Desarrollo y política

En el año 2004, un Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado «La democracia en América Latina» revelaba que de los dieciocho países latinoamericanos considerados en el informe, todos ellos vivían bajo formas más o menos elementales de régimen democrático. Todos tenían elecciones para designar los cargos electivos (presidentes y congresistas), estas elecciones se daban en forma más o menos regular; existían pocas en las que se hubieran registrado restricciones a la libertad electoral y habían sido hechas bajo el régimen del voto universal y en un contexto de garantías que aseguraban la transparencia de los mecanismos de votación.

Sin duda, la situación de las democracias latinoamericanas en 2004 distaba de ser perfecta, y una mirada puramente focalizada en los procesos electorales no nos dice mucho sobre cómo la democracia funciona en los hechos. Es por eso que nos referimos a formas «más o menos elementales» de régimen democrático. Nos referimos a ciertos requisitos que todos estos gobiernos parecen tener, a despecho de las críticas que se hacen sobre la forma de usar los mismos. Todos estos gobiernos merecen, de acuerdo a estos requisitos, el título de «democráticos», nos guste o no lo que están haciendo, discutamos o no si son populismos de tercera o cuarta generación, si son de izquierda o de derecha, o si tienen líderes autoritarios. Y lo merecen, sobre todo, porque a fines de la década del setenta, sólo en tres de estos países había «democracia» en la forma antes descrita. En la inmensa mayoría de los países de América Latina había dictaduras.

Los procesos de democratización o redemocratización de América Latina encierran muchos déficits, sin duda. No todos los ciudadanos ni organizaciones tienen el mismo acceso a recursos de poder, la capacidad de control de los parlamentos sobre el Ejecutivo es limitada, y en muchos países también lo es la autonomía del Poder Judicial. Asimismo, a menudo el poder de los estados nacionales es débil frente al poder económico de las empresas multinacionales, y altamente dependiente de los organismos multilaterales de crédito. La democracia tiene enormes déficits en la región (y los tiene en casi todas partes del mundo), pero existe democracia, y el presidente y los parlamentos son electos, y en buena parte de estos países ha habido alternancia efectiva de partidos en el gobierno, sin que haya habido hasta ahora golpes de Estado.

Estos procesos no se han dado en el mejor de los contextos. Muchos de los países, a la salida de la dictadura, mostraban déficits económicos y sociales muy graves. El Informe muestra que todos los países de la región considerados son más desiguales que el promedio mundial (los datos son de 2002). En 15 de los 18 países más del 25 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, y en siete de ellos más del 50 por ciento; la situación laboral empeoró en el período de referencia (1990-2002), aumentaron el desempleo y la informalidad, y cayó la protección social (salud, pensiones, sindicalización) de los trabajadores.

El impacto de esta situación económica sobre la legitimidad de los regímenes democráticos no es menor. Así, la preferencia de los ciudadanos por la democracia es relativamente baja, y disminuye entre las personas de menor educación, que se socializaron en períodos autoritarios y que tienen pocas expectativas de movilidad social y una gran desconfianza en las instituciones democráticas y en los políticos. Pero más allá de estas informaciones, todos sabemos, al menos intuitivamente, que la falta de recursos económicos limita la libertad de los individuos y sus derechos. La política y la economía están unidas.

El informe señala que el desarrollo de la democracia depende de que se amplíe de manera decidida la «ciudadanía social», es decir: los derechos sociales, los recursos en materia de empleo e ingresos, el acceso a los bienes básicos como salud, educación, vivienda y alimentación. La pobreza y la desigualdad no son sólo «problemas sociales»: son problemas de la democracia. Frente a ello se señala que la economía debe ser dependiente de la política, y no al revés. Esto significa preguntarnos: ¿Qué economía es necesaria para fortalecer la democracia?

Durante este último lustro, y luego de las crisis financieras que abatieron las economías de la región, nuestros países, incluyendo a Uruguay, asisten a un ciclo de crecimiento económico. En Uruguay el producto cayó un 14% entre 2001 y 2002. En 2003 comenzó la recuperación con un tímido 2,2%. El año 2004 fue de franca recuperación con el 11,8% y el promedio no bajó menos de 5% hasta 2007. El aumento de la pobreza, a diferencia del crecimiento, fue más progresivo: saltó de 18,8% en 2001 a 24,3% en 2002. Pero siguió creciendo aun después de que se había recuperado la senda del crecimiento: a 31,3% en 2003, a 31,9% en 2004 y recién en 2005 comenzó a bajar. Su descenso fue paulatino: bajó a un promedio de 2% por año. Asimismo el desempleo trepó hasta 2003 hasta alcanzar el 18,1%. Luego comenzó a bajar, pero a tasas muy inferiores a las de la recuperación del crecimiento.

Este fenómeno refleja algo parecido a lo que vimos en la primera mitad de la década del noventa: el crecimiento económico se va desvinculando progresivamente de ciertas dimensiones del bienestar social. Así, podemos tener crecimiento económico, sin que éste se traduzca en una mejora sustantiva del «nivel general» de vida de la población. Por lo menos no inmediatamente, y no en la misma proporción.

Es por ello por lo que se precisa crecer cada vez más para reducir los niveles de pobreza existentes. Cuando mayor la desigualdad, mayor crecimiento será necesario para reducir la pobreza existente. Viceversa, cuanto menos desigual es una sociedad, más rápidamente el crecimiento será apropiado por todos.

Frente a ello, la política tiene opciones que manejar, y que tienen que ver con la capacidad de construcción de un proyecto colectivo que atienda al bienestar, no sólo de los «más necesitados», sino de la población en su conjunto. Pero esto no puede hacerse sólo con políticas sociales. Pedirle a las políticas sociales que reduzcan la desigualdad a través de la provisión de bienes públicos para todos, es demasiada exigencia. No sólo no están diseñadas para ello, sino que serían en última instancia incapaces de corregir las fuentes de la desigualdad, que devienen del mismo patrón de crecimiento que el Uruguay. La economía debe estar al servicio de ciertos ideales normativos de bienestar de los ciudadanos, y esto la hace dependiente de las preferencias políticas de los individuos. El desarrollo debe ser funcional a la democracia, y no al revés. *

(*) Politóloga. Universidad de la República. Este espacio fue ocupado desde 1999 por los talentosos análisis de Hugo Cores. Su ausencia es cubierta por Constanza Moreira como homenaje a su memoria y como aporte al colectivo.