Digno de imitar en Uruguay

Creímos conveniente dar difusión a la Ley de Dependencia de España, que nos acerca la revista Minusval con una opinión (extractada) del ministro de Trabajo y Seguridad Social de España, don Jesús Caldera.

Con la aprobación definitiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, considerada en España como la más importante de la presente legislatura, se establece un nuevo derecho para los ciudadanos, que iguala a todos los españoles en el acceso a los servicios de ayuda, al margen de sus circunstancias personales, sociales o económicas.

El denominado «cuarto pilar del Estado de Bienestar» comienza a ser una realidad, y lo que es más importante, según apunta el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, «nadie quedará fuera del sistema por carecer de bienes para financiarla o por cualquier otra razón».

Una vez aprobada la ley, el primer cambio que introduce es sustancial: establece un nuevo derecho de ciudadanía universal y subjetivo que garantiza atención y cuidados a las personas con discapacidad y a las mayores que no pueden valerse por sí mismas, a través del Sistema de Dependencia.

El objetivo de la ley y su prioridad absoluta es que todas las personas en situación de dependencia puedan recibir la asistencia establecida; que nadie quede fuera del sistema por carecer de bienes o por cualquier otra razón.

 

Determinación de dependencia

Se clasificará en tres niveles:

*Grado I, que reconoce una dependencia moderada. La persona necesita ayuda al menos una vez al día para realizar varias actividades básicas de la vida diaria.

*Grado II, o dependencia severa. La persona requiere ayuda dos o tres veces al día para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.

*Grado III, o gran dependencia. Se asignará a la persona que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, varias veces al día y, sea por falta de autonomía mental o física, se hace imprescindible la presencia continua de otra persona. En cada uno de estos grados se establecerán dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieran.

 

Desarrollo gradual

La implantación del sistema se irá desarrollando gradualmente, para acompasar el avance de las prestaciones con la creación de la infraestructura precisa para ello. Este proceso se realizará en forma progresiva durante ocho años. En el primero se reconocerá el derecho a acceder a las prestaciones a las personas que hayan sido valoradas en los niveles 1 y 2 del grado III. En el segundo y tercer año se incluirá a las personas que hayan sido valoradas en el nivel 2 del grado II; el tercer y cuarto año a quienes se encuentren en el nivel 1 del grado II; el quinto y sexto año a las personas que estén en el nivel 2 del grado I. Finalmente, el séptimo y octavo año pasarán a formar parte del sistema quienes formen parte del nivel 1 del grado I, abarcándose así todas las personas que requieran de este tipo de asistencia.

 

Servicios a recibir

Los servicios a recibir incluyen teleasistencias, ayuda domiciliaria, centros diurnos y nocturnos y atención residencial o de prevención de las situaciones de dependencia, que será prestada a través de centros y programas públicos o concentrados.

Ofrece tres tipos de prestaciones económicas (contratación de servicios en el mercado privado, cuidados en el entorno familiar o que éste se dé de alta en la Seguridad Social). Finalmente, brinda ayuda por asistencia personalizada.

 

Financiación

El gobierno financiará la cobertura básica común para todo el Estado y establecerá convenios con las Comunidades Autónomas para financiar las prestaciones.

 

Creación de empleo

Junto a la puesta en marcha de la propia ley, se anuncia la creación de un yacimiento de empleo en torno a la atención de personas en situación de dependencia. El objetivo de la reforma es aumentar los niveles de empleo, favoreciendo la incorporación de jóvenes y mujeres y la permanencia de los trabajadores mayores, a la vez que reducir la inestabilidad y rotación del empleo y aumentar la formación de los trabajadores.

 

Repercusión en Uruguay

Sabemos lo que esto reconforta a quienes están trabajando desde hace muchos años en el logro de una ley similar en nuestro país, procurando incorporar una normativa que solucione la situación de las personas con discapacidad que requieren asistencia personal para llevar a cabo las actividades básicas del diario vivir.

Asimismo es importante disponer del eco adecuado por parte de las autoridades de gobierno, para hacer realidad esta inversión que España incorpora dando ejemplo al mundo entero, por su contenido altamente social. *