Escrito por: ANTONIOO PIPPO
Una vieja frase popular, fundada en la resignación más que en la esperanza, dice que “no hay mal que dure cien años”.
En Uruguay, las inundaciones van camino de ahogarla en la cañada que cruza el barrio Las Torres de Montevideo, en las márgenes del río histórico de Durazno, o bajo el absurdo puente casi siempre sumergido por el río Santa Lucía, en la ruta 11.
Las primeras inundaciones de las que tengo memoria aún fresca ese año inicié mi oficio periodístico- fueron las de 1959; yo vivía en San José. Después, durante el casi medio siglo transcurrido, y muchas veces por exigencia de mi trabajo, viví otras a lo largo y ancho del país.
Cuando llegan, y uno es simplemente testigo de lo que pasa, siempre piensa lo mismo: es la última vez, algo hay que hacer. Es tan fuerte la imagen de casas mojadas y cosas arrastradas, de pobres hombres y mujeres empeñados en quedarse para salvar algo y de niños húmedos y asustados, que no se borra más.
¿No se borra más?
De mí, puedo dar fe. De los sucesivos administradores que han representado al Estado en casi cinco décadas no puedo decir lo mismo. No se trata de una ofensa gratuita ni lleva nombres propios. Lo que es ofensivo, qué digo, insultante, es la impunidad. No sólo del agua desbordante tapándolo todo, sino de frases adaptadas a las circunstancias que suenan a cinismo, del diseño de planes que a veces semejan locuras y de promesas que jamás se cumplen.
¿Acaso las inundaciones han sido institucionalizadas? ¿Tienen fueros?
Yo no sé si hay que hacer represas, embalses, nuevos puentes, realojar gente, amurallar o desviar cañadas, mantener limpias las bocas de tormenta o construir más cordones cuneta. Sé que la sola buena intención social es, para los sufrientes, como el besito de las buenas noches que pedía el Topo Gigio.
Los inundados siempre los más pobres- siguen siendo los postergados. Una deuda inmoral, que un gobierno progresista debe saldar aunque sea otra herencia no deseada.
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