Los hermanos sean unidos…

El conflicto por la instalación de la planta de Botnia desvela y enfrenta a los rioplatenses. La tensión aumenta en la medida que se acerca el momento de su entrada en operación. La competencia entre países para captar inversiones extranjeras, un hecho considerado «natural», debilita la capacidad de los estados para dirigir sus economías. Ello se agrava por el eventual impacto ambiental de un gigantesco proyecto de procesamiento de materia prima con masiva utilización de recursos naturales y productos químicos.

Uno. Esta semana estarán cerrados nuevamente los puentes sobre el Río Uruguay. Los hermanos argentinos intentan defender su calidad de vida en aspectos ambientales, económicos y sociales. Los fines de los habitantes de Gualeguaychú son incuestionables. Los medios, en cambio, son erróneos: los cortes no afectan a la empresa extranjera. Los afectados por la medida son «civiles inocentes» argentinos y uruguayos que no pueden viajar de un lado a otro, así como los trabajadores y empresas que dependen del turismo y el transporte. No cuestionamos el instrumento de lucha de los hermanos argentinos. Piquetes, marchas, ocupaciones, huelgas son medios legítimos que utiliza el movimiento popular en todo el mundo. Decimos que el corte de puentes genera «daños colaterales» innecesarios e inconvenientes y no alcanzan el objetivo de detener las obras.

Se puede discutir sobre la frecuencia e intensidad de los malos olores, los efectos sobre la calidad del agua y los riesgos de accidentes de imprevisibles consecuencias, pero es indiscutible que la pastera afectará negativamente el desarrollo de la ciudad entrerriana. ¿Quién realizará una inversión turística con esos riesgos potenciales? ¿Alguien ha pensado en la pérdida de valor de sus propiedades? ¿O en la pérdida de empleos e ingresos que eso genera? Gualeguaychú tiene pérdidas (externalidades negativas) que no están siendo compensadas por quienes obtienen los beneficios por la inversión.

Dos. En Uruguay las organizaciones que cuestionan la planta de Botnia ­por sus impactos negativos sobre el medioambiente, el turismo local y el desarrollo agropecuario, por el efecto del monocultivo de eucaliptos­ no han logrado suficientes respaldos para afectar la continuidad de la obra. Muchos factores pueden explicar dicha situación, en particular, que la construcción genera empleo e ingresos para miles de trabajadores y que los pequeños y medianos empresarios, particularmente en Fray Bentos, se benefician de una mayor demanda. Es de destacar que la obra genera mayores riesgos potenciales en nuestro país que en Argentina (externalidades negativas), pero éstos se ven compensados por ­para algunos sectores­ los beneficios económicos señalados (externalidades positivas).

Tres. El actual gobierno uruguayo ­más allá de reconocer que carga con la herencia del incumplimiento del Tratado del Río Uruguay, el acuerdo con Finlandia y los permisos otorgados por el doctor Jorge Batlle­ apoya a Botnia en el marco de un modelo económico aperturista con centro en el libre mercado que identifica a la inversión extranjera como la panacea que resolverá los problemas del desarrollo. Al igual que tantos otros países intenta atraer inversiones trasnacionales a través de: a) reducción de costos; las zonas francas permiten producir en el país sin pagar numerosos impuestos; b) seguridades jurídicas; los tratados de protección recíproca de inversiones entre estados garantizan la inversión; c) estabilidad macroeconómica, para no afectar el cálculo económico de los inversores; d) flexibilidad ambiental; se aceptan inversiones a pesar de que existan riesgos ecológicos; e) neutralidad respecto al tipo, objeto y lugar de las inversiones; no existen prioridades sectoriales ni un plan de desarrollo territorial; f) libre circulación de capitales; permite que las utilidades puedan enviarse a la casa matriz.

Parece increíble, luego de los altísimos costos sociales y económicos de tres décadas de neoliberalismo ­cuando parecía que la confianza, casi infantil, en las recetas del «Consenso de Washington» de apertura, desregulación y privatización había quedado atrás­ el fénix vuelve redivivo de la mano de un equipo económico aplaudido por el FMI y el Banco Mundial.

Cuatro. Llama la atención que existiendo hoy, tanto en Argentina como en Uruguay, gobiernos que exaltan en forma permanente su vocación de integración regional, los países del Plata se encuentren enfrentados en una crisis de enorme seriedad. Esto es explicable, en parte, por la actitud irresponsable y contraria a los intereses de nuestras naciones de la empresa Botnia, ampliamente demostrada al impedir que se aplicara el preacuerdo al que habían llegado, en marzo de 2006, los presidentes uruguayo y argentino de levantar los cortes y suspender las obras por 90 días. El 26 de marzo de 2006 la empresa hizo un compromiso público: «Haciéndose eco de la exhortación hecha por los presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, suspenderá durante un período máximo de noventa (90) días los trabajos de instalación de la planta de celulosa». El 4 de abril de 2006 se burló de los pueblos y gobiernos del Río de la Plata anunciando que la suspensión era sólo por 10 días. La Presidencia de la República se limitó a «lamentar hondamente que la empresa no haya captado en sus verdaderas dimensiones y alcance la entidad del conflicto binacional que en este momento enfrentamos, y que no haya sido más generosa en el otorgamiento de un plazo». Sin comentarios.

Las condiciones, exigencias y presiones de Botnia ­abroquelada en los cerrojos jurídicos del tratado de protección de inversiones de 2002 y con el respaldo del gobierno finlandés y la Unión Europea­ impidieron e impiden un proceso de negociación. Lo anterior demuestra hasta qué punto son inconvenientes este tipo de tratados y este tipo de inversores. La relación bilateral parece marchar a un callejón sin salida. Ambos países han recurrido a la Corte Internacional de La Haya y al Banco Mundial ­han hecho jueces a los depredadores­ y ambos cuestionan la intransigencia del otro.

Los que apuestan a la balcanización de América Latina enardecen los ánimos y buscan limitar la capacidad de análisis de nuestros pueblos tratando de hacer creer que el conflicto es un tema de «banderas» y de «honor nacional».

Cinco. Ante la continuidad de los cortes de los puentes internacionales y la virulencia declarativa de ambas orillas resulta necesario preguntarse: ¿A quién le sirve este conflicto? No dudamos en afirmar que le sirve en primer lugar al enemigo declarado del Mercosur y la unidad latinoamericana: Estados Unidos de Norte América; en segundo lugar, al poder trasnacional, que reafirma su poderío «doblando la mano» de países soberanos; en tercer lugar, a los poderosos aliados económicos locales y las fuerzas políticas que los representan. ¿Acaso no hemos escuchado defender los TLC utilizando los cortes de puentes como excusa?

Dado que el conflicto no le sirve ni a uruguayos ni a argentinos, el tema es cómo encontrar caminos de acuerdo. Una verdadera negociación debe partir del reconocimiento de que: primero, se deben reducir al máximo los potenciales daños que la planta provoca. El vertido de los efluentes aguas abajo reduciría los riesgos en la zona; segundo, los que ganan deben compensar a los que pierden, tanto del lado argentino como del uruguayo; tercero, la reducción de externalidades y las compensaciones debe pagarlas quien obtiene los mayores beneficios: la empresa Botnia. *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)