La Rendición de Cuentas

En estos días se viene dando una interesante controversia sobre la Rendición de Cuentas a consideración del Parlamento nacional. La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo contempla un incremento del gasto público, para el año 2008, de U$S 285 millones –U$S 100 millones provenientes del presupuesto quinquenal a los que esta Rendición agrega un aumento de U$S 185 millones–. Estos aumentos priorizan los gastos de la reforma del sistema de salud, del Plan de Equidad y del sistema educativo, marcando una adecuada orientación para atender los problemas sociales heredados del pasado con propuestas originales del gobierno de izquierda.

El análisis de la Rendición de Cuentas en el ámbito parlamentario llevó a que varios grupos del Frente Amplio –el Espacio 609, el Espacio 90, la Vertiente Artiguista y la 1001–buscaran mecanismos a fin de garantizar el cumplimiento de la promesa electoral de que el gasto en educación alcance el 4,5% del PBI. En este contexto, surgen demandas de los organismos de la educación que disponen de iniciativa en materia presupuestal. La ANEP solicitó un incremento de U$S 44 millones y la Universidad de la República de U$S 20 millones.

La propuesta de los grupos del Frente Amplio antes mencionados busca dar una señal a las instituciones educativas con el fin de atender mínimamente sus reclamos, a sabiendas de que se está procesando en la Universidad de la República una importantísima y fecunda nueva reforma universitaria y que se debe contemplar los míseros salarios docentes con el objetivo de aumentar significativamente la calidad de la enseñanza en nuestro país. El futuro está en el conocimiento, en el progreso técnico, en el proceso de innovaciones, en la formación de los recursos humanos y siempre tendremos un gasto educativo limitado ya que, en la actualidad, se plantea en el plano internacional la necesidad de alcanzar el 6% del PBI.

La propuesta que se está analizando en la interna del Frente Amplio es otorgar U$S 30 millones más a las instituciones estatales de la educación –U$S 10 millones para la Universidad y U$S 20 millones para la ANEP–.

La primera controversia sobre esta propuesta proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, que argumenta que un aumento de U$S 30 millones generaría un incremento significativo de la inflación.

Nuestra respuesta sobre este tema abarca diversos conceptos. En primer lugar, estamos viviendo una etapa de muy baja inflación en Uruguay y en la región. Inflaciones de un dígito son muy positivas para asegurar el cálculo económico, la inversión productiva y el crecimiento económico, y Uruguay se encuentra en estos niveles. Si la inflación actual –de alrededor de 6%– pasara a 7%, no generaría ninguna preocupación.

En segundo lugar, la inflación actual es básicamente importada: deriva de los altos precios del petróleo que influyen sobre los costos de la energía y de los altos precios internacionales de los rubros de exportación –que son también de consumo interno– como la carne, el trigo, los lácteos, etcétera. En estos meses se sumaron elementos climáticos que influyeron en la suba de determinados productos como la papa, los morrones y otros rubros aunque, sin duda, son aumentos circunstanciales. En esencia, estamos viviendo aumentos de precios que derivan de aumentos de costos, de precios vinculados a factores de oferta. No hay factores de demanda determinando básicamente los aumentos de precios de la canasta de bienes de consumo.

En tercer lugar, un aumento del gasto público incrementaría la demanda pero este factor, ni en la actualidad ni en la historia de la inflación uruguaya, ha sido determinante. Hoy tenemos una inflación importada que influye como factor de costo, como factor de oferta. Antes influyeron factores de costos, como pueden ser una alta devaluación, procesos de indexación, expectativas desfavorables de los agentes económicos e inclusive pujas distributivas. Es verdad que en el recetario del FMI la inflación es consecuencia de factores monetarios y de demanda, pero siempre tuvieron enormes dificultades para comprobar sus tesis a través de los casos empíricos.

