Reelección

La semana pasada se escucharon varias declaraciones sobre la posible candidatura a la reelección del actual Presidente Tabaré Vázquez, a raíz de la divulgación de una encuesta de Cifra que registraba un clima de opinión altamente favorable a la misma. El gobierno se encuentra a «mitad de camino» y es inevitable que surjan especulaciones sobre la fórmula electoral con la que el Frente Amplio llegará a las elecciones de 2009. Las especulaciones sobre la reelección giran en torno a cuatro temas: el clima de opinión pública, las cuestiones constitucionales y jurídicas que entraña, las cuestiones normativas o de principios y las cuestiones de conveniencia política.

La fórmula de reelección supone una reforma de la Constitución vigente, dado que la misma prohíbe expresamente la reelección inmediata (artículo 152 de la Constitución), aunque habilita a la reelección en el período siguiente (así fue reelegido, cinco años después de concluir su primer mandato, Julio María Sanguinetti en 1994). Las reformas constitucionales tienen cuatro vías para ser aprobadas. Una primera vía es la votación del proyecto de reforma en el Parlamento por dos tercios de cada Cámara, y la realización de un plebiscito posterior, que ratifique el texto. Este es el camino por el que fue aprobada la reforma constitucional que consagró el balotaje y la separación entre elecciones municipales y nacionales en 1996. Esta alternativa no sería viable en este momento, dada la oposición del Partido Nacional y el Partido Colorado a una reforma de este tipo y al hecho de que el Frente Amplio sólo tiene mayoría simple en ambas cámaras. Las otras dos vías son similares, ya que suponen una resolución por plebiscito, junto con las elecciones de 2009, pero emanan de fuentes diferentes; las llamaré la iniciativa «ciudadana» y la iniciativa «legislativa». La primera, bastante conocida para los uruguayos, requiere la firma del diez por ciento de los habilitados en el padrón electoral, para que se someta un texto o enmienda constitucional a la consulta popular. Esta fue la forma usada para la última reforma constitucional (la llamada «reforma del agua»), y por las organizaciones de jubilados en 1989 y 1994. La iniciativa «legislativa» exige la aprobación por los dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, y luego la realización de un plebiscito ratificatorio en la elección de 2009. Ambas iniciativas están abiertas para los «reeleccionistas», y son viables: el Frente Amplio tiene ese porcentaje en ambas cámaras, y también puede utilizar la vía de recolección de firmas con tal fin. El problema de ambas vías es que la reforma se votará simultáneamente con la elección de 2009, y el FA naturalmente, deberá presentar otra fórmula para concurrir a la misma. Por consiguiente, el elector del FA no sabrá bien a quién estará consagrando como Presidente y Vicepresidente con su voto.

Finalmente, está la cuarta forma, que se consagra en el artículo 331 de la Constitución, y que es la Convención Nacional Constituyente. Esta permite a los legisladores y al Poder Ejecutivo aprobar un proyecto de reforma por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General, pero el mismo deberá ser discutido por una Convención Nacional Constituyente, elegida para tal fin. Esta fórmula ha sido usada en el Uruguay en el pasado, pero también ha sido utilizada en varios países de América Latina (recientemente Bolivia, Venezuela y Ecuador). El texto que emana de esta Convención deberá ser luego ratificado por el voto de la mayoría de los ciudadanos. Este mecanismo supone la realización de al menos dos elecciones nacionales, y un plazo no menor a dos años hasta la aprobación de un texto definitivo. Es por ello que está pensado para procesos de reforma constitucionales complejos, que alteran no una sola cosa (como el artículo 152, en nuestro caso) sino que entrañan una revisión profunda de la Constitución vigente ⁱ.

