La reforma tributaria y la popularidad del gobierno

Hace más o menos dos meses, más de la tercera parte de los uruguayos aún no habían escuchado hablar sobre la reforma tributaria (el 31% en la encuesta de Equipos y el 37% en la encuesta de Factum, publicadas en mayo). Según la encuesta de Equipos, 47% de los uruguayos no sabía cómo la reforma afectaría al país y 55% desconocía cómo los afectaría personalmente. Estas encuestas revelaban asimismo que eran más los que pensaban que la reforma los perjudicaría que aquellos que pensaban que los beneficiaría. Pero también eran más los que pensaban que la reforma beneficiaría al país (29%) que los que creían que tendría un impacto perjudicial o negativo.

A casi un mes de la entrada en vigor de la reforma, los números posiblemente hayan cambiado, y el porcentaje de personas que no han oído hablar de la reforma sea muy inferior al del mes de mayo. No disponemos de datos recientes que indiquen la forma en que esta percepción ha cambiado, y seguramente sería bueno disponer de los mismos durante agosto, cuando la reforma habrá afectado salarios y jubilaciones. Sólo una medición «ex post» dará cuenta del clima de la opinión pública sobre la misma, y sobre esto, no es posible aventurar mayores hipótesis.

Pero el clima de la opinión pública sobre la reforma seguramente estará influido por las manifestaciones en pro y en contra que han invadido los medios y la discusión pública, en particular en estas dos últimas semanas. Un artículo de Darwin Desbocatti del 26 de julio pasado, en «Búsqueda», da cuenta de este estado de situación: «tengo un grave problema», confiesa el periodista: «uno de esos que este país no perdona: no sé qué posición tomar a propósito de la reforma tributaria». El debate entre Gabriel Papa y la Red de Economistas de Izquierda (Rediu) en las ediciones de Brecha del 6, 13 y 20 de julio muestran las profundas discrepancias que existen en el seno de la propia izquierda sobre los beneficios y costos de la reforma. Mientras la Rediu sostiene que la reforma tributaria es regresiva, en la medida en que esencialmente recae sobre trabajadores y pasivos (en «El desencanto uruguayo»), Gabriel Papa afirma que la reforma tiene elementos de equidad innegables («En encanto del desencanto permanente»).

Asimismo, la última edición del semanario «Búsqueda» hace un recuento prolijo sobre la cantidad y calidad de las protestas que se elevan sobre la reforma: de las ONG, de los jubilados, de la Asociación de Funcionarios de la DGI, de la Corriente de Izquierda, de la Asociación de Fiscales, de las Pymes, etcétera. La contratapa, con una entrevista a Fernando Lorenzo, que afirma que la reforma dejará un saldo muy positivo para la izquierda en las elecciones de 2009, contrabalancea el mensaje mas bien negativo del semanario en sus páginas centrales.

Mientras tanto, las encuestas han hecho su aparición en esta semana, con diferencias entre ellas, muy explotadas por los medios de comunicación. Mientras la encuesta de Factum da una caída en la popularidad del Presidente, la consultora Equipos da una caída menor en el respaldo a la gestión y un aumento de la popularidad del Presidente. Las estimaciones sobre la popularidad del Presidente varían en unos cinco puntos porcentuales de una encuesta a otra. En cualquier caso, no hay que olvidar lo esencial. En los últimos veinte años de democracia, la evaluación del gobierno tiene un saldo neto positivo muy importante (el «saldo» refiere a la diferencia entre quienes aprueban la gestión y quienes la desaprueban). A igual período, los gobiernos anteriores de Lacalle, Sanguinetti y Batlle tenían un saldo neto negativo muy importante. La diferencia entre esta gestión y las anteriores, desde el punto de vista de la aprobación de la opinión pública es definitiva. Sin este respaldo, no sería posible administrar una reforma de este tipo. Pero la divulgación de estas encuestas, en este momento, no es neutra políticamente. La gran pregunta es: ¿Cómo afectará la reforma tributaria la evaluación del gobierno y del propio Presidente?

