Escrito por: GUZMAN LAGUARDA
El artículo único de esta ley, en su inciso primero, establece: “El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare en forma arbitraria, parcial o totalmente el inmueble ajeno, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
Consultado al respecto, el secretario de Fucvam, Daniel De Souza, la calificó como “un horror”. El representante de la federación aseguró que tanto el director de Vivienda como el propio ministro de la cartera están en contra de la ley. “Criminaliza y penaliza la necesidad de un techo, cuando en realidad lo que se debe criminalizar es la falta de inversión en viviendas en nuestro país durante más de dos décadas. El Fondo Nacional de Vivienda, en la época de la dictadura, se destinó a construir en Punta del Este, en Pocitos y en las zonas donde viven las clases altas. Nosotros pedimos que el propio Presidente derogara esta ley, pero finalmente la firmó”, dijo De Souza.
El entrevistado añadió que en plena dictadura de Gabriel Terra se aprobó la versión inicial del actual Código Penal. Su capítulo dedicado a los delitos contra la propiedad de inmuebles (artículo 354) había sido modificado en el último período dictatorial. “En la última modificación se establecía que aquellos que comprobaran que no habían ingresado por engaño podían reclamar el uso de ese inmueble o terreno. Sólo se penaba a las personas si existía clandestinidad, si se ocupaba en la noche, mediante amenaza, violencia, engaño o abuso de confianza”, apuntó.
El secretario general de Fucvam manifestó que la actual ley establece que las ocupaciones pueden ser denunciadas por cualquier persona y en cualquier momento, por lo que “transformó a tres millones y medio de personas en policías. El asentamiento ‘Las láminas’, de Bella Unión, está sobre un terreno perteneciente a la Fuerza Aérea. ¿Qué van a hacer con las 300 familias que viven allí? ¿Las van a echar y van a mandar a todos presos? No se midieron las consecuencias; combaten los defectos y no las causas”, puntualizó.
Consultado acerca de las personas de bajos recursos que ocupan viviendas e inmuebles por necesidad, aclaró que las apoya, y agregó que no está de acuerdo con las ocupaciones “sólo por un tema de anarquía”.
“El director de Vivienda (Gonzalo Altamirano) planteó en 2006 que el problema no era construir, sino acceder a las viviendas, ya que hay casi 80 mil vacías en todo el país. ¿Para qué construir si hay viviendas vacías, y en muchas de ellas no existe un propietario? Un ejemplo claro es Punta del Este. Allí existe el asentamiento más grande del Uruguay (el Kennedy) y el lujo más grande. ¿Por qué no se reparte mejor la torta?”, se preguntó De Souza.
El secretario de Fucvam también señaló que las personas que ocupan, por lo general, no invaden un terreno habitado. “Si hay una finca que tiene varios años sin ocupar, no veo con malos ojos que una familia que vive en la calle se aloje allí. Antes de esta ley, las personas que ocupaban no eran consideradas por la Justicia como infractores, como se las considera ahora. Quienes ocupan lo hacen por necesidad, porque no les queda otra”, afirmó.
El secretario de Fucvam comentó que cuando se votó esta ley, el propio Ministerio de Vivienda envió otro proyecto que establecía que aquellas personas que ocupasen una vivienda por cinco años y que pudieran demostrar que no hubo engaño podrían solicitar que el inmueble pasara a ser su propiedad. “Hay construcciones paralizadas del Banco Hipotecario que están vacías. ¿Por qué no alojar allí a personas en situación de calle?”, sugirió.
De Souza remarcó que esta ley fue aprobada sin consultar a las organizaciones populares, presionados por el lobby de las inmobiliarias y los latifundistas. “Una cosa es la vivienda de interés social y otra es la de interés de lucro. Ellos (el sector inmobiliario) especulan con la tierra y en el mercado inmobiliario”. sostuvo.
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por ayuda mutua (Fucvam) fue fundada el 24 de mayo de 1970 en Isla Mala, una pequeña localidad del interior del país ubicada en el departamento de Florida. Fucvam es la mayor y más activa organización social uruguaya de acción en el campo de la vivienda popular y el desarrollo urbano. Más de 330 cooperativas de base, en distintas etapas de desarrollo en trámite, en construcción y habitadas, constituyen una federación de alcance nacional, con presencia en casi todas las ciudades del país.
El objetivo de Fucvam, según su secretario general, es defender los derechos de la gente en lo que tiene que ver con la vivienda. Como entidad gremial está orientada a dar solución a los problemas de hábitat de los trabajadores.
En este sentido, establece que los derechos de vivienda deben ser conquistados, ejercidos y defendidos.