La síntesis que resulta de estas alternativas de fórmulas constitucionales no es demasiado prometedora para el Frente Amplio, y le genera varias complicaciones (además de la que ya tiene, que es gobernar). Descartando la Convención, las vías que parecerían abiertas para una reelección en este momento son las de la iniciativa «popular» y las de la iniciativa «legislativa». La primera supone un esfuerzo de militancia considerable, tendiente a la recolección de firmas; la segunda supone un acuerdo muy amplio entre legisladores del FA para apoyar la reelección. Pero más allá de estas dificultades, lo cierto es que cuando se llegue a la elección de 2009, la reforma aún no estará aprobada, y deberá votarse una fórmula «alternativa» a la fórmula reeleccionista. Además de que la elección de 2009 requerirá para el Frente Amplio un esfuerzo considerable (por más que hoy sea el favorito), desorientará al elector que no sabrá bien quién será su presidente (dado que esto dependerá de que la reforma triunfe o no).

Existen leyes y una Constitución, y esto debe ser considerado en cualquier cálculo político. Un primer componente de este cálculo político, son las encuestas recientes. Recordemos que este clima de opinión existe ahora, pero probablemente la imagen presidencial estará más desgastada hacia el final del período de lo que está ahora. Por un lado, la encuesta de Cifra arroja un resultado aparentemente contundente a favor de la reelección: la gestión de Vázquez arroja un 59% de aprobación, y un 58% de la población está a favor de instalar un mecanismo de reelección. Sin embargo, se indica que este 59% no significa necesariamente que estén de acuerdo con que Vázquez sea el próximo mandatario: se mide la aprobación del dispositivo, pero no de la persona. Estos datos son consistentes con los de la última encuesta de Radar, que registra un porcentaje similar de aprobación de la reelección presidencial. Asimismo, Radar muestra que, habiendo reelección, Vázquez tiene más aprobación que el resto de los candidatos. Pero esto resulta baste obvio, ya que el Presidente es, en este momento, la figura más popular de su partido (lo que suele suceder en todos los casos en que la gestión de un partido en el gobierno es exitosa). Por otra parte, la encuesta de Equipos Mori muestra que la aprobación del Presidente es bastante menor: entre 44% y 46%, aunque su imagen «personal» recibe un 53% de aprobación.

Vayamos finalmente a las cuestiones de principio y de conveniencia política. Las cuestiones de principio involucran muchos aspectos, pero hay uno clave: el sistema de partidos uruguayo se ha opuesto sistemáticamente a la reelección presidencial. El Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que no tiene reelección presidencial inmediata. Ello obedece a varias cosas, pero debe destacarse entre ellas, el hecho de que el propio «presidencialismo» en Uruguay haya estado en cuestión durante buena parte de su historia política, lo que ha hecho que los regímenes de coparticipación hayan sido muy usados (como el Colegiado). El régimen presidencial recién se consagra con la Constitución de 1967. Por otra parte, nuestro sistema electoral y de representación han tendido a privilegiar a los partidos como los actores privilegiados de la política, y no a los candidatos ni a los presidentes. Alterar esta tradición, de cara a un cálculo electoral «probable» es una jugada riesgosa. El cálculo electoral de hoy no es el mismo que deberá hacerse en la elección de 2009. Y hacer una reforma constitucional para asegurarse un resultado electoral no dejará al FA en mejor situación que la que ostentaban blancos y colorados cuando aprobaron una reforma que, como la de 1996, tenía entre sus principales motivaciones impedir la victoria del FA en 1999.

Por otra parte, deben ser considerados los argumentos en pro del beneficio de una reelección. Hay dos. El primero es que el Presidente Vázquez es el que mejor representa al FA, y tiene una popularidad altísima. El segundo es que la reelección le evita a
l FA el desgaste de buscar una fórmula alternativa. Estos dos beneficios difícilmente superan a los costos jurídicos y de principios de impulsar una reforma. En cuanto a la sucesión presidencial, todos los partidos deben transitar por ese camino, en un momento u otro. El tiempo con el que se prevean fórmulas electorales que contemplen los difíciles equilibrios del FA, jugará a su favor, de cara a la próxima elección. *

* Politóloga. Universidad de la República. Esta columna fue escrita desde 1999 por Hugo Cores. Ante la ausencia notoria de su pluma, le hemos solicitado a Constanza Moreira, como homenaje y aporte, ocupar este espacio durante el corriente año. ⁱ Sobre esto, véase el análisis de Oscar Bottinelli de 16 de febrero de 2007, enwww.factum.com.uy