La relación capital-trabajo en el gobierno de izquierda

La identidad de la izquierda pasa por la igualdad, por la equidad, por la igualdad de oportunidades y por la justicia social que, por supuesto, no son sinónimos pero marcan un gobierno de izquierda. En esencia, se busca el crecimiento con equidad.

Avanzar hacia la equidad significa enfrentar las desigualdades básicas expresadas por Bobbio como son las de etnia, las de género y las de clases. En el mundo subdesarrollado se suma el problema central de la pobreza, la indigencia y la marginalidad que, en parte, reflejan aquellas desigualdades pero también tienen sus causas propias y específicas en cada país.

En esta nota nos interesa analizar las desigualdades derivadas de las relaciones capital-trabajo. Vivimos en un mundo capitalista globalizado en el que predomina el mercado y la propiedad privada, pero desde el Estado se busca alcanzar ciertos equilibrios en las relaciones capital-trabajo. El ejemplo paradigmático en este tema es el caso de Suecia. En el Uruguay actual vivimos en el capitalismo donde el papel de los empresarios capitalistas es vital para la acumulación de capital, para las innovaciones tecnológicas y para el crecimiento. Sin empresario capitalista no hay crecimiento, pero sin Estado no hay equidad ni desarrollo. El empresario capitalista espera reglas de juego estables que den seguridad y rentabilidad, elementos centrales para decidir procesos de inversión. Condiciones de seguridad significa que no haya expropiaciones. Las condiciones de rentabilidad pueden depender de condiciones naturales, como los casos de la forestación y la ganadería, el tamaño de mercado, el dinamismo económico y la capacidad de introducción de progreso técnico. La política económica, por una parte, debe brindar reglas claras y estables, seguridad, apoyar la competitividad con los distintos instrumentos para asegurar el crecimiento y, por otra parte, tomar las acciones pertinentes para avanzar hacia mejores niveles de equidad y justicia social. Los empresarios capitalistas tienen que ser dinámicos, innovadores, mantener las mejores relaciones laborales otorgando participación a los trabajadores en la gestión y en las mejoras de productividad y comprender la necesidad de contribuir a la justicia social y a la equidad.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha realizado esfuerzos y contribuido a mejorar las condiciones de equidad en las relaciones capital-trabajo en estos dos años de gobierno del Frente Amplio. La implementación de la negociación colectiva y los fueros sindicales proporcionó a los trabajadores un mayor poder de negociación. El crecimiento económico y la propia política del Ministerio de apoyo hacia los trabajadores facilitaron el aumento del número de sindicatos y el incremento de la sindicalización, lo que también contribuyó a un mayor equilibrio en las relaciones capital-trabajo. Los diálogos y la búsqueda de acuerdos entre empresarios y trabajadores, junto al crecimiento económico, han permitido aumentos del salario real en estos dos años de gobierno.

La acción del Ministerio de Economía y Finanzas marca un sesgo favorable hacia el empresario capitalista con el objetivo de incrementar la inversión. Sin embargo, no considera adecuadamente el necesario aporte de los empresarios capitalistas para alcanzar los objetivos de equidad. Analicemos los ejemplos de la reforma tributaria ya aprobada y el financiamiento de la reforma de la salud.

En nuestra exposición parlamentaria sobre la reforma tributaria expresamos críticas a la forma de lograr los tres grandes objetivos: la eficiencia, los estímulos a la inversión y la equidad. La eficiencia se verá afectada al no concretarse el levantamiento del secreto bancario exclusivamente con fines tributarios, como lo solicitaba el Cr. Zaindesztat. Las empresas y las rentas de capital se verán beneficiadas porque son las que tienen mayores posibilidades de evasión. No estamos de acuerdo con los estímulos a la inversión por la vía de rebajas tributarias globales, tales como la rebaja al impuesto al patrimonio y el descenso de cinco puntos del impuesto a la renta de las actividades económicas. Además los empresarios capitalistas nunca solicitaron estas medidas que, en esencia, son similares a las medidas tomadas por los gobiernos blancos y colorados que no han tenido efectos positivos sobre la inversión productiva. En cambio, estamos de acuerdo con estímulos tributarios sectoriales, selectivos y con contrapartidas de resultados por parte de los empresarios. Las dificultades del levantamiento del secreto bancario que afectan la eficiencia y las rebajas tributarias para estimular la inversión aprobadas en la reforma tributaria terminan afectando las condiciones de equidad. No obstante, la equidad se verá afectada fundamentalmente por la propia concepción global del impuesto a la renta de las personas físicas. En lugar de un impuesto sintético, integral o global que suma todas las rentas de las familias ­y que aplican casi todos los países del mundo­ donde las rentas de capital y trabajo se consideren en igualdad de condiciones, paguen las mismas tasas y similares mínimos no imponibles, se aprobó una concepción dual, tomada de la experiencia sueca, separando las rentas del trabajo y del capital en beneficio de este último. Por supuesto que las condiciones de producción, de tecnología y de justicia social de Suecia no son comparables a las de Uruguay. Las rentas de capital pagarán tasas más bajas, proporcionales y no progresionales, que las rentas de trabajo. Por otra parte, las rentas derivadas de dividendos y distribución de utilidades estarán exentas o pagarán tasas muy bajas. Se puede justificar un tratamiento especial para los intereses para no ahuyentar los capitales financieros, pero todas las demás rentas de capital deberían tributar igual que las rentas de trabajo.

La reforma tributaria aprobada tiene consecuencias sobre el financiamiento de la reforma de la salud. Esta debió financiarse a través del impuesto a la renta de las personas físicas, pero la concepción dual lleva a que las rentas del capital no participen en el financiamiento de la reforma de salud, con lo cual se vuelve a afectar la equidad. Su financiamiento estará a cargo del Estado, de las empresas ­a través del número de ocupados en sus establecimientos­ y de los trabajadores. Estos van a pagar un impuesto de 6% -ahora pagan 3%- que resulta ser una especie de impuesto a las retribuciones personales que tanto criticamos en el pasado. En esencia habrá una redistribución entre las rentas del trabajo. Las personas con mayores rentas de trabajo financiarán a los de menores ingresos y a los carenciados. Es un justo mecanismo de solidaridad, pero es injusto que no haya ninguna contribución solidaria de los que reciben rentas de capital, que son, en general, los más privilegiados, los de mayor ingreso y riqueza.

Durante la discusión de la reforma tributaria propusimos que no se rebajaran los impuestos al patrimonio y a la renta de las actividades económicas. Con ello se obtenían US$ 92 millones que permitían financiar el ingreso de alrededor de 400.000 niños pobres al Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta propuesta no fue tenida en cuenta. Estos niños son los hijos de los trabajadores que no aportan a la seguridad social, de los trabajadores informales, de los desocupados, que deberían tener la primera prioridad. En el año 2006, la informalidad alcanzó al 35% de los trabajadores ocupados, que no aportan a la seguridad social. Si se le agrega el 10% de desocupados abiertos, más del 40% de la población económicamente activa no aporta a la seguridad social, y por lo tanto aún no ingresan ­ni estos trabajadores ni sus hijos­ al Sistema Nacional Integrado de Salud. Pierden las familias y los niños pobres y vuelven a ganar los empresarios capitalistas. *

(*) Senador de la República. Economista.