Abogado de barrio Kennedy de Punta del Este denuncia que la comuna quiere erradicarlo

La ubicación del barrio Kennedy genera un problema para la comuna. En esta zona, el conteo regresivo puede iniciarse para activar la bomba en cualquier momento. Las tierras que ocupa valen millones de dólares. ¿De quién son esas tierras? Algunos dicen que municipales. Otros afirman, documentos en mano, que son de los vecinos fundadores.

Existen muchos intereses, y la intención de trasladar a la gente que allí vive hacia otra parte se ha manifestado desde hace tiempo. Son 500 familias, por lo menos; más de 3.000 personas. Una comunidad compleja, establecida. La pregunta es ¿con todas las de la ley? Algunos aceptarían una oferta justa para marcharse. Otros no, porque consideran que esta es su tierra. ¿Cómo se levanta, se desarraiga y se muda a un barrio entero?

Los datos para esta nota han nacido de diversas fuentes. Distintos profesionales que trabajan con los pobladores del Kennedy han aportado su visión y sus experiencias: un equipo de fotógrafos provenientes del exterior que ofreció en el barrio, durante dos semanas, talleres gratuitos para los niños; una escritora que en abril presenta al público un libro que trata sobre la vida y costumbres de los asentamientos, y el abogado Gonzalo Sánchez, representante de los vecinos.

Sánchez explicó que, por el momento, desde el punto de vista jurídico, se ha hecho un Recurso de Petición. Este recurso, contenido en el artículo 30 de la Constitución de la República, reza que cualquier ciudadano «tiene derecho a petición, ante cualquier autoridad del Estado». En este caso, el recurso consiste en que se deje sin efecto la política «que intenta desarrollar la Intendencia con respecto al barrio Kennedy, que significaría su erradicación», dijo Sánchez.

Según el profesional, la comuna quiere desarrollar allí proyectos de inversión. «En lo que estamos en desacuerdo es que no son terrenos fiscales, opinó Sánchez. La prueba total, ya sea documental o a través de cualquier otro medio probatorio va a estar a nuestro favor. Quizás la Intendencia no reconozca estas tierras como propiedad privada, porque tienen alto valor y hay un trasfondo económico. En el caso de que se reconozca que lo son va a tener que pagar una indemnización muy importante para desalojar a los que viven en ellas».

En este último caso, asegura que sólo se podrían expropiar mediante la promulgación de una ley nacional, ya que un decreto municipal no tiene fuerza jurídica suficiente. «La indemnización la tiene que acordar el Poder Judicial o, en todo caso, un acuerdo entre el Estado y el particular. Pero el Estado tampoco puede indicar a su simple arbitrio una cierta indemnización, porque estamos en un régimen republicano de separación de poderes, que es lo esencial de nuestra Constitución», explicó el abogado.

Además, la indemnización tiene que desarrollarse con un fundamento de «utilidad pública». De acuerdo a la visión de Sánchez, en el caso de Kennedy «se llevaría a cabo una expropiación para un emprendimiento turístico que no entra en el concepto de necesidad pública».

 

Particular versus privado

Por otra parte, entra en juego el derecho a la vivienda, que se antepone a la necesidad de una inversión privada, según Sánchez. Muchos de los habitantes del Kennedy residen en él desde hace más de treinta años, por lo que adquirieron derechos por prescripción.

«Incluso, tenemos pruebas documentales de cuando Salazar era intendente y Burgueño secretario de la Junta Departamental se reconoció y aprobó la creación del barrio Kennedy, que es algo completamente diferente a un asentamiento, más aún con los años que ya tiene», señaló Sánchez. El abogado agregó que, de hecho, la comuna reconoció tácitamente que el núcleo de viviendas constituye un barrio. Además, el derecho de posesión establece que los particulares no son propietarios o poseedores, sino que la comunidad en su conjunto es la verdadera propietaria de un barrio. Sánchez sostuvo que esta es «un arma jurídica importantísima».

El profesional concluyó asegurando que el barrio Kennedy está intentando cumplir la Constitución. «Tenemos que tener madurez como ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho. No por ser pobre uno es ciudadano de segunda categoría», sentenció.

Ahora, la Intendencia de Maldonado tiene 90 días para responder ante la Justicia sobre el Recurso de Petición de los vecinos del Kennedy. *