En cuarto lugar, preexiste un argumento de sentido común: el Poder Ejecutivo propone un incremento de U$S 285 millones que no es inflacionario, pero sí lo sería un aumento de U$S 30 millones. En esencia, un incremento de U$S 30 millones en un gasto público anual que oscila en U$S 6.000 millones, de ninguna manera podría causar aumentos inflacionarios que afecten los equilibrios macroeconómicos.

La responsabilidad de los parlamentarios del gobierno nos obliga a buscar un adecuado financiamiento para este moderado incremento del gasto. Habitualmente se buscaría por la vía impositiva, pero en la medida que la reforma tributaria se pone en marcha el 1º de julio, no nos parece pertinente ni oportuna ninguna modificación tributaria. En consecuencia, seguimos los mismos caminos y metodología propuestos por el Poder Ejecutivo. Este plantea utilizar U$S 50 millones de las utilidades del Banco de la República. Como no se conocen aún las utilidades que el banco tendrá en el año 2007, se proyectaron las efectivizadas en el año 2006 que fueron de U$S 116 millones. Como sólo se puede utilizar hasta el 50% de las mismas, se podría contar con U$S 58 millones, o sea U$S 8 millones más que la propuesta del Ejecutivo. Seguramente se puedan utilizar más si tomamos las cifras de utilidades de los primeros meses de 2007 publicitadas en la prensa. Se argumenta que las utilidades son volátiles, no son seguras y se utilizan para gasto permanente. Esto es válido tanto para los U$S 8 millones como para los U$S 50 millones fijados por el Ejecutivo.

Una segunda fuente de financiamiento deriva de la venta del Banco Comercial por U$S 168 millones. De ellos, U$S 98 millones fueron pagados al contado y U$S 70 millones a plazos. Estos últimos fueron otorgados a la Corporación Nacional para el Desarrollo. De los restantes, quedan U$S 88 millones que son una reserva de fondos para gastos por una sola vez, y que pueden atender situaciones muy especiales como, por ejemplo, el reciente acuerdo de Pluna con un inversor extranjero. En la Rendición de Cuentas de 2005 el Poder Ejecutivo planteó un financiamiento de U$S 50 millones, basado en estos fondos, que no han sido utilizados. Nosotros estamos planteando usar solamente U$S 10 millones de este fondo, manteniendo la misma metodología adoptada por el Poder Ejecutivo.

Las compras de Ancap a Pdvsa de Venezuela se pagan de la siguiente forma: el 75% a 90 días o con productos uruguayos y el 25% restante con un financiamiento a 15 años, 2% de tasa de interés y dos años de gracia. Este 25% alcanza a alrededor de U$S 106 millones que Ancap ha utilizado para el saneamiento de su crítica situación financiera heredada del gobierno anterior. En la actualidad se está concretando un acuerdo para que estos fondos pasen al Ministerio de Economía y Finanzas que, en contrapartida, emitiría títulos de deuda pública por esos montos a 15 años de plazo y 2% de tasa de interés que entregaría a Pdvsa. En la medida que el gobierno sigue emitiendo títulos de deuda pública en el mercado financiero internacional, estos fondos aumentarían las reservas o se podrían utilizar para comprar deudas de menor plazo y de más elevadas tasas de interés. Lo que estamos proponiendo es utilizar U$S 94 millones para comprar deuda más cara y usar U$S 12 millones de dólares para el financiamiento de los gastos adicionales de esta Rendición de Cuentas. De esta forma se contemplaría también la benevolencia del gobierno de Venezuela, que nos permite abaratar los costos de la deuda y señalar que una parte se utilizaría en educación y en investigación científica, que es una variable central del futuro desarrollo del país.

El argumento central es atender en parte los requerimientos de las instituciones estatales de educación con un financiamiento original y adecuado, sin generar inflación ni desequilibrios financieros macroeconómic
os e intentando resolver conflictos sociales que no le harían bien a un gobierno de izquierda. *

(*) Senador de la República.Economista