
El 7 de mayo, un niño de apenas cuatro meses falleció en una guardería privada debido a una falla “cardiorrespiratoria”, según informaron fuentes ministeriales de acuerdo con el parte forense. El caso llenó de intriga a la opinión pública y de consternación a las autoridades del MEC, que al tomar conocimiento del trágico hecho designaron un equipo técnico que concurrió a la institución para realizar las averiguaciones correspondientes.
Los técnicos -según un comunicado de prensa con fecha 1 de junio- “mantuvieron una entrevista con la directora y dueña del establecimiento a los efectos de interiorizarse de los pormenores del caso”. Asimismo, “se evaluaron la condición de las instalaciones y la metodología de trabajo empleada en el lugar”. El comunicado agrega que la documentación de la institución “establece que se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Guardarías”, aunque “no ha cumplido con todos los requisitos para alcanzar la autorización, por lo que se trata de un centro no autorizado”.
Como se recordará, el MEC comenzó un censo de centros educativos a la primera infancia que pretende conocer la cantidad de institutos existentes y su forma de trabajo, en el marco de la implementación de un programa curricular básico para la primera infancia que se implementará desde este año.
Según el comunicado enviado por el MEC con respecto al caso, “tras un análisis de los elementos recopilados a través de la revisión documental, visita al lugar y entrevistas con los actores involucrados, la Dirección de Educación del MEC llegó a la conclusión que las condiciones de trabajo del centro, los criterios de admisión de niños menores de un año, así como las condiciones para su atención, que incluía la ausencia de cobertura médica (…) no reunían los requisitos mínimos de funcionamiento”. Esta determinación provocó que la Dirección de Educación del MEC clausurara el centro. Posteriormente, la Secretaría de Estado convocó a la directora del instituto privado para el día 9 de mayo, pero ésta “no compareció”. En el comunicado se informa que la directora del centro sí compareció al día siguiente, cuando se firmó un acuerdo de cierre temporal en las condiciones propuestas por la Dirección de Educación.
A su vez, el 23 de mayo la Comisión Honoraria de Guarderías, que controla y fiscaliza los centros escolares privados y está integrada por delegados del MEC, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) fue informada sobre las actuaciones del caso.
Allí, según el comunicado, “se dio lectura de una carta firmada por 44 padres de niños atendidos en el centro fechada el día 17 de mayo, en la que se solicita su reapertura”. En la edición de Telenoche del 24 de mayo, el informativo dio a conocer que el centro “se encontraba nuevamente abierto”, lo que contradecía la información surgida desde el MEC. Fuentes ministeriales comunicaron a LA REPUBLICA que las autoridades del jardín de infantes “habían regularizado la situación”. Esta versión se confirma en el comunicado de prensa fechado el 1 de junio, ya que el centro “había actualizado su documentación administrativa”.
En virtud de estos elementos, se resolvió su habilitación “con la condición de que con anterioridad a la reapertura tuviera lugar una reunión con los padres y familiares de los niños que asisten”, para que todas las partes sean informadas sobre la situación del centro escolar.
La reunión se efectuó el lunes 28 de mayo en el MEC. *
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