Fucvam está conformada por 360 cooperativas de viviendas de ayuda mutua de todo el país, conformadas por 20 mil familias.
Por su parte, Julio Villamide, director de la revista “Propiedades”, dijo estar de acuerdo con la Ley 18.116. “Lo contrario a ella es la ley de la selva. Si cada uno que tiene una necesidad insatisfecha sale a solucionarla por la vía de la imposición, esto se transforma en la ley del más fuerte. En un seminario en Colombia pregunté por qué no había ocupaciones ni asentamientos y me miraron raro. Me dijeron que esos delitos no existían porque matarían a toda persona que los cometiera”, puntualizó Villamide.
El especialista entiende que no existen las ocupaciones pacíficas, “ya que apropiarse de lo que no es de uno es delito”. Consultado acerca del pensamiento de Fucvam, que considera que esta ley criminaliza la falta de techo, admitió estar en las “antípodas de sus pensamientos”.
Aunque señaló que la sociedad debe atender a los más débiles, manifestó que estas carencias deben ser solucionadas de manera orgánica. “Critiqué al presidente Sanguinetti cuando en su mandato le entregó los títulos de propiedad a los ocupantes del asentamiento Maracaná. Estoy en contra de esa solución y de los asentamientos. Entregué al propio Ministerio de Vivienda una batería de soluciones alternativas, algunas de las cuales han incluido en su plan quinquenal. Una de mis propuestas es que a aquella persona que no puede pagar un alquiler el Estado le brinde un subsidio económico para que pueda hacerlo, en vez de ocupar. Se han creado partidas presupuestales para comenzar a otorgar estos subsidios, que comenzarían a darse a partir del año que viene”, detalló Villamide.
El entrevistado aseguró que es consciente de que existen personas que no tienen vivienda, pero dijo estar en contra de “las ocupaciones, la anarquía y la ley de la selva”. Agregó que está a favor de esta ley para que exista un orden, pero recalcó, a su vez, el deber de ofrecer alternativas a la gente de menores recursos. “Tampoco se puede mandar preso a alguien si no se le da ninguna alternativa”, finalizó Villamide.
Por su parte, Mónica Xavier, senadora del Partido Socialista, explicó que el objetivo de esta ley, que se discutió en la Comisión de Constitución, era el de lograr seguridad complementaria frente a las ocupaciones de inmuebles en la franja costera. “La generalidad del texto va más allá de ese objetivo que se perseguía, ya que transforma en delito la ocupación en toda las hipótesis. Esto está en contradicción con la política del propio Estado. No fue ese un alcance que se evaluara en la discusión, pero se va a rever con la ley de ordenamiento territorial”.
El proyecto de ley de ordenamiento territorial, elaborado por el Ministerio de Vivienda, se está trabajando en la Comisión de Vivienda. X
avier afirmó que se propone lograr el ordenamiento territorial a nivel nacional, para permitir un mejor aprovechamiento de la tierra como bien social.
“Este proyecto de ley apunta a que exista una normativa del ordenamiento territorial a nivel nacional, que no vulnere la autonomía municipal pero que tenga consonancia con el desarrollo, en lo local y lo regional, y sea acorde a los intereses del país”, explicó.
Consultada acerca de las críticas que la población de bajos recursos realizó a la ley promulgada, aseguró entender el sentir popular, pero admitió que debe existir una política de vivienda que evite las ocupaciones. “Se está trabajando en soluciones, pero aún hay muchas cosas que deben ajustarse”, admitió.
La entrevistada señaló que para abordar mejor la temática hay que comprender a ambas partes. “No es agradable que el territorio de uno sea ocupado por extraños. Pero, por otro lado, hay que ponerse en el lugar de las familias que no tienen un techo donde vivir”, dijo la senadora del Partido Socialista.
La legisladora explicó que se debe hacer una adecuación de la ley para que ésta no implique generalizaciones demasiado grandes. Agregó que para ello hay que adecuar a la ley lo que se conoce como “prescripción adquisitiva”. Esta consiste en “acortar los plazos para que la gente sin vivienda pueda adquirir una tierra ociosa y sin uso”, precisó.
Xavier aclaró además que esta ley, promulgada el pasado 23 de abril, no es retroactiva, y afirmó que no fue aprobada con el objetivo de “considerar a los ocupantes como delincuentes”, sino para dar una “respuesta legislativa” a la situación caótica de las viviendas y terrenos de la costa de nuestro país.
“El objetivo principal era el de proteger las zonas balnearias y garantizar, de alguna manera, la situación de los inmuebles de los balnearios”, remarcó Xavier. *
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