Los derechos humanos en la encrucijada

Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército el Día del Ejército (el 18 de mayo) y la Marcha del Silencio (el 20 de mayo) fueron los hitos principales de una semana en la que el tema de los derechos humanos estuvo a la orden del día.

Algunos de los dichos del comandante del Ejército cayeron como un balde de agua fría sobre buena parte de la opinión pública, en especial, las referidas a las «extemporáneas y parcializadas interpretaciones históricas» por las cuales el Ejército ha sido juzgado duramente, siendo que sus actuaciones «respondieron a la acción de aquellos sectores de la sociedad que intentaron derrocar a gobiernos democráticos a través de las armas» (cita textual del discurso en www.mdn.gub.uy) .

Otra vez lo mismo. Como si la ocupación del Palacio Legislativo el 27 de junio de 1973 por efectivos de la Región Militar Nº 1 hubiera sido una respuesta a la acción de los «grupos armados». Como si la década larga que transcurrió entre 1973 y 1984, y en la cual las FFAA ejercieron el gobierno de facto pudiera justificarse por los «enfrentamientos» entre guerrilla y Fuerzas Armadas. Como si la violación sistemática a los derechos humanos durante la dictadura (incluyendo la tortura y los asesinatos, ahora sabemos que «en masa»), pudieran ser justificados en nombre de alguna razón de Estado. Como si la revisión de la «historia reciente» fuera el resultado de una tergiversación de hechos, que hablan por sí mismos. Baste para ello el testimonio de Wilson Ferreira Aldunate ante el Congreso de los Estados Unidos en 1976, sobre la magnitud de la represión en Uruguay. «El número de presos políticos puede calcularse con seguridad entre 5 y 6 mil. Ello le asigna al Uruguay, en relación a la población, el mayor porcentaje de presos entre todos los países del mundo… Desde la instalación de la dictadura, han pasado por las cárceles entre 50.000 y 60.000 uruguayos… es como si ello le hubiera ocurrido en los EEUU a 5 millones de hombres y mujeres» (en «El exilio y la lucha», Ediciones de la Banda Oriental, 1986).

El discurso del comandante en jefe del Ejército señala que el «Ejército de hoy pretende ser justamente valorado por la sociedad». Bien, sobre eso estamos de acuerdo. Pero reivindicar que «el Ejército es y ha sido uno solo en el tiempo», como señala Rosales, no ayuda. Francamente, nadie quiere hoy a las Fuerzas Armadas del pasado. Esto lo demuestran claramente los estudios de opinión pública. Las Fuerzas Armadas en el Uruguay, a la salida de la dictadura, eran una de las instituciones con mayor desprestigio, y con razón. Lentamente fueron evolucionando en la opinión pública hasta alcanzar niveles de desconfianza menores. Por eso, reivindicar la actuación de las Fuerzas Armadas en el pasado, no es un buen camino.

Sin embargo, hay algunos movimientos que parecen ser contradictorios. Por un lado, las Fuerzas Armadas han participado junto a técnicos, académicos y políticos, en un debate durante el año pasado del que surgió, el proyecto de la nueva Ley de Defensa Nacional. A ello debiera acompañarle una propuesta sobre la reestructura orgánica de las Fuerzas Armadas, tendiente a regularizar la carrera dentro del organismo, en función a criterios de méritos y trayectoria. Este proceso está en marcha, y lo ha iniciado con cierto éxito el actual gobierno. Pero el tema de los derechos humanos parece interponerse a cualquier revisión «crítica» de las Fuerzas Armadas por sus actuaciones en el pasado, como si esto fuera solamente motivado por «el odio, la venganza y la incredulidad» que se han unido, en palabras del comandante para «evitar, que como sociedad, superemos revisionismos y realidades descontextualizadas que nos anclan al pasado».

Ningún futuro se construye si no es en base a una revisión del pasado. Y cuanto más neguemos el pasado, más presente estará para nosotros. Es por ello que, desde hace veinte años, se realiza la Marcha del Silencio. Y es por ello que se ha vuelto cada vez más multitudinaria. Los desaparecidos siguen desaparecidos, salvo raras excepciones. Es cierto también que se han hecho investigaciones, se han enjuiciado militares, y el propio Informe 2007 de Amnistía Internacional destaca estos avances. El mismo señala que «aunque continuó vigente la Ley de Caducidad de 1986, que impedía la apertura de procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad por actos cometidos en el período de gobierno militar (1973-1985), algunas decisiones judiciales revelaron avances en la lucha por la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado» (en www.thereport.amnesty.org). Pero la propia consigna de la marcha «¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado», evidencia todo lo que falta aún para llegar a la verdad.

Sabemos que un impedimento para ello lo constituye la propia Ley de Caducidad. La misma hace depender las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos (y sólo sobre algunas de estas violaciones: las referentes a los desaparecidos y los menores secuestrados), de la voluntad del Poder Ejecutivo. Mientras se tenga un gobierno con voluntad para hacerlo, como el actual, se procederá a las investigaciones. Pero, ¿y si el gobierno no quiere? Entonces no procederá a hacerlo. Así es: en virtud de la Ley de Caducidad, las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos quedarán sujetas a la voluntad política del gobierno de turno. Los derechos humanos son derechos básicos de la persona, y no debieran estar sometidos a la voluntad de un gobierno, sino que deberían ser vigilados independientemente del signo político del mismo. Es por ello que existen leyes internacionales que regulan estos derechos, y también sabemos, como lo dice el Informe de Amnistía Internacional, y lo dijo la representante regional del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en marzo de 2007, que la Ley de Caducidad debe ser «revisada», o más bien, derogada o anulada.

Los argumentos sobre la forma en que el pueblo la «refrendó» son insuficientes, y hasta cierto punto, falaces. La primera frase de la Ley de Caducidad, artículo 1, dice que la misma surge «como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984″. Este pacto fue realizado bajo un gobierno de facto. Ninguna ley aprobada en un Estado de Derecho debería reconocer la legitimidad de un pacto hecho en condiciones de fuerza. Y claro está que la noción de «caducidad» expresa exactamente esto: que el Estado uruguayo no se sintió capaz (declaró «caduca» su pretensión) de juzgar a militares y policías por los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985. No es que no quisiera hacerlo: es que no se sentía «capaz». Este es el espíritu de la ley, y en ello radica la actual caducidad de la Ley de Caducidad: el Estado hoy se siente capaz de juzgarlos. Y los militares y policías no tienen más remedio que someterse al Poder Judicial. Por si fuera poco además, la actitud de la población hoy es otra. Si la ciudadanía tuviera que votar otra vez, otro sería el resultado. Ya una encuesta realizada en agosto de 2005 por Equipos Mori revelaba que más de las dos terceras partes de los uruguayos estaban de acuerdo con la investigación sobre el destino de los ciudadanos uruguayos desaparecidos, y un 60% de los entrevistados con el juzgamiento de los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. Existen varios caminos para la anulación o derogación de la ley, y el gobierno tiene derecho a reclamar, una y otra vez, que se comprometió a «no derogarla», sino a aplicarla. Pero la Ley de Caducidad está en el tapete. Y evidentemente, se está volviendo caduca. Más tarde o más temprano, gobierno y ciudadanía deberán revisarla. Y esto parece inevitable.

Será quizá en ese momento en el que, según palabras de Rosales, «se concrete esa reconciliación de los orientales que pide el señor Presidente». *

*Politóloga. Universidad de la República. Esta columna fue escrita desde 1999 por Hugo Cores. Ante la ausencia notoria de su pluma, le hemos solicitado a Constanza Moreira, como homenaje y aporte, ocupar este espacio durante el corriente año.