hora de implementar programas sino al momento de planificarlos. También es necesario fortalecer los vínculos a nivel regional y del Mercosur.

Además, en el comité existe preocupación por que Uruguay profundice los mecanismos de no discriminación, particularmente de niños y niñas afrodescendientes y fundamentalmente en el ámbito de la educación.

La existencia de violencia institucional fue otra de las conclusiones planteadas luego de efectuado el análisis. El organismo de los Derechos del Niño establece la necesidad de políticas permanentes de denuncia y sanciones para erradicar la violencia en las instituciones.

En materia educativa deben ampliarse los programas de salud sexual y reproductiva, puesto que todavía es alarmante la cifra de adolescentes embarazadas. Por otra parte, se considera insuficiente la inversión otorgada por el Estado en educación. Si bien el comité valora la presencia de maestros comunitarios y programas alternativos de enseñanza, considera que continúa siendo muy alto el índice de deserción. Parte del problema puede radicar en la desproporción que existe entre alumnos y maestros.

El comité destacó la necesidad de trasladar la discusión sobre la pobreza infantil a todos los ámbitos educativos, fundamentalmente al universitario y la currícula de posgrados. Además, se indicó que la discusión debe trascender los ámbitos de la academia y estar presente entre los gobernantes, para lograr avances legislativos.

El índice de niños que permanecen privados de su libertad en instituciones carcelarias también alarma al comité. Lo que más preocupa es que no se atenúe la situación con medidas socioeducativas en vez de privativas de libertad.

La difusión y el conocimiento público de las propuestas emitidas por el comité para avanzar en la convención fue resaltada por el propio organismo. En respuesta se realizó una compilación titulada “Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescentes en Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura”, que fue presentada ayer en el Mides. *