El nuevo ciclo reformista

La semana que pasó estuvo signada por los acontecimientos ocurridos durante el acto del 1º de Mayo. La realización de la «otra» marcha pero, en especial, la espectacularidad que asumieron las acusaciones del dirigente sindical de la Federación de Trabajadores Tercerizados, Gustavo García, así como el desenlace posterior, tendieron a ocupar la atención casi exclusiva de los medios. Las diferencias en el seno de la izquierda, si por tal entendemos no sólo al FA sino a sus bases sociales (como el movimiento sindical), fueron explotadas de un lado y del otro. El alarmismo sobre los desmanes que se producen en las manifestaciones masivas fue la nota presente en buena parte de los mensajes e hizo que el propio vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, reflexionara sobre la necesidad de tomar medidas «preventivas» en actos futuros. Así, para desprevenidos, la semana anterior fue una en la cual se puso en evidencia la posible fractura de la izquierda, el creciente vandalismo de los radicales y, por si faltaba poco, hacia el fin de la misma, el fantasma de la inflación.

Mientras tanto y con menos espectacularidad, se están llevando a cabo procesos que ameritan a una reflexión más calma que la que provocan las «cuestiones de momento». Estos procesos están dando lugar a lo que llamaré el «nuevo ciclo reformista» del Uruguay. Este está siendo llevado a cabo en varios planos y supone iniciativas diversas que atañen a distintas políticas públicas. La reforma tributaria, la reforma de la salud, el Plan de Equidad, los Diálogos Sociales (como el que se inicia a propósito de la Seguridad Social), se cuentan entre ellos.

El Uruguay conoce un ciclo reformista anterior, que se inició a principios de la década de los noventa. El mismo estuvo signado por la apertura comercial que se profundiza en el período (en el que se firma el Tratado de Asunción), pero no es ajeno a otros que se produjeron en varios países de América Latina, y especialmente en el Cono Sur. Este ciclo reformista, que algunos identifican con la implementación de las recomendaciones emanadas por el Consenso de Washington, tenía como principios rectores la transformación del Estado, de cara a una mayor transferencia de servicios y activos a manos del mercado, la desregulación de distintas actividades, y las reformas institucionales que este proceso se consolidara. Las privatizaciones fueron parte de este ciclo, pero también las reformas de áreas enteras de las políticas públicas, especialmente en el campo social.

En el Uruguay, estos procesos fueron discontinuos, heterogéneos, y con resultados diversos. Las privatizaciones se hicieron en algunas áreas y sectores del Estado, pero no alcanzaron el nivel que tuvieron en otros países, debido tanto a la fuerza de la oposición a las mismas, como a desacuerdos en el seno de la coalición reformista, sobre el rumbo y la dirección a tomar. En cuanto a las reformas institucionales, la más importante que el Uruguay consiguió procesar, fue la reforma de la seguridad social, durante el segundo período de Sanguinetti. Y antes de ella, hubo al menos cuatro proyectos de reforma que pasaron por el Parlamento y no consiguieron aprobación. La reforma de la salud nunca pudo ser aprobada. La reforma de la educación concitó un rechazo muy fuerte de los sindicatos de la enseñanza. La reforma del Estado fue implementada en algunos entes y ministerios pero no en otros.

El ciclo reformista que se inicia con el gobierno del FA es sin duda distinto al anterior. El propio FA tuvo una lectura muy negativa del ciclo reformista anterior, y se propuso, en algunos casos, corregir el rumbo y, en otros, implementar reformas distintas. Para concebir un ciclo reformista distinto, el FA tenía a mano dos principios distintos, y que hacían a la propia identidad de la izquierda: los principios de la justicia social, y el principio de la participación democrática. Por el primero, las reformas debían perseguir un objetivo redistributivo básico: mejorar la situación de los más desfavorecidos y lograr mayores niveles de equidad social. Por el segundo, se buscaba, siguiendo las viejas líneas directrices de la Conapro, un proceso de reforma en el cual los involucrados (especialmente los trabajadores) fueran consultados e hicieran parte del proceso de toma de decisiones.

Más allá de que puedan discutirse los instrumentos utilizados y las iniciativas concretas, lo cierto es que fueron principios redistributivos los que guiaron tanto la implementación del Panes, como la reforma tributaria, o la reforma de la salud. En el caso del Panes, lo que se buscó fue un apoyo directo del Estado (bajo forma de transferencias monetarias directas, pero también con otros instrumentos) para atender la situación de los sectores más pobres. La transformación del Panes en un Plan de Equidad refuerza esta dirección: en lugar de un plan emergencial, lo que se busca es «atar» esta política a una política de Estado permanente y más universalista. La reforma tributaria fue concebida, desde hace al menos cinco años, como una reforma tendiente a redistribuir los costos fiscales, de acuerdo con la capacidad de ingreso de personas y empresas. La reforma de la salud, por otro lado, al tiempo que trata de unificar a un sistema que, como el sistema de salud, siempre se caracterizó por una importante fragmentación de los prestadores de servicios (mutualismo, sector público, sector privado), también busca ampliar la cobertura de salud, con especial énfasis en la niñez. Ninguna de estas reformas guarda continuidad con el principio rector del ciclo reformista de los 90: son reformas distintas, y, con aciertos y equívocos, tienen como objetivo mejorar los niveles de igualdad social en el Uruguay.

En cuanto a la participación democrática como principio rector de las reformas, vale destacar al menos cuatro casos. El primero es haber eliminado la Rendición de Cuentas de un solo artículo, lo cual ocasiona problemas no menores cuando la misma llega al Parlamento. Pero el hecho de que la Rendición de Cuentas se pueda «abrir» a la discusión parlamentaria ya es un avance. El segundo es el de la reforma de salud, que ha sido debatida y discutida en varios ámbitos, incluyendo la participación de los sindicatos y de las instituciones del sistema. El tercero lo constituyen los llamados «Diálogos Sociales» que el gobierno ha impulsado en al menos tres ámbitos. El primero lo constituye el debate educativo. Más allá de sus resultados concretos, lo cierto es que durante todo el año pasado miles de docentes participaron en el mismo, como no lo habían hecho en el pasado. El segundo es el debate sobre la Ley de Defensa Nacional, que congregó a las Fuerzas Armadas, a la Universidad, y a académicos y técnicos, y terminó en la redacción de la misma. El tercero es el Diálogo que se inicia sobre la seguridad social, con participación de la Universidad, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de otras carteras del Estado.

Es cierto que es una agenda ambiciosa, pero no hay duda de que tanto desde el punto de vista de sus objetivos como de sus instrumentos, el ciclo reformista que se inicia con el gobierno del FA es de naturaleza inequívocamente distinta al que tuvo lugar en la década del noventa. Más acá o más allá de las diferencias en el seno de una izquierda que siempre ha sido protestona, criticona y desconforme (¡por suerte!), hay un proceso que avanza. Y a ello debemos mirar, cuando queramos hacer un balance político de más largo aliento. *

*Politóloga. Universidad de la República. Esta columna fue escrita desde 1999 por Hugo Cores. Ante la ausencia notoria de su pluma, le hemos solicitado a Constanza Moreira, como homenaje y aporte, ocupar este espacio durante el corriente año.