La reforma tributaria aparece hoy como el «talón de Aquiles» del gobierno. Hasta cierto punto, eso refleja un antiguo ­e injustificado­ temor: el de que el FA perdió las elecciones de 1999 por la reforma tributaria. El FA no perdió las elecciones por eso: las perdió porque se instaló el balotaje. Cuando la reforma constitucional de 1996 se aprobó, blancos y colorados sabían que «juntos podían». Eso daban los datos, y eso lo sabían casi todos quienes manejan estadísticas electorales y encuestas de opinión pública. Se sabía que el FA no tenía una intención de voto capaz de superar el 50% del electorado y que los votos blancos y colorados juntos eran más. Luego el FA continuó creciendo (como lo hizo, en forma sistemática, desde 1994) y conquistó el gobierno con el 52% de los votos válidos. Algo cercano a la aprobación del gobierno hoy, a la mitad de su ciclo. Algo que también se refleja en el porcentaje de los posibles electores del FA, según estas mismas encuestas, que lo ubican con un 44% de intención de voto, cifra especialmente alta si se cuentan el número de indecisos y la distancia que separa al FA del Partido Nacional, de más de 12 puntos porcentuales.

Esto no quiere decir que la reforma tributaria no pueda transformarse en un «talón de Aquiles» para el gobierno, y para ello, cuentan varias cosas. En primer lugar, la capacidad de comunicación del gobierno acerca del «sacrificio» que le está pidiendo a una parte de la población para instrumentar una política tributaria que no sólo pretende «ordenar» impuestos (nadie haría una reforma tan ambiciosa con el solo fin de «ordenar» impuestos), sino que pretende ser un instrumento de redistribución. No ha habido hasta ahora ninguna campaña de difusión masiva que le explique a la gente cuál es el objetivo de la reforma, en qué se gastará la plata que se recauda y cuáles serán los beneficios para los uruguayos que exigen el «sacrificio» de unos cuantos. La actitud de «que es obligación de cada uno informarse», según reza la publicidad del gobierno, no ayuda. No condice con la cultura política del ciudadano medio uruguayo. El ciudadano cree que es obligación del Estado que le informe sobre algo que lo afectará. Y en buena medida lo es. Por ello la prédica «liberal» de que cada individuo es responsable de informarse y decidir no funciona bien, no al menos en este país. El Estado tiene la capacidad de imponerle cosas al ciudadano, pero debe, en democracia, «convencer». Hasta ahora, el poder de convicción de la reforma es relativamente débil, aunque sin duda el electorado del FA la aprueba en mayor medida que el resto.

En segundo lugar, las reformas tributarias siempre son un «talón de Aquiles»: no hay nada tan antipático como aumentar los impuestos o reducirle los sueldos y las jubilaciones a una parte de los uruguayos. Los gobiernos de izquierda se han caracterizado por aumentar la presión impositiva, al menos en los estudios de que se dispone sobre las izquierdas en Europa. Pero a cambio, han mejorado la calidad del empleo, han disminuido la pobreza y han redistribuido el ingreso. Por ende, la popularidad de los gobiernos de izquierda descansa en que las «clases populares» sean netamente beneficiadas durante su gestión. Esta es la razón por la que ganan Lula y Chávez, y probablemente lo hará el «kirchnerismo» en Argentina: porque han mejorado las condiciones de vida de porcentajes importantes de la población (y no solamente de los más pobres o de los indigentes). La democracia, según Adam Przeworski, cuando funciona como tal (es decir, cuando la mayoría decide), siempre es un experimento difícil. En un sistema capitalista (como el nuestro) la democracia es estructuralmente dependiente del capital (y eso nos lo recuerda, todo el tiempo, el equipo del Ministerio de Economía). Pero al ser democracia, y existir el voto universal, debe contar con el apoyo de la gente. Así, es un sistema inestable, que requiere de un sistema de «cooperación entre clases». ¿Conte
mpla esta reforma tributaria el postulado político de la «cooperación entre clases»? En países como Uruguay, la clase media siempre será el fiel de la balanza. En agosto tendremos más información sobre cómo reacciona la población a la reforma. Y será entonces el momento en que se evalúen todas las correcciones que sean necesarias. Las correcciones no deben ser pensadas apenas como «perforaciones» a un sistema de tributos que está blindado por una lógica del «debe» y el «haber» de las arcas del Estado. Un país no es una empresa, y la lógica de que «las cuentas cierren», aunque es una lógica responsable, no es una lógica política. La política debe convencer. Y quizá sea eso lo que está faltando. *

(*) Constanza Moreira. Politóloga. Universidad de la República

* Este espacio fue ocupado desde 1999 por los fermentales análisis de Hugo Cores. Su ausencia es cubierta por Constanza Moreira como homenaje a su memoria y aporte al colectivo.